Ha tenido que ser Podemos Lanzarote quien trasladara la documentación a la fiscalía anticorrupción dieciséis meses y diez notas de prensa después de que la presidenta del Cabildo, la socialista Corujo, anunciara medidas legales contra los supuestos pagos irregulares del Consorcio del Agua e Inalsa al abogado Ignacio Calatayud durante la etapa de su antecesor en el cargo.
Así lo acaba de anunciar Myriam Barros, portavoz de la formación morada en el Cabildo insular, ante el pleno que se celebra durante el día de hoy y en el que ella misma pidió la comparecencia de María Dolores Corujo para que explicara por qué no había hecho nada a pesar de llevar casi año y medio asegurando que tenía conocimiento de graves hechos delictivos por parte de la anterior dirección del Consorcio del Agua.
Estos hechos, que se enmarcan en el concurso de acreedores que la empresa pública Inalsa llevó a cabo durante 2009 y 2010, han desatado una tormenta mediática alimentada por la propia Corujo y que según el criterio de Podemos ha convertido al Cabildo en un “juguete en manos del interés político de turno, contribuyendo con ello a desprestigiar la institución que preside y a restar gravedad a los hechos”.
Barros considera de extrema gravedad que el partido socialista haya estado utilizando la primera institución insular para hacer un “uso partidista de la información y documentación del Consorcio Insular” que ha ayudado a extender “una sombra de duda y desprestigio entre la ciudadanía”.
El Cabildo de Lanzarote emitió hasta diez notas de prensa en las que deslizó documentación del proceso y emitió juicios de valor impropios para una institución democrática y decente. “Si Pedro San Ginés contrató a dedo a un amigo personal, tal y como afirma el actual grupo de gobierno en sus notas de prensa, solo lo puede determinar un juzgado, pues estamos hablando de delitos que se tendrán que investigar y demostrar”, afirman desde Podemos.
Según la formación, el grupo de Gobierno (PSOE y PP) no ha cumplido con su deber de poner en conocimiento del juzgado competente los hechos que ellos mismos califican como posibles delitos de corrupción, lo que dificulta seriamente “que la corrupción deje de ser la marca premium de esta isla, porque la corrupción se juzga ante la justicia y no ante la prensa”.