El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife ha dictado un auto por el que admite a trámite la querella presentada por el Grupo Podemos del Cabildo de Lanzarote, por supuestos delitos contra la administración pública cometidos por José Francisco Reyes, Vicente Bartolomé, Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, además de las empresas Hotel Princesa Yaiza, Salmepa y Getsu No Denwa, que aparecen como querellados en el auto firmado el pasado 12 de diciembre por el juez Ricardo Fiestras.

Los hechos que se han denunciado tienen relación con los procedimientos administrativos de elaboración y aprobación de los Convenios Urbanísticos firmados por José Francisco Reyes, ex alcalde de Yaiza, con la entidad mercantil Getsu no Denwa, S.L., y con la entidad mercantil Salmepa, S.L., en el ámbito del Plan Parcial Costa Papagayo.

Las actuaciones de urbanización y edificación en el ámbito del Plan Parcial Costa Papagayo constituyen presuntamente un episodio de corrupción administrativa manifiesta en los delitos de prevaricación urbanística y fraude a la Administración Pública, cuyas consecuencias negativas para el patrimonio municipal y la hacienda pública local, con el paralelo enriquecimiento injusto por parte de entidades privadas, continúan produciéndose en la fecha de hoy.

Las mercantiles urbanizadoras de Costa Papagayo no cumplieron el compromiso asumido frente a la Administración pública de hacer constar la trasmisión legal de los suelos públicos cedidos obligatoriamente al patrimonio municipal, en virtud de las determinaciones del plan parcial, y que debieron ser destinados a zonas verdes, viales y dotaciones complementarias. Sin embargo, nadie les impidió que continuaran ejecutando desde 1989 la parcelación aprobada en su día, construyendo y explotando la planta alojativa contenida en el Plan Parcial Costa Papagayo con la connivencia de los representantes públicos.

Los hechos descritos en la querella delatan un cúmulo de actuaciones ilegales cometidas en el proceso de urbanización del plan parcial Costa Papagayo, dirigidas a permitir la privatización de gran parte del ámbito del plan, en perjuicio del uso racional y público de los recursos naturales que ordena la Constitución Española, la Ley del Suelo y el ordenamiento jurídico territorial desarrollado en Canarias.

El caso Kikoland y el túnel subterráneo del Hotel Princesa Yaiza.

El objeto de la querella es la adjudicación directa de un proyecto público en suelo público, sin licitación previa, así como la ejecución de una obra pública y de unas instalaciones destinadas a la explotación privada, sin ningún concurso público de licitación.

El caso del Kikoland está íntimamente relacionado con el Hotel Princesa Yaiza, y resulta especialmente hiriente por la dimensión de la ocupación de suelo público y los beneficios económicos obtenidos ilegalmente por unas instalaciones que se venden en la página web del hotel Princesa Yaiza, como si se tratara de una oferta complementaria del Hotel.

Ni siquiera consta que el Ayuntamiento de Yaiza haya informado sobre la totalidad de los terrenos destinados a viales o zonas verdes, que han sido objeto de explotación y ocupación ilícita durante estos años, dado que es público y notorio que en el Plan Parcial Costa Papagayo se ha construido un túnel de grandes dimensiones, que comunica el hotel ilegal Princesa Yaiza con el hotel ilegal Son Bou, y que, de forma subterránea y transversal, atraviesa la carretera general que discurre por el plan parcial, es decir, suelo destinado a viales (obviamente, el subsuelo también forma parte del dominio público).

Las actuaciones descritas infringen de forma flagrante la normativa que regula la contratación pública y la ordenación urbanística, permiten la obtención de beneficios ilegalmente obtenidos por las empresas que promovieron y suscribieron los convenios, y causan un perjuicio económico al municipio de Yaiza que alcanza unos límites jamás calculados.

Es importante destacar que recientemente el grupo político Podemos ha denunciado públicamente la asunción por parte del Ayuntamiento de Yaiza de los costes de urbanización derivados de los incumplimientos de los promotores (alumbrado público), así como el contenido de los Convenios que desde el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Yaiza se pretenden firmar con los promotores del Plan Parcial Costa Papagayo y que suponen el abono con dinero público de parte de las obras de urbanización que debieron asumir las entidades promotoras.

“Uno de los mayores casos de corrupción urbanística”, según Meca

“Estamos ante uno de los mayores casos de corrupción urbanística que ha sufrido la isla en las últimas décadas, con un perjuicio económico incalculable para las arcas del ayuntamiento de Yaiza, que ha permitido durante casi treinta años la explotación privada de unos suelos públicos que debían haberse destinado a zonas verdes, dotaciones deportivas o viales”, asegura el portavoz del Grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca.

“Este caso es uno de los mejores ejemplos de urbanismo criminal, en el que el consistorio ha regalado a unos empresarios millones de euros que debían haber sido destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Yaiza. Y lo peor es que ese fraude se sigue cometiendo a día de hoy, pues las instalaciones del Kikoland siguen funcionando y generando cuantiosos ingresos a Juan Francisco Rosa”, señaló Meca.