El presidente del Cabildo expuso gran parte de la documentación del expediente que le llevó a adoptar la decisión de incautar la desaladora ante los innumerables requerimientos e instancias recibidas por el Diputado del Común que le advertían de llevar a fiscalía el asunto si no se actuaba; del Gobierno de Canarias que advertía también de la venta no autorizada de agua a terceros; de las quejas de los propios vecinos y los informes preceptivos del Consejo Insular de Aguas y la Secretaría General.
El presidente de la primera Corporación insular y presidente del Consorcio del Agua y Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Pedro San Ginés, compareció por voluntad propia el pasado 27 de octubre en una sesión simultánea de la Asamblea General del Consorcio y de la Junta General y Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas para dar cuenta del expediente relativo al hecho que motivó la causa de la incautación de la depuradora y desaladora del Plan Parcial Montaña Roja, en término municipal de Yaiza
Al igual que lo hiciera en esta sesión simultánea de estos dos organismos, Pedro San Ginés compareció también este sábado, 31 de octubre, ante los miembros del Pleno del Cabildo de Lanzarote donde expuso con documentación en mano gran parte del expediente que se generó durante unos cuatro años.
Aunque este expediente se inicia en el 2011 por parte del Consejo Insular de Aguas, el presidente quiso recordar y dejar claro que no se había actuado hasta septiembre de 2014 que fue cuando se incautó la desaladora, (dos meses antes de que el Diputado del Común advirtiese de llevar a fiscalía el asunto si no se actuaba) ya que “desde el año 2009 al 2013 el Ciclo Integral del Agua estaba en manos de la Justicia, de unos administradores concursales, y por tanto había poca o nula capacidad de maniobra para actuar”.
A la vista de los hechos y los escritos presentados y recibidos durante estos cuatro años, gran parte de ellos mostrados por San Ginés durante el Pleno, no fue -por tanto-“ninguna decisión adoptada urgentemente ni se adoptó dicha medida cautelar sin los preceptivos pasos, como han trasladado algunos sectores mediáticos y políticos a la opinión pública”, aseguró el presidente.
Sobre la declaración del Secretario en sede judicial
Asimismo, sobre la causa por la que está siendo investigado, “por tomar una decisión a sabiendas de su injusticia”, Pedro San Ginés quiso aclarar algunos aspectos que vienen a ratificarse también en la declaración del pasado 23 de octubre, en sede judicial, del Secretario General del Cabildo de Lanzarote, Francisco Perdomo.
El Secretario General de la Corporación ratificó lo manifestado por el Presidente del Cabildo de Lanzarote referente a la consulta realizada al explicar que ”previamente a la adopción de la medida cautelar, el presidente del Consejo insular de Aguas le pidió su opinión” y que, por tanto, “el asesoramiento verbal al presidente fue antes de la fecha de la resolución”.
El presidente recordó igualmente en el Pleno que a la pregunta del Juez si era necesaria una autorización judicial para entrar en las instalaciones incautadas y si era igualmente necesario un informe jurídico previo a la medida cautelar, el Secretario General de la Corporación declaró que en su opinión “no sería necesaria autorización judicial para entrar” y que (…) “tanto el reglamento sancionador en materia de aguas, como la Ley de Aguas de Canarias y estatal, hablan de la adopción de medidas cautelares sin especificar cuáles pueden ser”.
Dijo también que “no era necesaria la autorización judicial para la entrada en las instalaciones en Club Lanzarote S.A. porque entendía que era una maquinaria que no constituía domicilio de una persona”.
Según subrayó el presidente del Cabildo en el Pleno, “este argumento coincide con el criterio, en primera instancia, de la Fiscalía”.
Sobre la necesidad de informe previo, el Secretario también ratificó en sede judicial que (…) “en los expedientes sancionadores no es necesario un informe jurídico previo del secretario” y que “en materia de aguas no es necesario informe jurídico previo escrito”. El presidente expuso también al respecto otro pasaje de dicha declaración del Secretario en la que argumentó que “la ley no impone un informe jurídico previo para la adopción de la medida cautelar de incautación de las instalaciones que se adoptó”, y que la Secretaría General de la corporación, tampoco “está obligado a hacerlo (...)”.
El presidente también dio cuenta de otra parte de la declaración del Secretario en la que habló sobre el Dominio Público de las Instalaciones incautadas, diciendo que -según el Secretario- (…) “las instalaciones, depuradora y desaladora, al estar dentro de un plan parcial con proyecto de reparcelaciones aprobado, tenía CARÁCTER DE DOMINIO PÚBLICO, de DOTACIÓN PÚBLICA” y que si efectivamente se estaba desarrollando una actividad sin título habilitante lo que “procedía era la apertura de un expediente sancionador dirigido a la recuperación del dominio público (…)”.
