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EL PRESIDENTE DEL CABILDO ASEGURA QUE LOS 14 CHALETS DE LA BUFONA "SON ILEGALIZABLES"

Abiertas Diligencias Informativas contra el técnico del Cabildo que afirmó que las Casas de la Bufona eran "legales"

laverdaddelanzarote.com  |  30 de agosto de 2013 (15:12 h.)
La Bufona

El Presidente del Cabildo de Lanzarote, ha abierto Diligencias Informativas contra el técnico de la Oficina del Plan Insular, Gustavo Navarro, por haber considerado que las polémicas 14 Viviendas de La Bufona se encontraban construidas "sobre suelo urbano". Extremo éste que ya ha sido desmentido por la Consejería de Política Territorial, en medio del procedimiento judicial llevado a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Máxime cuando las casas están pendientes de demolición por la APMUN, encontrándose entre las mismas los chalés de la Presidenta Insular del PP, Ástrid Pérez; y del ex-Fiscal de Lanzarote, Miguel Pallarés.

El motivo de dicho procedimiento (abierto el pasado 13 de junio), se debe a que el funcionario investigado había elaborado un dictamen en diciembre pasado, asegurando que "las viviendas de La Bufona se encuentran en suelo urbano". Circunstancia ésta que aprovecharon los propietarios de los chalés (advertidos de demolición), para proclamar que la Oficina del Plan Insular "les había dado la razón". Y para plantar cara (una vez más) a la Agencia del Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), alegando que según el citado técnico, sus casas "no están sobre Suelo Rústico de Protección de Jable".

Dicho "informe" fue automáticamente desautorizado por el propio Jefe de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario, Jesús Luna, que confirmó que los "8.000 metros cuadrados de construcciones" amenazados de demolición, "están calificados como suelo rústico", y por tanto, Zona de Valor Ecológico por Paso de Jable.

- Viviendas "ilegalizables"

Según la Familia Murillo, verdaderos propietarios del suelo "usurpado" por el que llevan 13 años en un larguísimo procedimiento judicial contra los promotores de la urbanización, "el dictamen del técnico ha sido utilizado para manipular la realidad legal de las edificaciones con orden de derribo". Prueba de ello es que recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ordenado que las viviendas se vuelvan a catastrar, ya que las mismas "habían sido inscritas de forma ilegal" por sus propietarios.

Esta situación ha provocado que Pedro San Ginés esté estudiando la incoación de un Expediente Disciplinario al técnico cabildicio, a petición de la propia Familia Murillo. Más aún, el Presidente del Cabildo ya ha asegurado que las 14 viviendas "SON ILEGALIZABLES".

 

 

 

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"La corporación insular no es competente para informar sobre la categoría del suelo sino el ayuntamiento, según reconoció el propio Navarro en junio pasado", recordó ayer el denunciante del caso, Gonzalo Murillo. Añadió que "en contestación a la denuncia contra Navarro, San Ginés califica como ilegalizables las viviendas de la Bufona objeto del expediente del funcionario".