Aparte de Francisco Rodríguez Batllori,en esta pieza del Caso "Unión" están imputados: la ex-Consejera Delegada de INALSA, Plácida Guerra; el ex-Gerente de la empresa pública, Rafael Elorrieta; los ex-concejales capitalinos José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco; y Dimas Martín. Todos ellos están acusados de "haber contribuido supuestamente a pagar facturas ficticias a Rodríguez Batllori" desde las citadas instituciones. Para el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, "se estaba pagando a través de la administración pública, el asesoramiento privado de Batllori a DImas por temas vinculados a su situación jurídica y penitenciaria".

En las diligencias del Caso "Unión", se acredita que Batllori cobró entre marzo de 2008 y abril de 2009: 16.941,18 euros de Arrecife; y 0tros 26.089,40 euros de INALSA. Pero los ex-concejales capitalinos imputados (anteriormente reseñados) no sabían "qué funciones tenía encomendadas,en concepto de qué lo hacía,mediante qué tipo de contrato, si llegó apresentar algún informe en el sentido que fuera,cuáles eran las necesidades que venía a cubrir o por qué las corporación precisaba de un letrado".

- Los pagos de INALSA

En el sumario se refleja que "los concejales y cargos de INALSA, en concreto la imputada Plácida Guerra en concepto de consejera delegada y Rafael Elorrieta (yerno de Dimas Martín Martín) en concepto de gerente, siguiendo las instrucciones de Dimas, cerraron un acuerdo verbal con Batllori consistente en el pago de cantidades bimestrales con cargo a los fondos públicos del Ayuntamiento y de INALSA a los que tenían disposición, una vez Batllori presentara, a modo de justificación, unas facturas en concepto de minutas de honorarios por labores de asesoramiento, plenamente conscientes de que la documentación mercantil presentada era inveraz, en tanto que no respondía a trabajo alguno".