Concretamente fue el pasado 27 de junio de 2012, cuando los abogados de Batllori presentaron un Escrito en los Tribunales de Justicia, denunciando que el 23 de abril de 2010 fue detenido por 2 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "sin aportar ningún tipo de motivación que justifique semejante medida, y menos cuando el Juzgado no había accedido a ello". Peor aún, durante su arresto no se le trasladó al Juzgado de Guardia de Las Palmas, sino que fue conducido a Lanzarote en un helicóptero, con las manos esposadas, estando todos los medios de comunicación presentes, "de la manera más perjudicial para su reputación".

- Dos días en el calabozo

El Escrito refleja que estuvo "incomunicado durante dos días en las dependencias de la Guardia Civil, antes de pasar a disposición judicial, en un calabozo de 3 metros por 1,5, sin que conste que se haya llevado a cabo durante esos dos días ningún tipo de diligencia de averiguación que justificase su detención o incomunicación". Y que en el Atestado "se intentó de manera forzada e interesada DAR APARIENCIA DELICTIVA a hechos intrascendentes desde el punto de vista penal y se omiten aquellos otros que pudieran desvirtuar la imputación".

-"Todo por 7.000 euros"

A Batllori se le imputan Delitos como Malversación y Falsedad Documental, por "el cobro de facturas en el Ayuntamiento de Arrecife y en INALSA" durante la pasada legislatura, siendo el supuesto mediador en el pago de esas facturas, Dimas Martín; y los artífices en dichos pagos varios ediles del consistorio, como el también imputado José Miguel Rodríguez. En el Escrito presentado en el Juzgado de Las Palmas, recuerda el político: "Y todo por haber cobrado 7.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife".