El Cabildo de Lanzarote ha aprobado por unanimidad, con la única abstención del Partido Popular, la moción presentada por Somos Lanzarote en la que se pide al Gobierno de España que derogue el Decreto Ley 4/2017, del 24 de febrero, por considerar que abre las puertas a despidos masivos y a la precarización absoluta de las condiciones de trabajo en el sector de la estiba, fundamental para el desarrollo portuario y, por tanto, para la Isla y Canarias.
La moción aprobada por la primera institución insular resalta que en el Archipiélago Canario hay aproximadamente un millar de trabajadores que garantizan la entrada y salida de las mercancías, y que decenas de ellos lo hacen desde el Puerto de Arrecife, formando “un colectivo luchador y comprometido, que históricamente se ha marcado el objetivo de equilibrar hacia el lado de los trabajadores la balanza de un sistema económico que tiende a favorecer al empresariado”.
La propuesta relata que en diciembre de 2014 el Tribunal Europeo dictó una sentencia exigiendo al Estado español que modifique las condiciones en que se desarrolla el sector de la estiba. En esa tesitura, el Gobierno, en el periodo en el que estuvo en funciones, trabajó en un documento conjunto de reforma de la ley, alcanzando un importante grado de consenso.
Sin embargo, tras la formación del nuevo gobierno del Partido Popular, el ministro Íñigo de la Serna ha promovido un Decreto Ley que determina que los contratos indefinidos se conviertan en puestos de trabajo precarios, y que se puedan destruir hasta el 75% de los puestos de trabajo, dando paso a despidos colectivos que nada tienen que ver con la exigencia del tribunal comunitario.
Por esta razón, el Cabildo de Lanzarote, a iniciativa del grupo Somos, ha instado al Gobierno a derogar el decreto y ha solicitado que se reinicie el diálogo con el sector para sacar adelante una norma consensuada “que no suponga la disminución del ámbito funcional del servicio o la pérdida de puestos de trabajo”. También se insta desde la institución insular a los diferentes grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados a no convalidar el decreto en las Cortes.