El Pleno del Cabildo de Lanzarote aprobó, con los votos favorables del Partido Socialista, Partido Popular, Nueva Canarias y Grupo de Gobierno, la abstención del resto de fuerzas políticas y ningún voto en contra, solicitar un informe a los Servicios Jurídicos de la Institución que aclare la seguridad jurídica del convenio suscrito en 2006 por el Cabildo con la mercantil Yudaya, S.L. y HD Hoteles Canarias, S.L. Asimismo, se acordó solicitar a dicha mercantil que informe de cuáles fueron los pagos, resultantes de dicho convenio, realizados al letrado Agustín Domingo Acosta y en qué conceptos se realizaron, habida cuenta de que el referido convenio establecía la obligatoriedad del promotor de correr con el importe íntegro de los honorarios profesionales devengados por la representación procesal del Cabildo.

Cabe recordar que este convenio, firmado y negociado bajo la dirección política del exconsejero de Política Territorial, Carlos Espino, y que contó con informe jurídico favorable del exdirector de la Oficina del Plan Insular del Cabildo, supuso que la primera Institución retirase un contencioso administrativo únicamente a esta promotora, de entre las cerca de una treintena de licencias urbanísticas anuladas a otras tantas mercantiles propietarias de los establecimientos turísticos denunciados en defensa de la moratoria y las licencias urbanísticas municipales concedidas.

Durante la sesión plenaria, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, explicó que “ante la reciente aprobación del Plan General de Yaiza y el proceso actual de aprobación inicial del planeamiento insular, se ha considerado -precisamente para garantizar la seguridad jurídica- revisar los convenios que a día de hoy hay suscritos entre el Cabildo y los promotores del Plan Parcial Montaña Roja y el Plan Parcial de Playa Blanca, así como el que fue actualizado el pasado año con Yudaya. Y es por ello que se debe esclarecer el asunto incluido en el orden del día”.

Al respecto, el presidente manifestó su “preocupación por la propuesta del convenio con Yudaya, ya que el del año 2006 no fue elevado ni siquiera a la consideración del Pleno del Cabildo y esto pudiera generar algún tipo de inseguridad jurídica”.

Por ello, San Ginés argumentó que para esclarecer este asunto, así como “arrojar claridad sobre cómo se tramitó el expediente de dicho convenio, los gastos generados y si se siguieron los cauces procedimentales adecuados”, especialmente los relativos a la cláusula 7 del referido convenio de 2006 sobre la fijación de honorarios y gastos procesalespactados, solicitó al Director Insular de Ordenación del Territorio la emisión de un informe.

Cláusula 7 de este convenio que el presidente del Cabildo calificó de “atípica”, entre otras cosas porque “no establece una previsión de honorarios más allá de los que ya había abonado el Cabildo de Lanzarote al letrado en cuestión, por cierto sin presupuesto”.

De igual forma, el presidente ha querido matizar que es cierto que ha habido abogados que han cobrado mucho dinero de la Institución, como el aludido Agustín Domingo Acosta que ha sido el que más ha percibido con diferencia, o Ignacio Calatayud, entre otros, pero la diferencia es que “hasta el año 2009 que llegué a la Presidencia, se contrataban en muchos de los casos sin presupuesto alguno, no así desde hace seis años”.

En cuanto al informe emitido por el Director de Ordenación (se adjunta documento), concluye con algunas consideraciones, como que dicho convenio no fue elevado al Pleno de la Corporación ni siquiera se dio cuenta al mismo, ni tampoco al Ayuntamiento de Yaiza.

En este sentido, el director insular de Ordenación del Territorio considera en su informe que “se debió dar cuenta del mismo al Pleno, en calidad de órgano de control y fiscalizador de los órganos de Gobierno”, dado que explica que en realidad este es un “convenio urbanístico de planeamiento”, en la medida que se dilucidaron cuestiones que tenían que ver tanto con la ordenación territorial, como con la urbanística y que afectaban al Plan Insular de Ordenación y Plan General de Ordenación de Yaiza.

En este informe se especifica además que en el convenio se contemplaban cuestiones “que no sólo afectaban a la materialización de plazas turísticas, sino a cuestiones que afectaban a la futura revisión de la ordenación pormenorizada del Plan Parcial de Castillo del Águila, mediante la modificación de usos previstos en el Plan Parcial, competencias estas propias del planeamiento urbanístico municipal, por lo se considera que hubiese sido adecuado, haber dado audiencia y parte en el mismo al Ayuntamiento de Yaiza”.

En cuanto a la estipulación séptima sobre la fijación de honorarios y gastos procesales pactados con el abogado Agustín Domingo Acosta, el informe concluye que si bien se considera adecuado la fijación de los mismos, que a priori y con arreglo a los términos de dicha estipulación, “se debieron ajustar a los honorarios presupuestados a la entidad insular y a las costas que, en su caso, se hubiese impuesto por los tribunales”.

En función de lo expuesto y del acuerdo plenario aprobado en el día de hoy, los Servicios Jurídicos del Cabildo emitirán dicho informe jurídico sobre el citado convenio de cara a poder ser revisado y garantizar la seguridad jurídica del mismo y de la Corporación.