Un total de 33 barcos de Canarias podrán pescar en aguas marroquíes tras el nuevo protocolo pesquero firmado entre la Unión Europea y este país africano, cuyo Parlamento aprobó el pasado 12 de febrero dicho acuerdo, que había sido ratificado por el consejo de ministros marroquí a finales de enero.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, explicó hoy en respuesta a una pregunta parlamentaria, que este convenio, fruto de intensas negociaciones tanto de orden técnico como político, permite el retorno a este caladero de un centenar de buques pesqueros españoles, en su mayoría de carácter artesanal, con más de 700 tripulantes, principalmente de Andalucía y Canarias.

Al respecto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha expresado su voluntad de trabajar conjuntamente con los representantes marroquíes para estudiar la posibilidad de acelerar los trámites y que la flota española pueda empezar a faenar en las aguas marroquíes est6e mismo mes de febrero.

El protocolo tendrá una vigencia de cuatro años y desde el punto de vista económico, la contrapartida financiera total será de aproximadamente 40 millones de euros por cada uno de los cuatro años de duración del mismo. Esta cantidad se desglosa en 16 millones por derechos de acceso, 14 millones en concepto de apoyo sectorial (cooperación) al sector pesquero marroquí y 10 millones procedentes de los pagos por licencias de los diferentes operadores, que en el caso de las modalidades españolas han subido en torno a un 12%, considerado asumible. En la categoría de grandes pelágicos industriales la subida del canon por licencia y capturas ha sido mayor, ya que anteriormente pagaban una contrapartida muy reducida.

Asimismo, en lo que respecta a los aspectos políticos, el texto del acuerdo ha conseguido una redacción que respeta las condiciones del mandato del Consejo y de las resoluciones del Parlamento Europeo en relación con la defensa de los derechos humanos y la información sobre el beneficio a las poblaciones locales.

Entre los avances conseguidos en la categoría de artesanales canarios (artes menores) se encuentra el mantenimiento en los aspectos esenciales de las condiciones de pesca establecidas en el protocolo anterior, excepto el uso de la nasa. En esta categoría se establecen 10 licencias de pesca con un número aproximado de 70 tripulantes que pueden enrolarse en dichos barcos, para la captura de espáridos como el sargo, la breca, la salema, la dorada, etc., y corvina fundamentalmente.

En la modalidad de atuneros cañeros se mantienen las condiciones técnicas esenciales establecidas en el otro acuerdo, si bien se introduce la obligación de desembarque de un 25% de las capturas totales anuales de especies de menor valor como la melva o el listado. Se establecen un número de 23 licencias de pesca y un número aproximado de 205 tripulantes que pueden enrolarse en dichos barcos para la pesca de túnidos con caña y otros artes de anzuelo.

Antecedentes

El anterior acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos entró en vigor el 28 de febrero de 2007, teniendo una vigencia de 4 años y siendo por tanto su fecha de finalización el 27 de febrero de 2011. La contrapartida financiera se fijó en 36,1 millones de euros anuales.

En el año 2011, las partes rubricaron una prórroga del protocolo con una vigencia de 1 año (periodo comprendido entre el 28 de febrero de 2011 hasta el 27 de febrero de 2012), pendiente este último de ratificación por parte del Parlamento Europeo.

El 14 de diciembre de 2011, mediante Resolución del Parlamento Europeo, se votó en contra de la prórroga del acuerdo de pesca al presentar el protocolo, entre otras, una relación coste-beneficio claramente insatisfactorio como consecuencia del bajo índice de aprovechamiento de las posibilidades de pesca negociadas, índices de sobrepesca y problemas ecológicos y sociales no abordados.

En la misma fecha, la Eurocámara aprobó una Resolución en la que pedía a la Comisión Europea que presentase cuanto antes un mandato negociador para un futuro acuerdo pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos que fuera sostenible económicamente, ecológicamente y socialmente, debiéndose ajustar las oportunidades de pesca en función de estudios científicos y respetando el derecho internacional y los beneficios a todos los grupos de población locales afectados.

Desde la citada fecha, el país africano ordenó la retirada con carácter inmediato, de la flota pesquera perteneciente a la UE de las aguas de su caladero.

El resultado de dicha decisión fue muy negativo sobre la flota pesquera canaria, flota que realizaba una actividad puramente artesanal mediante el uso de artes y aparejos de pesca respetuosas con el ecosistema y el medio marino como son las cañas, las líneas de mano, etc.

Dicha decisión obligó al amarre de una flota compuesta por un total de 26 buques pesqueros (6 buques con licencia para pesca artesanal y 20 buques atuneros cañeros) generando un grave perjuicio tanto al sector pesquero profesional como a las actividades económicas que se desarrollan en torno a la comercialización de las capturas realizadas por dicha flota, en el caladero marroquí.

A finales de 2012 la Unión Europea dio el visto bueno para se reiniciasen las negociaciones entre los representantes de la Comisión y de Marruecos para el establecimiento de un nuevo acuerdo pesquero lo antes posible.

Así, tras nueve meses de negociaciones, el 24 de julio de 2013, se rubricó en Rabat el texto del nuevo protocolo entre la UE y este país, tras la celebración de la sexta ronda de negociaciones el 18 y 19 de julio.

El pasado 10 de diciembre, en Estrasburgo, el parlamento europeo ratificó por una amplia mayoría dicho protocolo. Asimismo, el 16 de diciembre, el consejo de ministros de pesca de la UE ratificó el convenio tras el visto bueno por parte del Parlamento Europeo.