10:17 h. viernes, 29 de marzo de 2024

El Juzgado nº 5

Aureliano Montero González  |  22 de noviembre de 2012 (16:34 h.)

FOTO: JAZZ SANDOVAL EN GOOGLE. La Juez María Jesús Hernández Elvira, reciente titular del Juzgado nº 5 de Arrecife, ha levantado el secreto de sumario de la pieza mayor del Caso "Unión", la conocida como Operación "Jable". Esta parte del procedimiento se refiere a las actividades presuntamente delictivas del ex-Jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Arrocha, quién a su vez era socio de varias empresas a las que contrataba el consistorio; de la misma forma se investiga el supuesto cobro de comisiones por parte de la ex-alcaldesa, Isabel Déniz, por la contratación de la obra del Pabellón Deportivo de Argana.
 

Los imputados en esta pieza de la macro-operación "Unión" son: el líder histórico del PIL, Dimas Martín, actualmente en prisión; su brazo derecho, Matías Curbelo; la ex-Alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz; el que fuera Secretario del PSOE insular, Miguel Ángel Leal; el ex-Secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero; Rafael Arrocha, ex-Jefe de la Oficina Tecnica del citado ayuntamiento y socio de tres empresas (Gamma 3 SL, Gamma Install SL e Infraestructuras Cascosa), cuyos servicios contrataba el consistorio; Manuel Spínola (ingeniero del Cabildo y socio de Arrocha); Julio Romero, Daniel Hernández y Rafael Antonio Corujo (también socios de las reseñadas empresas).

Especial relevancia tiene en este apartado de la Operación "Unión", las relaciones de la empresa Urbaser con determinados cargos públicos del ayuntamiento capitalino. Es aquí donde tienen fundamento las imputaciones de: Jacinto Alvarez (antiguo responsable insular de Urbaser); Francisco José Martínez (Director de obras); Stephan Jean Antoine Balverde (Gerente); Santiago Alonso (Director de limpieza y jardinería) y Manuel Andrés Martínez (Director de servicios urbanos).

También se investiga la adjudicación de la obra del Pabellón de Deportes de Argana Alta a la empresa Fomento de Contrata y Construcciones (FCC), por el que supuestamente se pagaron comisiones a la entonces Alcaldesa, María Isabel Déniz. Por ello están imputados: Francisco Javier Armas López (Administrador de FCC); y Marco Aurelio Hernández Guerra (Encargado de obras de FCC).