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¿Privatizar el agua en Lanzarote?

la verdad de lanzarote  |  04 de diciembre de 2012 (20:29 h.)
D. A. DÍAZ: En vez de concentrarme en el problema de la privatización del agua, he preferido pensar un poco y centrarme en las soluciones. Puede que mis ideas parezcan inocentes, pero es lo que he pensado y lo que considero correcto. Y si pueden ayudar, tanto mejor. Van con mi mejor voluntad de mejorar las cosas, para el bien de todos nosotros.

 

En vez de concentrarme en el problema de la privatización del agua, he preferido pensar un poco y centrarme en las soluciones. Puede que mis ideas parezcan inocentes, pero es lo que he pensado y lo que considero correcto. Y si pueden ayudar, tanto mejor. Van con mi mejor voluntad de mejorar las cosas, para el bien de todos nosotros.

 

La empresa privada siempre intentará subirnos los precios del agua al máximo. Incluso por encima de lo razonable. Veamos, si no, cómo puede costar una botella de agua mineral casi lo mismo que 1 L de leche. Pensemos en los trabajos y gastos necesarios para conseguir ese litro de leche. Nos dirán que los transportes, los intermediarios, etc. encarecen este producto. Esas razones son estúpidas e inaceptables, pues, la misma intermediación se da para un litro de leche y, sin embargo, una botella de agua embotellada sigue costando casi lo mismo que un litro de leche.

Parece ser que a nuestros políticos no les importa que a todo un pueblo –y a perpetuidad- nos carguen con estos precios abusivos. Les vale cualquier solución, con tal de que ellos no tengan que molestarse en resolver el problema y se lo quiten de encima.

Pero, ¿caben soluciones?

–Por supuesto. Imagínense que Inalsa dispusiera de sus propios medios energéticos y no tuviera que pagar la factura energética?  ¿A cuánto ascendería ese ahorro? Bastaría, por ejemplo, con 2 ó 3 molinos eólicos (del tipo de los que están instalando en el Hierro) de 2,3 MVA/ cu. La materia prima, el viento, lo tenemos ahí a la mano, y es nuestro. ¿Quién, c-, se puede oponer a la voluntad del pueblo para explotar sus propios recursos? ¿Tenemos que pedir permiso a los políticos de otras islas para que nos dejen montar unos molinos para nuestra subsistencia? Falta voluntad política para exigir y para conceder esta explotación energética a la que tenemos perfecto derecho. Si alguien tiene derecho sobre esos recursos, somos nosotros en nuestra propia tierra. Considero que, con buena voluntad, se podría conseguir esta energía en un plazo razonable.

Con el ahorro energético diario que se podría conseguir con estos molinos durante unos cuantos años, se saldarían las deudas de Inalsa y esta empresa vital seguiría siendo nuestra, de sus propietarios, los lanzaroteños.

La empresa seguiría mejorando y bajando el precio del agua, pues, siendo nuestra, ningún particular obtiene beneficios sino el pueblo, lo cual se traducirá en bajadas del precio del producto.

En la medida en que Inalsa sea apetecible para la empresa privada, en esa medida nos perjudican las concesiones a particulares, pues los beneficios no serán para nosotros sino para los nuevos amos o empresas.

No se comprende cómo nuestros políticos, que deben defender nuestros intereses, los suyos y los de sus familias, consienten semejante puñalada trapera a su propio pueblo. Si Inalsa es beneficiosa para el capital privado, ¿cómo es que no lo sea para Lanzarote? ¿O es que al capital privado le interesa un negocio ruinoso? ¿Alguien me lo puede explicar?

 

El siguiente paso consistirá en alejar, al máximo, a los políticos de la gestión de la empresa. Los políticos no son la solución, sino el problema: Son los que enchufan a sus amigos… Ellos no saben gestionar una empresa, ni tampoco “sus asesores”. Sólo saben utilizarla en provecho propio. De todas formas, si la gestionara un asesor, sobraría, a todas luces, el político que lo ha nombrado, ¿o no?

Yo propondría formar un Grupo de Control (una especie de Tribunal de las Aguas), formado por una o dos personas de cada municipio, serias, honradas, de confianza, con cargo honorífico, elegidos por sus municipios. Pertenecer a este Grupo de Control  o Tribunal debe ser un honor, puesto que esas personas son elegidos entre el pueblo por su elevada honorabilidad.

El Administrador o Gestor de la empresa habrá de ser, asimismo, una persona honorable, de prestigio públicamente reconocido, alejando de la política activa, que tenga reconocida experiencia en la dirección, administración y gestión de empresas. Este cargo saldrá a concurso público. El mejor candidato, entre los presentados, será elegido por el Grupo de Control.

