Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Canarias ha denunciado hoy que la nueva normativa referida a la autorización y desarrollo de espectáculos públicos, que ha aprobado el Gobierno de Canarias, imposibilitará en la práctica el desarrollo de las fiestas populares en los barrios “tal y como las conocemos”.

Así lo ha explicado hoy el responsable de Organización de UPyD en Canarias, Carlos Jiménez, quien ha apuntado que “la seguridad en cualquier evento tiene que ser una prioridad incuestionable”, pero ha añadido que los requisitos a los que obliga esta norma harán prácticamente imposible el desarrollo de las fiestas populares, puesto que las asociaciones de vecinos o los organizadores de las mismas se verán obligados a desembolsar 1.000 euros para poder llevarlas a cabo.

Al respecto, la formación magenta ha defendido siempre que la “seguridad en un espectáculo público es imprescindible, pero que no es negociable”, y en este sentido las normas han de hacerse atendiendo a la realidad y “a la razón”.

Según la legislación autonómica, para hacer un espectáculo de marionetas en cualquier parque de un municipio hace falta que un técnico cualificado certifique que el teatrillo que se usa “se monte, funcione y se desmonte de forma correcta”, y eso que es “sólo un teatrillo de marionetas”, ha apuntado Jiménez.

Es más, ha denunciado que la norma “no discrimina” según el tipo de espectáculo ni la afluencia prevista, cuando “no es lo mismo un concierto de rock que una función de títeres” en relación a la programación del plan de seguridad de cada evento.

“Vemos una vez más como esta medida del Gobierno de Canarias es otra forma más de matar moscas a cañonazos”, ha asegurado el responsable de Organización de UPyD en Canarias.

Para Jiménez, el motivo de hacer  “este desatino” tiene una explicación muy sencilla, que no es otra que “dar trabajo a los amigos de los partidos que gobiernan en cada Ayuntamiento”, puesto que la ley exige la certificación de un técnico competente.

“Esta norma se hace para que algunos amigos tengan una nueva forma de obtener ingresos a costa de los vecinos y vecinas de los barrios”, ha incidido Carlos Jiménez.

O lo que es peor, “va buscando el clientelismo político de las asociaciones de vecinos”, es decir que las entidades vecinales afines al grupo de gobierno no paguen por organizar sus fiestas, mientras que el resto si han de asumir los costes de la misma.

Por todo lo expuesto, UPyD insta a todos los Ayuntamientos de Canarias a desarrollar las ordenanzas correspondientes para que sean los propios consistorios los que asuman la organización de estas fiestas.

“Tenemos que tener en cuenta que las fiestas de los barrios son parte del acervo cultural de nuestra tierra, y cada una de ellas tiene sus características especiales que debemos defender”, ya que además sirven de cohesión social para todos los vecinos del barrio, “así como para los que las visitan”.

Para defender esta riqueza cultural, UPyD en Canarias exige a todos los Ayuntamientos que pongan en marcha las ordenanzas correspondientes y las oficinas técnicas necesarias para que “toda la documentación requerida para la celebración de las fiestas populares no sean un impedimento para su celebración”.

 Al fin y al cabo, “los que mejor conocen la problemática de cada barrio son los propios técnicos municipales”, ha concluido Jiménez