El fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, ha informado este lunes que han presentado un escrito de acusación por un delito continuado de cohecho contra los imputados Fernando Becerra Robayna y Luis Lleó Kuhnel por el denominado 'Cohecho Costa Roja', que dio origen a la conocida 'Operación Unión' en Lanzarote, siendo esta una de las piezas separadas en las que está dividida la causa.

   Así, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado el escrito del denominado 'Cohecho-Costa Roja' (Procedimiento del Tribunal del Jurado nº 1/2012 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Arrecife de Lanzarote) que ha sido elaborado por el fiscal decano de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la citada Fiscalía provincial, Javier Ródenas.

   En el escrito, según informa la Fiscalía, señala que se interesa la apertura del juicio oral contra Fernando Becerra Robayna y Luis Lleó Kuhnel, después de que el alcalde de Yaiza en 2006, José Francisco Reyes Rodríguez, concediera por decreto de Alcaldía licencia a la entidad mercantil 'Costa Roja SL', propiedad del promotor Luís Lleó.

   Sin embargo, el Cabildo de Lanzarote al conocer que se había otorgado dicha licencia decidió recurrir ante los tribunales para anularla por "su manifiesta ilegalidad con la normativa urbanística", ya que se trataba de un proyecto de construcción que "va en contra" de los parámetros urbanísticos globales al prever una edificabilidad cuatro veces superior a la permitida, autorizando la licencia un uso distinto al establecido, todo ello en un suelo urbanizable que "ni ha sido sectorizado ni cuenta con plan parcial que lo desarrolle".

   Posteriormente, en el verano de 2007, el Cabildo de Lanzarote solicitó la paralización cautelar de las obras ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, a lo que se sumaría que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria dictara la suspensión de la licencia urbanística de construcción, así como el cese de cualquier tipo de obras en la parcela propiedad de Luís Lleó.

    Por su parte, el consejero insular Carlos Espino interpuso una querella por prevaricación urbanística ante el Juzgado de Instrucción Número 8 de Arrecife por el otorgamiento de la citada licencia.

   Tras estos hechos, Lleó, debido a las "pérdidas millonarias" que provocaba la decisión de paralizar sus obras, "ideó un plan para conseguir por todos los medios desbloquear" la situación.

   En este sentido, conocía "perfectamente que la llave del desbloqueo" de su macrourbanización estaba en Carlos Espino, por lo que "diseñó una estrategia criminal para ganarse su voluntad" y Lleó se convirtió en el "corruptor que movido por el desmedido afán de enriquecerse a toda costa", atacando así la "imparcialidad y la transparencia" en la gestión pública, prometió una cantidad dineraria para que un funcionario público influyera en los funcionarios del Cabildo adscritos al servicio insular de planeamiento y en la presidenta de la institución insular en aquella época, Manuela Armas, para conseguir un beneficio económico.

   Respecto al intermediario que eligió Lleó para intentar obtener sus beneficios fue Fernando Becerra Robayna, que "accede a ser el intermediario en el soborno a cambio de repartirse las ganancias del dinero ofrecido en nombre de Luís Lleó, al consejero --Carlos Espino--, como parte de la comisión".

   Por todo ello, la Fiscalía Provincial de Las Palmas pide para Lleó por el delito continuado de cohecho seis años de prisión y una multa de un millón de euros; mientras que para Fernando Becerra Robayna solicita un año y seis meses de prisión, así como 200.000 euros de multa.