El grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote, que ejerce la acusación popular en la causa penal contra Pedro San Ginés y dos técnicos del Cabildo por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, ha respondido a las acusaciones realizadas por San Ginés y Coalición Canaria en las últimas horas tildando esta causa de “juicio político”. “Decir que será un juicio político es faltar gravemente al respeto del juez instructor, a quien Coalición Canaria está acusando implícitamente de prevaricar. La apertura del juicio oral no es consecuencia de la voluntad de Podemos, sino del criterio de un magistrado que entiende que existen indicios de criminalidad en la incautación”, ha señalado el portavoz de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca.

“Mientras algunos se empeñan en burlarla, nosotros creemos que la política sirve también para hacer justicia y celebramos que así haya sido en este caso”, ha destacado Meca, que considera que las críticas de San Ginés y de CC solo confirman su preocupación ante la inminencia del juicio. “No es necesario que respondamos nosotros porque ya lo ha hecho el juez instructor, al concluir en su auto que ejercemos una acción legítima y necesaria dentro de esta causa y al destacar la importancia de la acción popular en juicios por corrupción como éste”.

El portavoz de la formación morada ha recordado que el grupo Podemos en el Cabildo se personó en la causa en el año 2015, cuando la acusación particular, representada por la empresa Club Lanzarote, el Ministerio Fiscal y el juez instructor, entendían que habían sobrados indicios de criminalidad en la incautación de la desaladora sin orden judicial y sin un solo informe por escrito que avalara esa decisión, para regalar después las plantas a Canal Gestión Lanzarote.

“Y uno de los principales motivos de nuestra personación en la causa era la posibilidad de que Pedro San Ginés llegase a un acuerdo por debajo de la mesa con Club Lanzarote para que ésta retirase la querella, que fue exactamente lo que ocurrió después. Continuamos en esta causa por coherencia con la decisión que tomamos en 2015 y porque compartimos el criterio del juez instructor de que se pudo cometer un delito de prevaricación”, señala Meca.

El Grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote considera además que existe “un vínculo evidente entre la incautación de la desaladora de Montaña Roja y la adjudicación del contrato del agua a Canal Gestión Lanzarote, ya que en ambos casos la gran beneficiada fue esta empresa”.

Por eso, desde la formación morada aseguran que Pedro San Ginés está haciendo todo lo posible para que no se investigue tampoco esa adjudicación, por un lado ignorando la sentencia judicial que le ordena revisar el proceso de adjudicación del contrato, y por otro lado impidiendo que cree la comisión de investigación que se aprobó en el Pleno del Cabildo hace meses, retrasando su puesta en marcha cada vez con nuevas excusas.