La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las prospecciones petrolíferas en Canarias no evalúa ni se pronuncia sobre el riesgo de derrame por accidente en el pozo de perforación y lo remite al criterio de la propia multinacional petrolífera Repsol. El Gobierno de España publica hoy en el Boletín Oficial del Estado, el mismo día que se reúne el Tribunal Supremo, la Resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto ‘Perforación de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 'Canarias 1 a 9'. Para el Cabildo de Lanzarote la publicación de esta DIA en la jornada en la que se reúnen los magistrados puede suponer una burda manera de influir sobre el Tribunal Supremo, dándole a enteder que las operaciones no tienen ningún peligro, y esto es absultamente inaceptable.
La autorización definitiva debe ser ahora concedida por el Ministerio de Industria, que dirige José Manuel Soria. Será este Ministerio el responsable de conceder una autorización sobre unos proyectos petrolíferos sobre cuyos riesgos de accidentes no se pronuncia la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
La DIA, hoy conocida, tampoco valora el impacto social de estos proyectos, pese a que hace apenas 72 horas las islas acogieron la mayor manifestación popular de su historia en contra de las actividades petrolíferas de la multinacional Repsol. Y a la existencia de múltiples informes que denuncian la afección al sector turístico y a la población en general a través de los sistemas de desalación de agua que abastecen al 100% de la población de las dos islas orientales.
Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, reclaman al Ministerio de Industria que dirige José Manuel Soria, que pare la tramitación en este punto y no publique la autorización definitiva, atendiendo a las carencias detectadas en todo el proceso y a la masiva oposición de la sociedad canaria a estos proyectos, constatada este pasado fin de semana.
De un primer análisis del documento publicado hoy se desprende que desligan el riesgo de accidentes del proyecto y no establecen medidas obligatorias sino meras recomendaciones, en el siguiente sentido:
“En relación con el análisis de los sucesos accidentales descrito en el apartado B, para su consideración en la autorización sustantiva del proyecto, se ha estimado el riesgo ambiental para el archipiélago canario, suponiendo un caudal de blowout de 3.000 bbl/día que sin la aplicación de las medidas de lucha contra la contaminación,podría tener unas consecuencias que el promotor ha estimado en el estudio de impacto ambiental y adendas”.
De esta forma, la DIA no se pronuncia sobre dicho riesgo y no señala “las condiciones que deban establecerse” para casos de derrame accidental, sino unas meras recomendaciones y siempre de acuerdo con lo que proponga el promotor, no el propio Ministerio.
Sin embargo, el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, establece al respecto:
“Una vez realizado el trámite de información pública y con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de que se trate, el órgano sustantivo remitirá el expediente al órgano ambiental, acompañado, en su caso, de las observaciones que estime oportunas, al objeto de que se formule una declaración de impacto ambiental, en la que se determinen las condiciones que deban establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales” (negrita añadida) [art. 12.1 RDL 1/2008].
Es decir, según la propia legislación española al formular la DIA el Ministerio de Medio Ambiente tiene que indicar claramente las condiciones que deben establecerse para una adecuada protección del medio ambiente, en lugar de dejarlas a criterio de la multinacional petrolera, como se hace en este caso.
Cabe recordar que sobre este aspecto se ha incidido especialmente durante el periodo de alegaciones de agosto de 2013. Inicialmente el proyecto de la multinacional Repsol sólo establecía precauciones para un derrame accidental de 1.000 barriles diarios. Sin embargo a través de las más de 11.000 alegaciones presentadas en Canarias se reclamó un estudio para un derrame accidental de al menos 30.000 barriles diarios, atendiendo a la opinión de los especialistas internacionales y de la experiencia del accidente del Golfo de México en 2010. El Ministerio de Medio Ambiente, no obstante, se conformó por reclamar un estudio para 3.000 barriles diarios.
Así y todo, la propia simulación en laboratorio costeada por Repsol indica que para un escenario de un derrame accidental en verano de 3.000 barriles por día, la marea de petróleo llegaría en un 85% de los casos a Fuerteventura, en un tiempo estimado inferior a 48 horas. En invierno la probabilidad de llegada de la marea negra a Fuerteventura es del 71%, en poco más de 48 horas.
Fuerteventura sería por lo tanto la Isla más directamente afectada en la simulación de Repsol, que para Lanzarote indica una probabilidad de llegada a la costa del 28% (y 3’5 días) en verano y del 2’6% (y 37 días) en invierno. El resto de islas y la costa africana no se librarían sin embargo de los efectos de la marea negra: antes o después su extensión alcanzaría a prácticamente todos los rincones.
El desastre del Golfo de México y su reflejo en Canarias
El escenario de los 3.000 barriles diarios no es suficiente. En las alegaciones presentadas en septiembre desde Canarias se incluía el informe de Rick Steiner, profesor de la Universidad de Alaska hasta 2010, especialista en conservación marina y asesor de una decena de países en materia de perforaciones en mar abierto, Rick Steiner señaló “el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no reconoce ni recoge las normas de seguridad más estrictas que se impusieron en Estados Unidos tras la catástrofe de la Deepwater Horizon en 2010”.
El pozo 1 que pretende perforar Repsol en el EIA tendría una profundidad total de 6.800 m, esto es, un 20% más que el de Macondo, construido por ‘Deepwater Horizon’ en el Golfo de México, en el que se produjo el accidente en 2010. Este último presentaba una profundidad de 5.596 m y una presión de formación de más de 13.000 psi. La prospección de Repsol 2 tiene una profundidad total de 6.370 m. “Por lo tanto, la presión, la temperatura y los riesgos de los pozos de las Islas Canarias serían comparables, por no decir significativamente mayores, que los del pozo Macondo, que registró un fallo de consecuencias catastróficas”, resume Steiner.
En vista de que la profundidad, la presión y la complejidad operativa que de algunos de los pozos de aguas profundas pueden ser iguales o mayores que el de Macondo (derrame del Golfo de México, 2010), “un peor supuesto posible de derrame más verosímil para el proyecto de prospección en las Islas Canarias sería 30.000 barriles/día durante 60 días, es decir, 1,8 millones de barriles en total”. Esta cifra es muy superior al "peor supuesto" previsto en el EIA” que Repsol y el Ministerio tramitaron.