La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) sigue trabajando para que el perro callejero «Timple», que sufrió una espantosa agonía y muerte en Teguise (Lanzarote), no quede relegado al olvido, pues, como establece una sentencia del Juzgado de Instrucción nº 1 de Arrecife, Timple «murió por asfixia, dado que con la brida y la cinta aislante no tenía opción alguna de abrir la boca», y ello como consecuencia de que los acusados, «con idéntico ánimo de atentar contra la integridad física del perro, lo amarraron de las extremidades delanteras y traseras, le pusieron una brida en el hocico y le cerraron toda la boca con cinta aislante». Estos son hechos probados.
Por su parte, ANPBA quiso conocer si el Ayuntamiento de Teguise , en su responsabilidad legal «in vigilando», desplegó todos los medios más efectivos, adecuados y humanitarios para recoger de la calle a «Timple» e ingresarlo en un centro de acogida y darle así la posibilidad de una tener una adopción legal, pues la Ley 8/1991 de Protección Animal de Canarias establece que es competencia municipal la recogida de animales callejeros (arts. 17 y 22) y «Timple» llevaba años en la calle en esa condición de animal vagabundo. De hecho, le apodaron «Timple» por el nombre de la calle de especial querencia del animal; por tanto, se trataba de un perro acostumbrado a la zona, y de fácil localización a efectos de su recogida. Además, no era un animal agresivo.
Por ello, en agosto de 2020, ANPBA solicitó a la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias (véase artículo de 25.08.2020, publicado por La Verdad de Lanzarote) que iniciase un procedimiento investigativo en la vía administrativa, basando ANPBA su solicitud en la Ley de Protección Animal de Canarias, cuyo artículo 29 determina la competencia del Gobierno de Canarias.
El Diputado del Común interviene ante el mutismo del Gobierno de Canarias
Como transcurrió sobradamente el plazo legal de tres meses, establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, sin que la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias cumpliera su deber legal de dar una respuesta motivada a la solicitud formal de ANPBA, la asociación elevó una queja formal ante el Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes, quien recientemente la ha admitido a trámite.
ANPBA sostiene que únicamente un reforma legislativa en profundidad lograría una verdadera protección de los animales ante actos crueles como el que padeció «Timple».
En este sentido, el Gobierno de España está propiciando ya importantes modificaciones legislativas para una mayor protección de los animales, como, por ejemplo, la reforma del Código Civil para que los animales dejen de ser considerados "cosas", o la colocación de cámaras de videovigilancia en mataderos y laboratorios de experimentación animal.
Por ello, ANPBA ha solicitado al Gobierno de España, y confía en que éste la lleve a cabo, una modificación sustantiva, también, del Código Penal, para que la pena máxima, que actualmente es de 18 meses, se eleve a un mínimo de tres años, cuando se produzca el maltrato o la muerte de un animal, de modo que los maltratadores puedan ingresar efectivamente en prisión, lo que actualmente no ocurre.