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La Oficina del Plan Insular AMNISTÍA el chalet de Astrid Pérez en La Bufona

la verdad de lanzarote  |  10 de enero de 2013 (14:33 h.)
La Oficina del Plan Insular adscrita al Cabildo de Lanzarote, ha emitido un Informe en el que ahora acredita "sorpresivamente" que las tantas veces denunciadas 14 viviendas del Plan Parcial La Bufona, "se emplazan en suelo máximo delimitado ocupable por núcleos de población", justo 10 AÑOS DESPUÉS de que dicha parcela fuera calificada judicial y administrativamente como "suelo rústico de valor natural ecológico denominado jable". Diez años de pleitos judiciales, imputaciones, y en los que la APMUN ha iniciado en dos ocasiones el procedimiento de demolición de los chalets (la primera vez caducó el expediente, "misteriosamente"). Curiosamente, uno de los apartamentos es de la Presidenta del PP, ASTRID PÉREZ...


Este "inesperado" Informe ha sido elaborado justo después de que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural hubiese iniciado el segundo Expediente de Demolición de las 14 viviendas, denunciadas como "ilegales" tanto a nivel judicial como administrativo. El primer Expediente de la Apmun había "caducado" al haber prescrito el tiempo acordado para derribar las estructuras consideradas ilícitas. 

Durante 10 años el asunto del Plan Parcial La Bufona ha estado saltando de Juzgado en Juzgado, en manos de la Fiscalía, y por supuesto en las portadas de los medios de comunicación. ¿Motivo? Uno de los chalets es propiedad de la Presidenta Insular del PP, Astrid Pérez; otro pertenece al entonces Fiscal de Lanzarote (hoy en Gran Canaria), el siempre polémico MIGUEL PALLARÉS; otro al Notario Echevarría; etc.

- Informe de la APMUN

El Primer Expediente de la Agencia dejaba bien claro que los 14 chalets de la calle Chabusquillo se asentaban sobre "suelo rústico de protección y de valor natural ecológico" y que las obras se hicieron "sin contar con las autorizaciones pertinentes". Añadiendo que “realizadas las investigaciones y gestiones pertinentes, ha sido suficientemente constatado que las obras descritas carecen de amparo administrativo alguno” y asegurando que son “indudable y manifiestamente ilegalizables", abriendo con ello el camino a la demolición. Con los años transcurridos desde entonces, NO HABÍA APARECIDO NINGÚN INFORME CABILDICIO SOBRE EL TERRENO.

En el caso de la consejera popular, Astrid Pérez, tenía que "que demoler en su casa las obras de acondicionamiento de parcela consistentes en muros, piscina de unos 31 metros, edificación adosada a lindero de unos 55 metros cuadrados, ampliación de la vivienda en unos 11,50 metros cuadrados, así como la pavimentación unos 43 metros del patio trasero que invade suelo rústico".

Mientras que al Fiscal, le iban a derribar "los muros, piscina de 22 metros, una edificación adosada de 40 metros, la ampliación de la vivienda en unos 17 metros, así como la pavimentación de unos 140 metros cuadrados del patio trasero que invade suelo rústico de protección y de valor natural ecológico en un fondo de 18 metros de ancho por el largo de la parcela".

En septiembre de 2008, un informe de la Apmun concluía que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima para desarrollarse. Además, se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24. Las viviendas tienen más superficie de la autorizada y las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación cuando estos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”

En ese informe se asegura que la superficie que ocupan las viviendas no se corresponde con las licencias otorgadas. En el Registro de la propiedad figuran con una extensión de 96 metros cuadrados cuando tienen más de 200. El informe detecta que las casas sufrieron cambios años después de ser adquiridas a la promotora, sin contar con licencia de obra y sobre suelo rústico. Y EL CABILDO NO SACÓ NINGÚN INFORME SOBRE LA CALIFICACIÓN DEL TERRENO.

En el juzgado

En el procedimiento están imputados el constructor y los promotores de la urbanización, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, además del ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, que habría firmado las licencias de obra, y la ex alcaldesa María Isabel Déniz, a quien se acusa de prevaricación por no haber procedido a sancionar a los promotores de la urbanización y por, supuestamente, levantar el precinto de las obras. Ambos también están imputados en la operación Unión, y Fernández Camero también lo está en el caso de los hoteles ilegales. Y EL CABILDO NO SACÓ NINGÚN INFORME SOBRE LA CALIFICACIÓN DEL TERRENO.

Así 10 años, hasta que el Expediente de Demolición "caducó" porque "se agotó el plazo de tiempo para ejecutarlo". ALGUIEN SE OLVIDÓ de Ejecutarlo... Pero la APMUN decidió iniciar un 2º Expediente de Demolición de las citadas 14 viviendas... AHORA SÍ SE LE OCURRE AL CABILDO HACER UN INFORME SOBRE EL TERRENO... El referido informe certifica que dicho suelo es «apto para ocupación por núcleos de población» y se acompaña, además, del correspondiente plano de situación de las viviendas,  diciéndose que «están sobre el plano del límite del suelo rústico de protección a la carretera LZ-2 a la altura de las construcciones señaladas».

Que nadie se llame a engaño. El juego todavía no ha terminado...

 

 

 

 

 

 

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