También hizo alusión en este Pleno a que el secretario general de la Corporación explicó que ante la evidencia de que el expediente podría dar lugar a un desabastecimiento de aguas a 6.000 personas, que el presidente le preguntó "si había alguna medida para paliar esto", y que el propio secretario le comentó "que conocía sentencias tanto del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que hablaban de requisa temporal por parte de la administración, que había otras sentencias que hablaban de intervención de empresas productoras y distribuidoras de aguas". También le dijo que "el Reglamento de Servicios podrían amparar una de estas medidas" y, por último, "que el artículo 43 del Reglamento de Vertidos permitía expresamente a los consejos insulares intervenir en la producción de plantas depuradoras si se dieran circunstancias específicas para hacerlo" (…).
Sobre “el supuesto beneficio de Canal Gestión”
Durante el Pleno extraordinario, tal y como lo hiciera previamente en la sesión simultánea del Consejo Insular de Aguas y el Consorcio de Aguas celebrada en pasados días, Pedro San Ginés dio cuenta de un extracto de la cuenta de resultados de Canal Gestión respecto al Plan Parcial Montaña Roja, donde se comprueba que el resultado financiero de la gestión de esta planta desde que fuera incautada y cedida a la única empresa autorizada para vender agua en Lanzarote, ha sido de unos 500.000 euros de pérdidas.
Documentación del Expediente
En esta dación de cuentas, el presidente del Cabildo presentó toda la documentación del expediente, detallando algunos pasajes y extractos literales de los escritos recibidos y presentadas en los últimos años, exactamente desde 2011, cuando aún estaba intervenida la empresa Inalsa. En ese año, San Ginés recuerda que se emitió un informe técnico del gerente del Consejo Insular de Aguas que se dirige a la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias advirtiéndoles de la situación en la que se encontraba Club Lanzarote y donde se especificaba que esta empresasiempre tuvo autorización para el autoconsumo, pero no para la venta a terceros.
“Las administraciones públicas actuaron entonces compelidos por los propios vecinos que son los que denunciaron los hechos ante el Ayuntamiento y el Diputado del Común, quien presenta en estos años hasta seis requerimientos al Cabildo”, explicó el presidente.
En el último requerimiento del Diputado del Común, de julio de 2014, Jerónimo Saavedra advertía -dos meses antes de la incautación- al presidente del Cabildo que de no hacer nada al respecto pondría “en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos previstos en el Código Penal”. Tras la actuación y medida cautelar de las instalaciones, el presidente del Cabildo recibe respuesta del Diputado del Común, el 21 de octubre de 2015, diciendo que el Consejo Insular de Aguas “Sí, se ha ejercitado la competencia que le corresponde a ese Consejo Insular de Aguas al actuar sobre el problema (…) ante la venta ilegal de aguas a terceros, y además a unos precios superiores a los establecidos para el agua de abasto potable”.
Continuando con el expediente, en septiembre de 2012, existe otro informe técnico del Consejo Insular de Aguas que se remite al mismo Diputado del Común, en respuesta a uno de esos seis requerimientos y advertencias, que alertaba que si se clausuraban las instalaciones podría suponer el desabastecimiento de la zona. Literalmente, en el escrito se recoge lo siguiente: “asimismo, se informa que la clausura de las instalaciones puede suponer, a la vista de la existencia de indicios de la imposibilidad inmediata de suministro de nuevos caudales (...) el desabastecimiento de la zona y la posible necesidad de declaración de "situación de emergencia hídrica".
Un año más tarde, en el mes de junio de 2013, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, responde y actúa solicitando cuatro requerimientos al Cabildo, a Club Lanzarote, al Ayuntamiento de Yaiza y al propio Diputado del Común.
El Cabildo de Lanzarote recibió dicho requerimiento del Gobierno el 19 de junio en el que se le advertía igualmente “que se vende agua a terceros, desconociéndose su destino sin que quede acreditada la Autorización que deben disponer para la venta”. Justo al día siguiente de este requerimiento, el Cabildo de Lanzarote emite un nuevo requerimiento a Club Lanzarote, el 20 de junio, exigiendo que “cese inmediatamente en dicha actividad, significándole que en caso contrario se iniciará expediente para la revocación de la autorización concedida, sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar.”
Con fecha 27 de febrero de 2013, también la Secretaría General emite un informe sobre la supuesta venta de agua por parte de Club Lanzarote en la urbanización Montaña Roja de Playa Blanca. En dicho informe el secretario alegó que "examinadas las autorizaciones o legalizaciones concedidas a Club Lanzarote queda claro que se otorga para el autoabastecimiento pero en ningún caso se habilita la promotora para la venta de agua y menos aún sin cumplirse los requisitos exigidos legalmente" y que "(…) partiendo de la base de que Club Lanzarote se estuviera dedicando a la venta de agua terceros, ya sea dentro o fuera de la urbanización, queda claro que sus actuaciones estarían al margen de las autorizaciones concedidas".
