La acusación popular en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, ejercida por el Grupo Podemos del Cabildo de Lanzarote, ha solicitado que se abra una pieza separada para investigar un posible delito de malversación de caudales públicos en el pago de dos informes jurídicos que han sido utilizados por Pedro San Ginés para sostener su defensa en este procedimiento penal.

Uno de los informes tuvo un coste de más de 17.500 euros y fue encargado por el Consejo Insular de Aguas a Blanca Lozano Cutanda, catedrática de Derecho Administrativo del País Vasco, que también había sido contratada por el empresario Juan Francisco Rosa para actuar como perito de parte en el caso Stratvs, elaborando un dictamen en su defensa. El otro está firmado por el catedrático Manuel Rebollo Puig y fue encargado por el Consorcio del Agua, según se señala en el propio dictamen.

Sin embargo, ninguno de los dos informes ha tenido una utilidad pública y ni siquiera “consta que hayan sido aportados en los procedimientos contenciosos-administrativos” que estaban abiertos con Club Lanzarote por la incautación, por lo que la acusación popular sostiene que “fueron encargados en exclusiva para el procedimiento penal” abierto contra San Ginés. De hecho, los dos se elaboraron pocos meses después de que el presidente declarara por primera vez como imputado en esta causa en agosto de 2015.

A este dato, que ya de por sí refleja cuál era la verdadera finalidad de solicitar esos informes, se suma también la celeridad con la que fueron utilizados para los fines personales de San Ginés, que en uno de los casos tardó solo seis días en aportarlo en la causa penal abierta contra él. Concretamente, uno de los informes está fechado el 18 de noviembre de 2015 y la defensa de San Ginés lo presentó en el Juzgado el 24 de noviembre, mientras que el otro tiene fecha del 30 de noviembre de ese mismo año y se remitió al juez instructor el 18 de diciembre.

La acusación popular ha solicitado la apertura de estas nuevas diligencias en el mismo escrito de calificación en el que pide la apertura de juicio oral contra San Ginés y contra el secretario y el gerente del Consejo Insular de Aguas, Francisco Perdomo y José Juan Hernández Duchemín, y en el que reclama 12 años de inhabilitación para cada uno. “Los hechos descritos podrían ser susceptibles de ser calificados como un delito de malversación, al haber sido encargados para el procedimiento penal en defensa de los acusados”, pudiendo haber sido “costeados con dinero público con la única finalidad de defender intereses personales”, sostiene el escrito, que solicita que se forme una pieza separada “a los efectos de depurar las responsabilidades penales” en las que pudiera haber incurrido el presidente.

Para ello, solicita en primer lugar que se libre oficio al Consejo Insular de Aguas y al Consorcio Insular de Aguas “para que acredite quién ha pagado dichos informes y qué coste han tenido, para proceder en su caso” a la apertura de unas nuevas diligencias. No obstante, al menos en el caso de uno de ellos ya consta que fue costeado con dinero público, tal como confirmó el propio Consejo Insular de Aguas en junio de 2016.

Esa confirmación se produjo en una respuesta al grupo Podemos, que había preguntado por escrito si se habían encargado informes jurídicos relacionados con la incautación de la desaladora de Montaña Roja, así como cuánto habían costado y quién los había pagado. En su respuesta, el gerente del Consejo de Aguas admitió que ese organismo había contratado a Gómez-Acebo & Pombo S.L.P. “la emisión de un edicto / informe relativo a las medidas de incautación de las infraestructuras del ciclo integral del agua en el Plan Parcial Montaña Roja y de la necesidad de autorización judicial, a redactar por un catedrático de Derecho Administrativo, que fue redactado por la Sra. Catedrática Doña Blanca Lozano Cutanda”.

Además, confirmaba que el Consejo pagó 17.500 euros, impuestos no incluidos, por ese informe, que se encargó más de un año después de llevar a cabo la incautación y cuando San Ginés ya había sido imputado, entre otras cosas, por adoptar esa medida sin un solo dictamen jurídico que la avalara. En cuanto al otro informe elaborado también un año después de la incautación, consta que fue solicitado por el Consorcio del Agua, pero este órgano no ha informado del encargo de ese dictamen ni de cuál fue su precio. Ahora, la acusación popular pide que el Juzgado solicite información sobre ambos pagos para investigar un posible delito de malversación.