Alternativa Ciudadana 25 de Mayo reclama que se juzguen los delitos de tráfico de influencias y administración desleal en la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote SA (INALSA). Considera “intolerable” y “delirante” que los responsables de INALSA y del Consorcio de Aguas de Lanzarote no respondan ante los indicios suficientes de comisión de delitos con una “gestión desleal” y la privatización apresurada de INALSA para salvar los bienes embargados de los 16 exconsejeros de esta empresa.

Alternativa Ciudadana 25 de Mayo presentó el pasado 14 de febrero un Recurso de Reforma contra el Auto de 1 de febrero de 2017 en el que se acordó el sobreseimiento provisional de la causa contra los administradores de INALSA. Los asamblearios piden que se reforme esta resolución judicial y que se lleve a cabo el informe pericial contable pendiente “de una sociedad pública que ni siquiera presentaba las cuentas con regularidad ni a la Audiencia de Cuentas de Canarias ni al Registro Mercantil”.

Según el Recurso de Reforma, el Auto de sobreseimiento infringe el artículo 24 de la Constitución española, por falta de motivación en la resolución de archivo, y del artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), pues no se ha agotado la posibilidad de averiguación del objeto de la instrucción.

 Destacan desde Alternativa Ciudadana que no se ha realizado un examen de la contabilidad ni de las cuentas corrientes titularidad de  INALSA para identificar así los traspasos monetarios entre ésta y el Consorcio Insular de Aguas desde 2006 a la actualidad, así como su justificación contable o mercantil.

Tampoco se ha verificado si el destino final de las cantidades invertidas por INALSA en reparaciones tuvieron de forma efectiva ese destino, mediante el control de facturas, órdenes de trabajo y personal que las ejecutó en los ejercicios 2006 a la actualidad; “y se compruebe si existen partidas o gastos no justificados realizados por  INALSA en el mismo periodo antes reseñado”, se indica en el Recurso interpuesto.

El movimiento político y social lanzaroteño afirma que resulta conveniente la práctica de la pericial contable acordada en autos para la adecuada instrucción de los hechos objeto de denuncia, “sobre todo cuando estamos en presencia de una sociedad pública que no presentaba las cuentas con regularidad ni a la Audiencia de Cuentas de Canarias ni al Registro Mercantil, lo que debe deducirse como un intento deliberado de ocultar la situación real de la empresa al no poner en conocimiento público la situación de insolvencia que arrastraba la empresa”.

Además, se recuerda que otro ejemplo de la caótica contabilidad de INALSA es la condena por el laudo arbitral como consecuencia del procedimiento arbitral instado por FCC Construcciones SA y Servicios y Procesos Medioambientales, en el que ni tan siquiera compareció INALSA, dictándose un fallo el 9 de junio de 2006 por el que se le condenaba al pago de 9.561.714 euros.

Por último, Alternativa Ciudadana 25 de Mayo ve indicios suficientes de comisión de delitos para continuar con la instrucción.  “De la instrucción practicada existen indicios suficientes para imputar a los miembros del Consejo de Administración, así como contra aquellas personas que han ostentado la Gerencia de INALSA, como a los miembros del Consorcio de Agua de Lanzarote, entre las fechas comprendidas del 10 de julio de 2005 a 13 de septiembre de 2013 de la comisión de un delito de administración desleal y de un delito de tráfico de influencias”.

Añade que “los casi dos millones de euros en propiedades de estos gestores hubieran sido un aval más que suficiente para contentar a las empresas acreedores, mientras se liquidaba INALSA y el Consorcio renegociaba el pago de la deuda”.