El TC ha acordado declarar contraria al artículo 23 de la Constitución (ejercicio de los cargos públicos en condiciones de igualdad) la medida contra el transfuguismo que fue incluida en la ley electoral mediante la Ley Orgánica 2/2011, aunque no ha anulado sus actos de aplicación para evitar inseguridad jurídica. El Tribunal Constitucional da de plazo hasta las siguientes elecciones al legislador para que sustituya la norma inconstitucional.

El TC considera legítimo el propósito de actuar contra el transfuguismo pero afirma que las medidas que se adopten no pueden afectar a la garantía de igualdad en el ejercicio de una facultad que pertenece al núcleo de la función representativa: exigir responsabilidades al alcalde y removerlo de su cargo.

Esa facultad no sólo se dificulta sino que se hace inviable en el caso de los concejales que dejan de pertenecer a su grupo municipal de origen, lo que puede deberse a múltiples circunstancias que, sin embargo, la norma no distingue. Así, no valora el significado que puede tener que, como ocurre en el caso de Tacoronte, la práctica totalidad de los miembros del grupo municipal lo abandonasen.

Para el TC, la norma vulnera la libertad de mandato de los concejales, que quedan subordinados a su grupo municipal y a su partido y dependientes de las instrucciones que reciban y de la fiscalización que se haga del ejercicio del cargo.