El procedimiento se inició cuando el Ministerio Fiscal presentó una "solicitud de jurisdicción voluntaria  con el fin de obtener la autorización judicial para administrar a Doña MCSA la vacuna frente al COVID-19 en protección de su vida y salud". E inmediatamente se procedió al nombramiento de defensor judicial, "y se practicaron las diligencias que se consideraron pertinentes en la comparecencia" que tuvo lugar el pasado 1 de octubre.

Al respecto, los tribunales han recalcado que "en el supuesto de la vacunación con motivo de la pandemia COVID-19 nos hallamos ante una VACUNA VOLUNTARIA, y así lo recuerda la Estrategia de Vacunación frente a la COVID 19 emitida por el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación de la ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud". Añadiendo que "sin perjuicio del deber de colaboración que recae sobre los individuos, la vacunación frente  a COVID-19 SERÁ VOLUNTARIA, y ello, a salvo de lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas (EDL 1986/10073) especiales en materia de salud pública".

Matizando que "se considera  importante registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población".

- Inexistencia de razones médicas para administración forzosa de la vacuna

Tal y como recoge la sentencia, "en el presente caso, el guardador de hecho ha explicado en la vista las razones por las cuales, por el momento, no desea que vacunen a su esposa, y que están amparadas fundamentalmente en la falta de prescripción o receta médica, y en la ausencia de consentimiento informado". Recalcando que el marido de la convaleciente "aparece como correcto cuidador de su esposa, preocupándose por comprender la medicación que se le suministra y los efectos negativos que puedan causar a su esposa, habiendo tomado la decisión de no vacunar por el momento a su mujer, decisión que ha de ser respetada, en atención al carácter voluntario de la vacuna y a la inexistencia de razones médicas suficientes para su administración forzosa".

Añadiendo el Juzgado de Telde que "pese a la deseabilidad de que la vacunación alcance a la mayor cantidad de población posible, como medio eficaz para luchar contra la pandemia; entendemos que en el caso de autos debe primar la voluntad del guardador de hecho por cuanto siendo la vacuna de carácter voluntario, no se han acreditado razones médicas fundadas y concretas que justifiquen la necesidad de suministrar la vacuna a doña MCSA, máxime cuando no se ha acreditado que esté sometida a un riesgo alto de contagio y por otro lado por cuanto no consta que pertenezca a un especial grupo de riesgo ni que sea, a priori, especialmente vulnerable a la enfermedad".

Por lo cual, falla que "no ha lugar a conceder autorización para proceder a administrar a MCSA la vacuna frente al COVID-19 en contra de la voluntad de su guardador de hecho".