Un año más tarde, el 29 de septiembre de 2014, unos dos meses después de que Diputado del Común advirtiese de ir a Fiscalía si no se actuaba, se adopta la medida cautelar de la incautación, y justo unos días después, en el mes de octubre, se presenta en la Asamblea del Consejo Insular de Aguas un informe de los Servicios Jurídicos que literalmente decía que "en nuestro caso consideramos que la medida cautelar adecuada es el cese de actividad y la incautación de la infraestructura hidráulica para la subrogación en el servicio de abastecimiento y depuración".
Sobre la necesidad o no de disponer de Autorización Judicial
De igual forma, sobre la necesidad o no de disponer de autorización judicial para incautar las instalaciones, los Servicios Jurídicos consideraron en su informe que no hacía falta autorización judicial, tal y como ratificó también el secretario de la Corporación en su declaración en sede judicial del pasado viernes, ya que las instalaciones se encontraban situadas en suelo de dominio público. El presidente del Cabildo en este Pleno extraordinario mostró el certificado del Ayuntamiento de Yaiza que también acreditaba que estas instalaciones son consideradas de dominio público, al igual que lo reconoció en primera instancia la fiscalía. En otro escrito mostrado por San Ginés en este Pleno decía literalmente que “sólo se requiere autorización judicial en la ejecución de los actos administrativos si el acceso se produce en lugares que tengan la condición de domicilio, y no ostentando dicho carácter la planta desaladora, la depuradora y la infraestructura incautadas”.
Resolución del Expediente
En cuanto a la resolución del expediente, el presidente del Cabildo detalló y mostró en el Pleno algunos de los pasajes y extractos literales de las Resoluciones emitidas.
Concretamente, en el apartado tercero de la Resolución número 64 se exigía “como medida de restablecimiento de la legalidad, el cese de la actividad de producción y venta de agua por parte de CLUB LANZAROTE así como a precintar las infraestructuras a través de las cuales se ejerce dicha actividad”.
No obstante, en esta Resolución también se recoge que “en virtud de lo dispuesto en el artículo 57.1 y 2 de la ley 30/1992 la medida del precinto, y con el fin de evitar el desabastecimiento de la población, estará condicionada a la obligada realización por CLUB LANZAROTE, o en ejecución subsidiaria, por la Administración, de la obra de conexión a la red general”.
En el apartado cuarto de esta misma Resolución se exige también a Club Lanzarote proceder a la obligación de “restituir la totalidad de los ingresos ilícitamente obtenidos por la venta de agua durante los últimos quince años, ingresos que se estiman en 1.734.647,03 euros, sin perjuicio de que con posterioridad se constate o compruebe que los beneficios ilícitamente obtenidos fueros superiores”.
El presidente también mostró el Requerimiento de 7 de septiembre de 2015 del Consejo Insular de Aguas al Ayuntamiento de Yaiza para que exigiera a Club Lanzarote la realización de las obras de conexión a la red pública de aguas y otro requerimiento a Club Lanzarote para “que cumpla con carácter inmediato con su obligación de construir las necesarias conexiones entre las redes internas de abastecimiento y las generales del Sistema General Insular de Desalación, al disponer de un punto de enganche situado a pie de parcela y existir posibilidad de suministro del sistema general insular, con el objeto de evitar el desabastecimiento del Plan parcial Montaña Roja”.
Supuesto delito medioambiental
Entre otra documentación presentada en este Pleno por el presidente, San Ginés mostró algunas fotografías que venían a ratificar el acuerdo del juzgado que con fecha 27 de julio de 2015, dictó un auto acordando incoar diligencias previas “por existir elementos indiciarios de la comisión de un delito medioambiental”.
En este sentido, para el juzgado "son hechos que pudieran ser delictivos la falta de tratamiento de fangos resultante de la depuración de aguas residuales y su vertido el suelo en las inmediaciones de la estación, la falta de puesta en servicio de los equipos para el tratamiento estos fangos, el vertido de los alivios de procesos de la estación depuradora, así como de las grasas separadas en el pre tratamiento en un pozo sin tratamiento alguno y la deficiente desinfección del agua".
Nuevas denuncias de los vecinos
Después de que el Juzgado obligase por Sentencia a devolver las instalaciones a Club Lanzarote, volviendo así al mismo punto de partida inicial, por cuanto la promotora seguirá vendiendo ilegalmente agua a terceros, mientras Club Lanzarote no permita al Consorcio conectar el Plan Parcial con la red general de distribución de agua, los vecinos han vuelvo a elevar denuncia pública con el registro de un escrito con cerca de un centenar de firmas para pedir de nuevo la regularización de esta situación que a fecha de hoy sigue afectando a más de 6.000 vecinos y a una importante planta hotelera que se encuentra situada en este Plan Parcial de Yaiza.
