El presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Pedro San Ginés, explica como se recordará, Andrés Barreto y Alternativa Ciudadana denunciaron no sólo la gestión de Inalsa previa a la intervención judicial, sino también que se investigará la cesión del canon, además del propio concurso y su adjudicación del concurso de la gestión del ciclo integral del agua para pago a los acreedores, por entender que la Asamblea del Consorcio con su presidente a la cabeza habían delinquido.

El auto decreta “no encontramos reproche penal al acuerdo en virtud del cual el Consorcio asume el pago a los acreedores de Inalsa” e incluso añade que “no existe dudas de que el Consorcio debía responder de las deudas de Inalsa”.

Pues bien, el caso es que ante esta denuncia de Alternativa Ciudadano el magistrado-juez, solicitó informe a la Audiencia de cuentas que concluyó que la decisión del Consorcio como responsable subsidiario de la deuda fue ajustada a derecho. El juez ha decretado “no se evidencia ilícito penal” en el aumento en la condición de acreedor del Consorcio”, ya que “no se debía a pago de canon alguno, sino a que el Consorcio asumía el pago de determinados servicios que debía corresponderles a Inalsa y que ello tenía como consecuencia el aumento de su condición de acreedor. En ningún caso, como así manifestaron, detectaron pagos indebidos o transferencia monetarias sin justificas desde Inalsa al Consorcio”.

Igualmente archivaron las diligencias que investigaba la querella en la que estaban siendo investigados los gerentes y consejeros delegados anteriores al procedimiento concursal Inalsa (Insular de Aguas SA).