La excesiva cuantía de los honorarios –casi un 600% más de lo facturado al Cabildo– no es acorde con los informes jurídicos del Cabildo que establecen que “se debieron ajustar a los honorarios presupuestados a la entidad insular”.
Tras el acuerdo plenario unánime de solicitar a la mercantil Yudaya un informe de cuáles fueron los pagos al letrado Agustín Domingo Acosta, resultantes del convenio suscrito en 2006 por la Corporación con la referida mercantil y HD Hoteles Canarias, y en qué conceptos, el Cabildo de Lanzarote ha tenido conocimiento de los pagos realizados al letrado Agustín Domingo Acosta, resultantes del citado convenio suscrito, que ascendieron a 101.340 euros. Cabe recordar que el referido convenio establecía la obligatoriedad del promotor de correr con el importe íntegro de los honorarios profesionales devengados por la representación procesal del Cabildo.
De la información se desprende que el referido letrado cobró a la mercantil unos honorarios seis veces superior a los 16.900 euros facturados al Cabildo por dichos conceptos.
Hay que recordar que este convenio, firmado y negociado bajo la dirección política del exconsejero de Política Territorial, Carlos Espino, y que contó con informe jurídico favorable del ex director de la Oficina del Plan Insular del Cabildo, Leopoldo Díaz, y que en origen no fue elevado a la consideración del Pleno, por si ello pudiera generar algún tipo de inseguridad jurídica; supuso que la primera Institución retirase un contencioso administrativo únicamente a esta promotora, de entre las cerca de una treintena de licencias urbanísticas anuladas a otras tantas mercantiles propietarias de los establecimientos turísticos denunciados en defensa de la moratoria y las licencias urbanísticas municipales concedidas.
Ante esta evidencia, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, anuncia que trasladará la información de que dispone a los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote para que informen de si ha habido una posible desviación de pagos aunque desde el Grupo de Gobierno ya se ha advertido de que se dará cuenta al Pleno de este asunto en la próxima sesión ordinaria de la Corporación.
No obstante, en cuanto a la estipulación séptima sobre la fijación de honorarios y gastos procesales pactados con el abogado Agustín Domingo Acosta, el Cabildo dispone de informes que concluyen que si bien es posible la fijación de los mismos, a priori y con arreglo a los términos de dicha estipulación, “se debieron ajustar a los honorarios presupuestados a la entidad insular y a las costas que, en su caso, se hubiese impuesto por los tribunales”.