Unión Progreso y Democracia, UPyD, ha vuelto a insistir en la necesidad de cambiar la Ley Electoral y ha exigido al Gobierno que proponga una reforma que la haga más justa y que permita que el voto de un ciudadano valga lo mismo independientemente del lugar de España donde viva. La regeneración democrática de la política española exige reformar la ley electoral nacional y las autonómicas.

Unión Progreso y Democracia, UPyD, ha vuelto a insistir en la necesidad de cambiar la Ley Electoral y ha exigido al Gobierno que proponga una reforma que la haga más justa y que permita que el voto de un ciudadano valga lo mismo independientemente del lugar de España donde viva. La regeneración democrática de la política española exige reformar la ley electoral nacional y las autonómicas.

Si el principal factor del desarrollo de las sociedades libres es la calidad de su democracia y de sus instituciones, no debe extrañarnos que en Canarias se obtengan los peores índices en paro, pobreza y fracaso escolar, citando sólo algunos. Nuestro sistema electoral no sólo es el de menor proporcionalidad, sino que además es el más restrictivo. El voto de un ciudadano canario tiene distinto valor dependiendo de la isla en la que se habite. Nuestro sistema electoral establece que el 17% de la población (islas no capitalinas) elija la mitad de los diputados del Parlamento Canario. Por tanto, muchos de los votos de los ciudadanos que viven es las islas más pobladas no se traducen en escaños. Esta diferencia de representatividad constituye el caso más extremo en comparación con el resto del estado.

Pero nuestras diferencias no quedan sólo ahí. Para que una fuerza política pueda tener representación debe superar entre el 3% y el 5% de los votos a nivel autonómico, es lo que se llama la barrera electoral. En Canarias la citada barrera autonómica, no sólo es la más alta del estado, un 6%, sino que además hemos de sumar otra barrera electoral a nivel insular, de un no despreciable 30%. Por ejemplificar, si un partido consiguió un diputado en una comunidad autónoma gracias a que superó la barrera del 3% en su región; de aplicársele la normativa canaria hubiese necesitado multiplicarlo casi por diez. Lo que ha provocado que, en las últimas elecciones autonómicas en Canarias (mayo de 2011), varios partidos minoritarios se hayan unido justamente para poder superar las citadas barreras electorales.

Otra singularidad es que somos la única comunidad autónoma con número de diputados par, todas las demás tienen número impar (uno); el resultado es que la distancia a la mayoría no estará en un diputado sino en dos. Asimismo, los obstáculos legales para reformar nuestro sistema electoral son varios. Nuestra ley electoral es la más blindada del conjunto del estado, exige 2/3 del Parlamento para cambiarla. Además el artículo 2 punto 6 de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular de Canarias prohíbe recoger firmas para cambiar el régimen electoral.

Unión Progreso y Democracia, UPyD, en Canarias en consonancia con su estrategia a nivel estatal, cree firmemente que en Canarias debe imperar una ley electoral verdaderamente democrática, cuyo cambio pasa por una modificación de nuestro Estatuto de Autonomía. Debemos mejorar la proporcionalidad, incrementando la representación de las circunscripciones capitalinas, reduciendo a su vez las barreras electorales con un tope máximo del 5% y eliminando cualquier obstáculo a la iniciativa política. Para ello es preciso un consenso de todas las fuerzas políticas. Sabemos que los partidos con capacidad para emprender una reforma de estas características se han visto beneficiados por este sistema al recibir más escaños de los que les correspondería en virtud del porcentaje de votos que obtienen. Pero no se trata de cambiar las reglas electorales para que gobiernen otros, sino de favorecer auténticas alternativas que permitan reducir los altísimos índices de paro, pobreza, fracaso escolar, y un largo etcétera, que los que se alternan en el gobierno canario no han sabido solventar.