Concretamente fue en 2007, cuando la empresa alemana Lidl solicitó al Gobierno "autónomo", la pertinente Licencia para instalar una Tienda con la modalidad de "descuento duro". Sin embargo, el oligopolio (conformado por las cadenas Spar e Hiperdino) puso el grito en el cielo, argumentando que esta medida (bajar los precios para hacerlos más asequibles a los sufridos consumidores), "provocaría un gran daño al comercio", así como "despidos a los trabajadores". Así fue que la Consejería de Hacienda del ejecutivo regional, denegó la Licencia.

Lidl acudió a los tribunales de justicia, y ya en 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias falló en favor de la cadena de supermercados. Sin embargo, el Gobierno recurrió, alegando que un Informe que había encargado a la empresa Laesedeuve S.L. advertía que la apertura del comercio provocaría "la destrucción de empleo

- 6 años perdidos para los sufridos consumidores

Finalmente el Tribunal Supremo, reconocía claramente que "no pueden escaparse los notables intereses económicos en juego", en clara relación a las ambiciones de las 2 cadenas de supermercados que hasta este momento mantienen el oligopolio. En cuanto a la empresa que realizó el Informe, el Alto Tribunal deja bien claro que "el Gobierno debió haber procedido a convocar el oportuno proceso de selección para asegurarse de que la empresa que debía emitir informes tan sensibles era efectivamente la más capacitada para ello, en vez de acudir a una adjudicación directa por razones que se ignoran". 

En cuando a la economía, el Supremo incide en que "los consumidores serían los grandes beneficiados" en este negocio de "descuento duro", que para nada perjudicaría "al comercio tradicional" lanzaroteño.

Toda esta situación lleva siendo denunciada desde el principio, por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote (ACULANZA). De tal manera, que los sufridos consumidores lanzaroteños, "llevan 6 años comprando a precios desorbitados, o teniendo que trasladarse a otras islas para comprar más barato".