10:33 h. jueves, 03 de diciembre de 2020

Ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas

IPC exige una Ley de Residencia para Canarias

 |  18 de noviembre de 2020 (20:12 h.)
Iniciativa Popular Canaria

 

         La Comisión Promotora de la INICIATIVA POPULAR CANARIA-IPC ha  decidido promover una campaña informativa y de recogida de firmas en toda Canarias en favor de una Ley de Iniciativa Popular Reguladora de la Condición de Residente en Canarias, bajo el lema Ley de Residencia para Canarias, !!YA¡¡. En el Manifiesto Fundacional de la IPC, hecho público en junio del presente año, en su punto 5, epígrafe cuarto, ya se recogía que para implementar un nuevo modelo de desarrollo equilibrado y sostenible se hace ya imprescindible regular nuestro crecimiento demográfico mediante una legislación específica de residencia y vecindad civil especial para las Islas.

         Esta iniciativa legislativa popular, cuya puesta en marcha estaba prevista durante el presente año, no ha sido motivada por el recrudecimiento del grave problema humanitario ocasionado por la llegada importante de migrantes irregulares y refugiados desde nuestro Continente africano, ni tampoco por motivos identitarios o  culturales, ya que asumimos que nuestro rico acervo canario se ha ido conformando precisamente gracias al aporte de muchas personas de diferentes procedencias que han formado un rico sincretismo con la población precolonial originaria de nuestro archipiélago.

         EL PRECARIO EQUILIBRIO ENTRE POBLACIÓN Y TERRITORIO. La necesidad de regular la condición de residente en Canarias nada tiene que ver tampoco con el disfrute exclusivo de privilegios sociales, económicos o naturales,  sino, exclusivamente, con la defensa de una sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento de la biodiversidad en un territorio insular, reducido, vulnerable y frágil, en el cual ya se ha sobrepasado ampliamente la capacidad de carga poblacional que puede soportar, antes de seguir comprometiendo gravemente nuestro equilibrio natural y la propia vida con las mínimas condiciones de habitabilidad necesarias.

         Nuestras Islas poseen una densidad poblacional superior a los 330 habitantes por km2, si incluimos la población transeúnte, y más del doble, en relación con el territorio habitable que representa sólo un 40,64 % del total, descartando espacios protegidos, altitudes superiores a 1.200 metros y superficies orográficamente de difícil acceso con pendientes superiores al 30%. Concretamente, los más de 2.5 millones de personas que habitan como promedio cada día nuestro archipiélago, entre residentes y transeúntes, representan un densidad poblacional real sobre dicho territorio habitable de 826 habitantes por Km2.

       Pero ese 40.64% de suelo apto, una vez descontado el actualmente ocupado, queda reducido al 20.81% de suelo disponible, que distribuido por Islas arroja cifras de casi escasez total para algunas: La Palma 4.2%, El Hierro 6.6%, La Gomera 7.1%, Gran Canaria 13.2%. Tenerife 15%, Lanzarote 30.4% y Fuerteventura 42.6%. Es una certeza incuestionable que la capacidad de carga poblacional sobre nuestro territorio ha sido ya ampliamente superada. No sólo en lo referente al consumo físico del suelo, sino también, por las actividades que lo utilizan como soporte para satisfacer la demanda de bienes y servicios,  factores cada vez más incompatibles con una   política sostenible de los recursos naturales, el bienestar, la calidad de vida y la gestión racional de los residuos generados.

       Una  vez  rebasada ampliamente  la  barrera  de  los 2.5 millones de residentes y transeúntes, que cada día vivimos en Canarias,  el crecimiento poblacional necesita  ser  sometido a mecanismos reguladores, toda vez que  nuestro crecimiento vegetativo –a pesar de disminuir respecto a su tendencia histórica- sigue siendo positivo,  y  es presumible que se mantenga el flujo de emigrantes canarios retornados, lo mismo que las reagrupaciones familiares instadas por los residentes foráneos, factores todos que garantizan ya un incremento poblacional que va a seguir presionando de forma sostenida sobre el escaso territorio. Entendemos que además de estas aportaciones que pueden considerarse normales, sólo serían aconsejables otras con carácter selectivo y excepcional.

