La decisión del Ministerio de Industria de autorizar perforaciones ultraprofundas a 50 kilómetros de las costas de la isla (Resolución 8694, de 11 de agosto, BOE núm. 196 de 13 de agosto), representa el último y definitivo atropello a la población canaria por parte del connivente binomio formado por Repsol y por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Cabildo de Lanzarote recurrirá la decisión con un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, y ha activado desde esta misma mañana una hoja de ruta con acciones de la máxima contundencia para las próximas semanas y meses que incluyen el más firme apoyo y refuerzo a la movilización ciudadana, e iniciativas en los ámbitos jurídicos, políticos, empresariales, científicos y sociales de toda Europa.

 

 

La decisión de autorizar las perforaciones a sólo 50 kilómetros de las principales núcleos turísticos de Lanzarote y Fuerteventura ha sido promovida deliberadamente por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para defender los intereses exclusivos de la multinacional Repsol contra la voluntad mayoritaria del pueblo canario. El Gobierno de España ha despreciado literalmente los innumerables recursos, alegaciones, manifiestos, mociones, y documentos elaborados en los dos últimos años por el Parlamento y el Gobierno de Canarias, por los Cabildos de las islas, ayuntamientos, entidades científicas, organizaciones sociales, y cientos de miles de personas de las islas y del resto de España.

 

 

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha declarado que “En democracia, ese nuevo atropello no puede ser aceptado ni quedar sin respuesta. Llevamos trece años luchando contra esta agresión, tratando de que nos dejen vivir tranquilos, sin amenazas ni riesgos, por lo que esta decisión es lo último que podemos tolerar. Hasta aquí hemos llegado, si Repsol pretende pinchar frente a la isla tendrá que asumir un coste muy alto en todos los sentidos porque no vamos a permitirlo, somos un pueblo pacífico y hospitalario, pero también digno y fuerte, y vamos a batallar con todas las fuerzas y recursos a nuestro alcance, los nuestros y los que nos brindan desde fuera. Y cuando digo todos, digo todos”.

 

 

La Resolución, de 12 páginas, es frontalmente rechazada por el Cabildo tanto desde el punto de vista procedimental como técnico, y refleja perfectamente la culminación de un proceso administrativo marcado desde su inicio en 2001 por la carencia de cooperación y diálogo, la falta de transparencia y de ocultación de información, la mentira permanente y, en definitiva, por una imposición inasumible tanto por las formas como por el fondo para la población de las islas. “La democracia en Canarias ha sido secuestrada por el PP y por Repsol” , apostilló el presidente San Ginés.

 

 

El texto no responde a ninguna de las nutridas alegaciones presentadas el pasado día 1 ante el Ministerio de Industria por el Cabildo de Lanzarote, pero sí establece una serie de condiciones que evidencian la falta de rigor y los riesgos implícitos que conllevan las perforaciones. Por ejemplo:

 

 

De forma sorprendente, la Resolución del Ministerio de Industria no hace ninguna referencia a los posibles impactos de las operaciones de la petrolera sobre el turismo o sobre los procesos de suministro de agua potable a la población de las islas, a pesar de reconocer la posibilidad de fugas y accidentes graves. Tampoco la reciente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Medio Ambiente hace referencia a los riesgos sobre intereses vitales para la población de las islas, pero ninguna de las alegaciones formuladas por este Cabildo, así como por otras entidades públicas y privadas de Canarias, han tenido ni eco ni respuesta efectiva por parte del Gobierno de España.

 

 

 

La autorización otorgada por el Ministerio de Industria a Repsol contempla la perforación de 3 pozos:

 

1º.- Sandía 1X, profundidad: 3.170 metros con una lámina de agua de 870 m., a 55 km de las islas.

 

2º.- Chiromoya 1X, profundidad: 3.000 metros con una lámina de agua de 1.109 m., a 50 km de distancia de las islas.

 

3º.- Zanahoria 1, profundidad: 6.900 metros con una lámina de agua de 1.022 metros, a 55 km de las islas.

 

 

El Cabildo de Lanzarote lamenta los términos de una Resolución cuyos criterios técnicos han sido supeditados a los criterios políticos del PP. Las declaraciones del ministro Soria, expresando que las catas no tienen nada que ver con Canarias porque se hacen en aguas españolas, y manifestando de forma irresponsable que al realizarse a 50 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura no existe ningún riesgo, solo pueden recibir la condena de las instituciones y de la sociedad canaria, ya que, en caso de accidente o de derrame, y tal como se describe en documentos internos de la petrolera y del gobierno español, LAS ISLAS CANARIAS SE ENCUENTRAN EN ZONA DE IMPACTO.

 

 

La condición segunda de la Resolución publicada hoy establece la obligación de que Repsol contrate un seguro por valor de 40 millones de euros por posibles daños a bienes o a personas en el desarrollo de sus operaciones, y 20 millones para cubrir daños al medio natural, total: 60 millones. Lanzarote recuerda que British Petroleum ha sido condenada a pagar más de 8.000 millones de euros de indemnización por los daños causados en EEUU en 2010 por el accidente de una de sus plataformas petrolíferas, la Deepwater Horizon. Por tanto, la cuantía exigida a Repsol de sesenta millones de responsabilidad civil para el riesgo que entrañan sus operaciones en Canarias solo significa que, en caso de un accidente grave, serán los ciudadanos y ciudadanas los que terminen pagando de sus bolsillos las consecuencias del desastre, tal y como sucedió en Galicia tras la marea negra del petrolero Prestige hace 12 años.

 

 

La condición décima del permiso aprobado desde hoy a Repsol establece la obligación de colocar instrumental de control de terremotos (acelerómetros) tanto en Lanzarote como en Fuerteventura para realizar un seguimiento de los terremotos durante las perforaciones. El documento determina que el radio de referencia sísmico alrededor de las catas es de 20 km, y especifica que si se registra un seísmo igual o superior a 4.5 grados con epicentro en un radio de 75 km en torno al punto de perforación, las operaciones deberán ser detenidas de inmediato. El Cabildo de Lanzarote recuerda que todos los años se registra actividad sísmica de diferentes magnitudes junto a Lanzarote y Fuerteventura, incluyendo seísmos de 4.5 grados y a una distancia inferior a los 50 kilómetros de donde Repsol pretende perforar.

 

El Cabildo presentará un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, y recurrirá la decisión del Ministerio ante los tribunales de Justicia y ante la Unión Europea; la Corporación trabaja ya en la redacción de ambos documentos, ya que el plazo para presentar el recurso de alzada vence el 14 de septiembre, y el recurso para el incidente de nulidad ante el Supremo culmina el 2 de septiembre.

 

 

El vicepresidente primero del Cabildo de Lanzarote, Joaquín Caraballo, ha lamentado la decisión del Ministerio de Industria de autorizar unas prospecciones que entrañan riesgo para Canarias: “el desprecio a Canarias no puede ya calificarse con términos moderados tras dos años de permanentes insultos. Les recuerdo que hace pocos días el propio Rajoy se comprometía a no permitir prospecciones en Baleares si éstas suponían el más mínimo riesgo, y aquí, que el riesgo es reconocido en informes internos tanto por Repsol como por el Gobierno de España, las imponen por la fuerza”.