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Posible embargo judicial de las propiedades de los gestores políticos de INALSA

laverdaddelanzarote.com  |  31 de octubre de 2013 (11:06 h.)
Mamerto Pérez con la Bandera Nacional Canaria

La comparecencia en la mañana de ayer en el Cabildo, de los representantes de FCC (uno de los principales acreedores de INALSA) con el letrado Ignacio Calatayud, reclamando los certificados de la deuda del Consorcio del Agua, vuelve a abrir la puerta de las responsabilidades penales contra los anteriores gestores de la que fuera empresa pública. Recordemos que VECINOS UNIDOS CANARIOS (VUC) presentó el pasado mes de julio una Denuncia en la Fiscalía, reclamando "el embargo patrimonial" de los bienes de 16 de esos políticos.

 

El pasado 13 de septiembre, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas aprobó el polémico Convenio con las empresas acreedoras de INALSA, acordando "una quita del 21,72% de la deuda". Sin embargo, una de estas empresas, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha solicitado que "aparte del acuerdo para zanjar la deuda contraída con INALSA", se elimine también la quita contemplada por el Juez, "en el contencioso por el laudo de Edam Janubio".

Ayer miércoles, los representantes de FCC, en compañía del letrado Ignacio Calatayud, comparecieron en el Cabildo de Lanzarote para reclamar el Certificado de la Deuda, recordando que "hay un contencioso contra el Laudo de Janubio y contra el contrato de SEAFSA". Recordando que "este contencioso no forma parte del Convenio de Acreedores" aprobado durante la privatización del servicio por Canal de Isabel II.

- Denuncia en Fiscalía de VECINOS UNIDOS CANARIOS (VUC)

Si la decisión de FCC prosperase, el Juez podría decretar "el incumplimiento del Convenio por parte del Consorcio del Agua", y ordenar "el no levantamiento de las medidas cautelares contra los políticos que fueron administradores de INALSA". Más aún, "abrir la pieza de las responsabilidades penales contra ellos".

Recordemos que en julio pasado, la formación soberanista VECINOS UNIDOS CANARIOS (VUC) presentó una Denuncia en la Fiscalía de Arrecife, reclamando que se cumpliera el Mandamiento Judicial contra "los políticos que formaron parte de los 2 últimos Consejos de Administración de INALSA: Inés Rojas, Manuela Armas, Mario Pérez, Sergio Machín, Rafael Martín, Aquilino Romero, Manuel Fajardo Palarea, José Juan Cruz, José Torres, Plácida Guerra, Juan Félix Eugenio, Carlos Espino, Enrique Pérez Parrilla, José Dimas Martín, Iván Rodríguez, Feliciano Díaz y Antonio Barambio". Es decir, "el embargo patrimonial de sus bienes".