El Gestor debe presentar, por escrito, trimestralmente (¿?),  el estado de las cuentas de la empresa, con relación detallada de entradas y salidas, en qué se ha empleado el dinero, los gastos ocasionados y en qué partidas, etc. Estos balances estarán en manos del Grupo de Control con una antelación mínima de 15 días hábiles, previos a las reuniones trimestrales, y serán aprobados o reprobados por el Grupo de Control. Este grupo puede plantear sugerencias, reprobar al Administrador e incluso –si la gestión no es la correcta- exigir la dimisión del mismo. Entonces se hará un nuevo concurso público para elegir a un nuevo candidato.

El Administrador será responsable de su gestión, incluso con sus bienes, en la misma medida en que lo son por ley los gestores de otras empresas.

El Administrador, al marcharse de la empresa, dejará un balance del estado de la misma. Su responsabilidad se extingue 5 años después de dejar el cargo. Ahí termina su responsabilidad.

El Administrador no debe perpetuarse en el cargo o puesto. Su mandato será de cinco años salvo que, por méritos especiales en la mejora de la empresa, el Grupo de Control, con el consenso de 2/3 partes de los componentes del Grupo, opten por mantenerlo en el puesto un segundo mandato de otros 5 años. Y no más.

Dado que la empresa parece ser que cuenta actualmente con un exceso de personal, no habrá nuevas contrataciones de personal, salvo que sea estrictamente necesario, a juicio del Grupo de Control, y no se cubrirán las bajas procedentes de jubilación hasta que se llegue al número adecuado de trabajadores con que debe contar la empresa. Los puestos de trabajo se han de cubrir mediante concursos públicos, con total transparencia.

Las grandes decisiones de la empresa (…) deben consensuarse y aprobarse por el Grupo de Control, quedando –en caso contrario- como responsabilidad del Administrador.

El Consorcio estará formado por el Presidente del Cabildo y los alcaldes. Éstos tendrán como competencia la labor de vigilancia, control y posible asesoramiento, no preceptivo. No podrán imponer cargos ni personal en la empresa. La empresa estará desligada de los políticos de turno. Cualquier violación de este tipo debe ser hecha pública por el Grupo de Control.

Puede estudiarse la posibilidad de volver a producir agua embotellada para abaratar los precios de esta agua al pueblo lanzaroteño, y para obtener beneficios propios adicionales, así como puestos de trabajo en la producción, distribución, administración, etc. Estos beneficios contribuirán, a su vez, a abaratar los precios del agua para los usuarios. Quisiera hacer notar que el precio del agua se mantuvo inalterado durante muchos años hasta que los políticos metieron la mano en el consorcio para crear Inalsa, que ya manejaron a su antojo.

Los beneficios de la empresa se dedicarán a mejorar la producción, crear nuevas plantas si fuera necesario, mejorar la distribución, evitar pérdidas de agua, aumentar las reservas de agua, y abaratar el precio de la misma. En caso de excedentes en beneficios, éstos irían a parar a beneficios sociales, elegidos por el Grupo de Control, por mayoría.

El Grupo de Control no puede concederse ni conceder privilegios de ningún tipo. Igualmente son inaceptables los contratos blindados de ningún tipo.

Todo el mundo debe pagar las facturas del agua que consuma, incluidos el Cabildo, las Corporaciones municipales e incluso los empleados de la empresa, en los mismos términos que el resto de los consumidores. La empresa estará obligada a cortar el suministro de agua a cualquiera que no pague en los plazos establecidos, sin demoras ni privilegios para nadie, so pena de incurrir en mala administración y en las correspondientes responsabilidades penales.

                                                 ***

Solemos decir que rectificar es de sabios, pero ¡cuán difícil nos resulta reconocer nuestros propios errores y dar marcha atrás!

Yo pediría a los políticos, tanto a los que están en el poder como a los que están en la oposición, que tengan lo que hay que tener para revisar el asunto de “la privatización” y sepan corregir el rumbo. Nos darían con ello una prueba de que aún se puede confiar en ellos. Si no, que no nos vengan otra vez con cantos de sirena porque, cuando la confianza se rompe, sucede -como suele decirse- lo mismo que con los jarrones chinos: es muy difícil volverlos a recomponer.

Confío todavía, pues, en la buena voluntad de nuestros representantes, en que tienen lo que hay que tener, y que, por tanto, van a evitar esa puñalada trapera, traicionera, a su propio pueblo. De no ser así, sus nombres quedarán manchados para siempre en el recuerdo de todos los conejeros y algún día sus propios hijos se lo demandarán.

¡Por supuesto que tenemos derecho a seguir disponiendo de nuestros recursos, explotándolos para nuestro beneficio! Porque son nuestros. ¡Nadie tiene derecho de arrebatárnoslos!