19:58 h. miércoles, 19 de enero de 2022

TAMBIéN SOLICITA UNA FIANZA DE 240.000 EUROS A DIMAS MARTíN

El Juzgado reclama una fianza de 1 millón de euros al ex-Jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife

laverdaddelanzarote.opennemas.com  |  21 de marzo de 2016 (17:24 h.)
Rafael Arrocha 2

La titular del Juzgado nº 5 de Arrecife ha reclamado una fianza de más de 1 millón de euros, al ex-Jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, Juan Rafael Arrocha Arrocha, por su presunta implicación en una de las piezas más importantes del Caso "Unión".

El que fuera Jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, está acusado de: delitos contra la Administración Pública en sus modalidades de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, cohecho, delito de exacciones ilegales, revelación de información privilegiada y fraude a la administración, actividades prohibidas a los funcionarios públicos y falsedad documental.

El resto de los 17 acusados son:

Dimas Martín (fundador del PIL): por los delitos contra la Administración Pública de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y uso de información privilegiada.

María Isabel Déniz (alcaldesa de Arrecife cuando se cometieron los hechos): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, tráfico de influencias, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración, información privilegiada, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Felipe Fernández Camero (secretario del Ayuntamiento en el periodo de los hechos que se le imputan): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, prevaricación administrativa, falsedad documental, revelación de información privilegiada y fraude a la administración.

Matías Curbelo Luzardo (miembro del PIL y 'mano derecha' durante años de Dimas Martín): por delitos contra la Administración Pública  de cohecho, malversación y fraude a la administración y prevaricación.

Francisco José Martínez Llerandi (director de Obras y Conservación de Urbaser): delito de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Stephan Jean Antoine Balverde (gerente de Urbaser): delito de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Jacinto Álvarez de la Fuente (empleado y responsable de Urbaser): delitos de cohecho, prevaricación Administrativa, tráfico de influencias, exacciones ilegales, revelación de información privilegiada y fraude a la administración y falsedad documental.

Santiago Alonso Herreros (director de Limpieza y Jardinería de Urbaser): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Manuel Andrés Martínez (director de Servicios Urbanos de Urbaser): por delitos contra la Administración Pública  de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Francisco Javier Armas López (administrador de FCC): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Manuel Jesús Isidro Spínola Perdomo (proyectos Gamma 3, Gamma Install S.L. e Infraestruturas Cascosa S.L.): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración, delito de actividades prohibidas a funcionario público y prevaricación.

Julio Romero Ortega: por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Daniel Hernández Caraballo: por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Rafael Antonio Corujo Gil de Montes: por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Enrique Astorga González (FCC): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.

Enrique José Hernández Martín (FCC): por delitos contra la Administración Pública de cohecho, malversación y fraude a la Administración y prevaricación.