12:42 h. domingo, 07 de marzo de 2021

SE LES ACUSA DE PRESUNTA PREVARICACIóN URBANíSTICA POR EL CASO DE LAS NAVES DE IVECO

Imputados el teniente de alcalde y 3 técnicos municipales de Arrecife, tras la denuncia de VECINOS UNIDOS

laverdaddelanzarote.com  |  11 de septiembre de 2014 (16:01 h.)
Imputado por la Fiscalía

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado la imputación del Teniente de Alcalde de Arrecife, José Montelongo Espinosa, así como de 3 técnicos municipales, todos ellos acusados de un presunto Delito de Prevaricación Urbanística. Las citadas Diligencias de Investigación Penal, registradas en el Procedimiento 0013/2014, han sido instruidas tras las denuncias presentadas por la formación política VECINOS UNIDOS CANARIOS (el 4 de febrero y el 23 de julio pasados), a instancias del ciudadano Andrés Medina.

Tal y como adelantó en su momento este medio, el partido VECINOS UNIDOS CANARIOS y la Confederación Vecinal COVEINCA, el pasado 4 de febrero presentaron una denuncia en la Fiscalía de Arrecife, "dando cuenta de la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística cometido supuestamente por funcionarios y autoridades del Excmo. Ayuntamiento de Arrecife". En aquella ocasión, expusieron que "la empresa Juan Antonio Rivera SL" abrió "unos talleres en una parcela, sin contar con ningún tipo de Licencia o Permiso, realizando una ACTIVIDAD ILEGAL desde 2006 hasta 2013 (7 AÑOS)". Todo ello "pese a los numerosos Informes Técnicos de Ayuntamiento y Cabildo, DENEGANDO su solicitud. Incumpliendo el Ordenamiento Urbanístico. Y sin que haya sufrido sanción alguna por ello...".

- Desaparición de la calle Claudio Toledo

Lo peor de todo, según denunció VECINOS UNIDOS, es que la citada empresa procedió al cierre de la calle pública Claudio Toledo Cabrera, "el mismo año 2006, aprovechando el espacio para crear sus talleres, los cuales han estado funcionando de forma ilegal. Y pese a los informes de sus propios Técnicos Municipales, el Ayuntamiento ha consentido y permitido que dicha calle lleve 7 años cerrada". 

Sin embargo, el Ayuntamiento de Arrecife concedió 2 licencias en 2013 a la empresa, para explotar unas naves que llevaban abiertas "de forma ilegal" durante 7 años. Y los técnicos lo dieron por válido, con los mismos criterios con los que anteriormente lo habían denegado.

- Anticorrupción

En vista de que la situación fue empeorando, VECINOS UNIDOS CANARIOS decidió acudir el pasado 23 de julio, a la Fiscalía Anticorrupción (tal y como adelantó LA VERDAD DE LANZAROTE). Y dicho organismo dio traslado de las Diligencias a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, con la abundante documentación presentada por la parte denunciante. Exponiendo que "la técnico Lidia Sánchez Suárez emite informe favorable con fecha de 3 de mayo de 2013, reproduciendo exactamente los mismos criterios de su informe negativo de septiembre de 2012, si bien lo que en el primero había definido como 'actividad expresamente prohibida por el planeamiento' en el segundo dice que 'no está expresamente prohibida',  sin motivar su cambio de criterio".

En cuanto al técnico Domingo Quintana López, "emite informe favorable el 24 de abril de 2013, con el único argumento de que la solicitud cuenta con certificado final de obra, de instalación de B:T: y de verificación de extintores, al margen de cualquier consideración urbanística". Por último, la técnico sanitario Isabel Celis Ramírez, "emite informe el 8 de julio de 2013, señalando que sí reune las condiciones exigidas, sin motivación alguna".

En cuanto a José Montelongo, concejal de Urbanismo, señala que concedió la licencia a ambos talleres, (11 de julio y 30 de agosto de 2013), "cuando el mismo Concejal había requerido contundentemente a la empresa sólo tres meses antes para que paralizara y cerrara su actividad".

- Traslado al Juzgado

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado Decano de Arrecife. Téngase en cuenta que toda la documentación recopilada, ha sido gracias al esfuerzo desinteresado del ex-Presidente de la Asociación de Vecinos de Argana Alta, Andrés Medina, quién ha estado llevando el peso de todo el procedimiento desde su principio. Y quién ha sufrido las iras por parte de técnicos, polìticos y empresarios.

Aunque hayan sido imputados (acusados) por la Fiscalía, la decisión final está en manos del Juzgado.