El Cabildo de Lanzarote firmó esta mañana en las dependencias que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno autónomo tiene en Gran Canaria, el acta de reconocimiento de la carretera de Tahíche. Pero esta rúbrica conlleva el condicionamiento aceptado por el Gobierno de Canarias de subsanar en el plazo de tres meses las deficiencias y carencias que esta vía presenta respecto del proyecto ejecutado, consensuado en su momento por ambas administraciones.
Según explicó el consejero insular de Vías y Obras, José Antonio Gutiérrez, “con esta firma, el Cabildo será desde hoy la administración responsable de la explotación de este vial”. Dentro de estos condicionantes se encuentran aspectos como la adecuación de canalizaciones, señalética, limpiar arquetas y desagües... Asimismo, apuntó Gutiérrez que “habrá un proyecto complementario en el que se contempla el ajardinamiento del entorno con riego automatizado, la dotación e instalación de mobiliario urbano, y la adecuación de la mediana a los términos que se detallaban en el proyecto inicial”.
Respecto del alumbrado de esta carretera, José Antonio Gutiérrez explicó que “el Gobierno de Canarias remitirá al Cabildo el proyecto, una vez aprobado por la Consejería de Industria del Ejecutivo autónomo, para que sea la Corporación de Lanzarote la que contrate el suministro eléctrico”.
La rúbrica plasmada esta mañana y la aceptación por parte del Ejecutivo de Paulino Rivero de la citada acta alternativa con los términos del compromiso de acabado de la carretera de Tahíche en el plazo acordado de noventa días, desbloquea la situación en que había quedado esta infraestructura. Cabe recordar que el pasado 1 de octubre el Cabildo se negó a recepcionar esta vía, una vez que el Gobierno autónomo la recibió el 27 de septiembre de manos de la UTE adjudicataria de este proyecto, formada por Dragados y Horinsa.
En aquel momento, el consejero de Vías y Obras del Cabildo de Lanzarote, José Antonio Gutiérrez, expresó su deseo de que “el Gobierno de Canarias solvente esta situación a la mayor brevedad”, e insistió en que “el Ejecutivo de Rivero debía respetar los términos del proyecto inicial como condición fundamental para que el Cabildo asuma la gestión y explotación de esta infraestructura”.