      PROPUESTAS PARA UNA LEGISLACIÓN ESPECIAL DE RESIDENCIA.

Un nuevo marco jurídico para la regulación de la condición de residente en Canarias no sería ninguna novedad en el ámbito de la Unión Europea (UE), donde ya existen precedentes de este tipo de legislaciones especiales, como es el caso de las Islas Aaland finlandesas en el Mar Báltico o como lo fueron la Isla de Man o las Islas del Canal Anglonormandas británicas antes del Brexit, en las cuales las limitaciones de residencia no sólo afectaban a los ciudadanos de la Unión, sino también a sus  mismos connacionales del Reino Unido o de Finlandia.

    En tal sentido, la normativa, para que sea efectiva, debe aplicarse a cualquier persona que pretenda residir en las Islas, sin ningún tipo de discriminación, sea cual fuere su procedencia, incluyendo la de otras comunidades del Estado, lo que conllevaría la reforma de artículo 19 de la Constitución Española, a cuyo texto actual: "Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional",  debe añadirse la frase: “respetando las excepciones contempladas por la Legislación Especial de Residencia en las Islas Canarias”.

     Esta legislación debe contemplar, en principio, que la condición de residente corresponde por derecho propio a todas las personas nacidas en Canarias, sus ascendientes, descendientes y sus cónyuges. Asimismo, debe contemplar el concepto de arraigo otorgando la condición de residente a quienes hayan residido de forma continuada  durante al menos 5 años en las Islas. Contemplándose también la concesión de la residencia por parte del Gobierno de Canarias, por motivos especiales, tanto humanos, como  laborales o profesionales, como es el caso de administradores o directivos foráneos de empresas de nueva creación que signifiquen una importante inversión y creación de empleo. Asimismo para la contratación de asistentes de personas dependientes, especialistas,  técnicos, deportistas y enseñantes de alta cualificación, no disponibles en el mercado laboral canario.

         La condición de residente será condición imprescindible para realizar cualquier actividad laboral o profesional en las Islas que necesite vivir en ellas para desarrollar tal actividad. Y se contemplarán también limitaciones a las segunda residencias de jubilados foráneos en aquellos territorios afectados por regulaciones de uso del suelo, rural, agrario o espacios naturales, tal como se aplican en Dinamarca.

       Por otra parte, la necesidad de una regulación del Derecho de Residencia en Canarias, que afectaría por igual tanto a los migrantes regulares como irregulares que aspiran a vivir entre nosotros, hace una clara distinción entre la condición de residente y de transeúnte, entre la condición  de visitante y el Derecho del libre establecimiento, pero no nos exime de nuestra obligación de garantizar una acogida digna y humanitaria a los migrantes irregulares que llegan a nuestra tierra, hasta su derivación al resto del Estado y UE, tal como ellos mismos pretenden.

    LA PLENA AUTONOMÍA INTERNA (PAI) Y EL RÉGIMEN DE ASOCIACIÓN CON LA UE. Aunque, tal como se ha señalado, esta legislación especial de residencia ha sido compatible hasta ahora con la normativa de la UE en otros Estados miembros,  IPC considera que sería más factible para su consecución que, tal como venimos propugnando, Canarias se dote de una PAI  como nuevo marco político y jurídico que nos convierta en Sujeto de Derecho Internacional, acompañada de un nuevo régimen de relaciones con la UE, a través de la IV Parte de su Tratado de Funcionamiento, como País y Territorio de Ultramar (PTU), que sustituya al fracaso del actual régimen de RUP.

            La aspiración de una Ley de Residencia para Canarias se viene reivindicando desde que fue presentada por primera vez en el año 1988, entre otras, por varias personas que ahora integramos la INICIATIVA POPULAR CANARIA-IPC, y entendemos que ha llegado el momento de que la ciudadanía canaria la haga realidad, para asegurar nuestra supervivencia y de las futuras generaciones en este archipiélago, cuya sostenibilidad ambiental y biodiversidad se encuentran actualmente seriamente comprometidas.

Ley de Residencia para Canarias, !!YA¡¡

Comisión Promotora de INICIATIVA POPULAR CANARIA-IPC

En el Archipiélago de Canarias. Noviembre de 2020.