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La futura empresa adjudicataria tendrá que pagar un canon fijo de 50 millones de euros

la verdad de lanzarote  |  02 de noviembre de 2012 (14:59 h.)
El presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha dado conocer este viernes las condiciones que rigen el concurso público que este mismo día ha sido anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y por el cual se pretende externalizar la gestión del Ciclo Integral del Agua en las islas de Lanzarote y La Graciosa, destacando de manera especial que las condiciones establecidas para este proceso impiden cualquier aumento de tarifas por parte de Inalsa en los próximos cuatro años.

El Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas ha publicado hoy las bases para el "procedimiento abierto de la concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en la isla de Lanzarote", es decir, la PRIVATIZACIÓN de Insular de Aguas Lanzarote (Inalsa). Las condiciones del contrato implican conceder a una empresa privada "el ciclo integral del agua" en la isla (abastecimiento, saneamiento y reutilización) "durante un periodo de 25 años" con un "presupuesto base de 120 millones de euros, sin incluir impuestos". Todo ello con una garantía provisional de 1 millón de euros, una garantía definitiva de 6 millones de euros, "junto a otra complementaria" de 2 millones de euros. A partir de hoy, las empresas interesadas tienen 40 días para presentar sus ofertas.

Según publicó el BOP, "la apertura de ofertas tendrá lugar el 1º y 3º lunes de cada mes a las 09,30 en un acto público", ascendiendo los gastos de licitación a 100-000 euros. El licitador estará obligado a mantener su oferta durante 3 meses.

- Rueda de prensa

El presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha dado conocer este viernes las condiciones que rigen el concurso público que este mismo día ha sido anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y por el cual se pretende externalizar la gestión del Ciclo Integral del Agua en las islas de Lanzarote y La Graciosa, destacando de manera especial que las condiciones establecidas para este proceso impiden cualquier aumento de tarifas por parte de Inalsa en los próximos cuatro años.

Acompañado por el vicepresidente primero del Cabildo, Joaquín Caraballo, y el gerente del Consorcio del Agua, Iván Ranz, San Ginés, ha detallado los requisitos y condiciones que deben cumplir las empresas que pretendan presentar oferta en esta licitación “cuyo Pliego de Condiciones es inédito por las extraordinarias condiciones que proponen para la Administración Pública”, según ha destacado San Ginés.

En este sentido, y para tranquilidad de los más de 65.000 abonados que actualmente tiene Inalsa, el grupo de gobierno del Cabildo ha confirmado que el hecho de que este servicio pase a ser gestionado por un tercero no significará un aumento de las tarifas. Por contra, el Pliego de Condiciones al que los interesados pueden tener acceso a través del Perfil de Contratante de la página web del Cabildo de Lanzarote, “recoge la imposibilidad de incrementar las actuales tarifas de abastecimiento y saneamiento durante los próximos cuatro años”, explicó el Presidente, quien detalló que sólo a partir de 2017, es decir, después de cuatro años de gestión, “el futuro concesionario tendrá la posibilidad de proponer al Consorcio del Agua de Lanzarote un aumento limitado exclusivamente al IPC y la subida que en ese momento se haya producido en la tarificación eléctrica”.

La futura empresa adjudicataria tendrá que pagar un canon fijo de 50 millones de euros, afrontar una inversión de 15.700.000 euros mediante un Plan de Inversiones, y cuatro cánones variables que supondrán para el Consorcio del Agua en un ingreso anual de más de 1,5 millones de euros al año.

“Sin lugar a dudas estas condiciones han sido posibles por dos razones: por un lado, como consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país y, por el otro, al régimen de casi monopolio en el que actúa Inalsa”, ha apuntado San Ginés.

Otro de los aspectos más significativos y relevantes de las condiciones que deben cumplir los aspirantes a hacerse con este servicio es la obligatoriedad de subrogar los contratos de los más de 150 trabajadores que actualmente tiene Inalsa, manteniendo la antigüedad y los derechos laborales adquiridos. Sin embargo, en pro del compromiso adquirido en su momento por el Consorcio del Agua y el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote -institución que ostenta el 60 por ciento del Ente Local junto al 40 por ciento de los Ayuntamientos- por mantener el empleo de los trabajadores que de forma directa o indirecta se pudieran ver afectados por este proceso, el futuro concesionario deberá asumir, igualmente, el personal que trabaja actualmente para la empresa Aguas Filtradas, subcontrata de Inalsa y cuyo contrato fue declarado nulo de pleno derecho por el propio Consorcio.

Sobre este aspecto, San Ginés, ha especificado que se han realizado “todos los esfuerzos posibles por incluir en los Pliegos, redactados por una empresa especializada aunque con la aportación de los profesionales de Contratación, Intervención y Servicios Jurídicos del Cabildo, las demandas y las solicitudes que en diversas ocasiones se plantearon desde los Comités de Empresa de Inalsa y Aguas Filtradas, logrando finalmente asegurar, en principio, estos puestos de trabajos”.

Por todo ello, “podemos manifestar que, si el concurso no queda desierto, habremos resuelto un gravísimo problema a los siete Ayuntamientos y el Cabildo. Y lo habremos hecho garantizando un precio y calidad del servicio que hasta ahora no podíamos garantizar y, además, manteniendo el empleo, la titularidad pública del agua, y obteniendo recursos adicionales para el Consorcio sin aportar un céntimo”.

El futuro Concesionario deberá afrontar un canon inicial cuyo importe mínimo se ha fijado en 50.000.000 de euros, que será destinado “a saldar las deudas que mantiene Inalsa con sus principales acreedores y concluir así con el Proceso Concursal que afecta a la empresa pública desde mediados de 2009”.

Sin embargo, la licitación que ha iniciado el Consorcio del Agua, que seguirá siendo el titular único de todo lo concerniente al Ciclo Integral del Agua en Lanzarote, se fundamenta “en una sustancial mejora de los servicios que actualmente se prestan al ciudadano”. Y bajo esta premisa, la empresa que resulte adjudicataria deberá afrontar un Plan de Inversiones por importe mínimo de 15.700.000 euros a ejecutar en cinco años y cuyas actuaciones ya vienen definidas en los Pliegos de Condiciones “al considerarse obras urgentes y necesarias para el buen funcionamiento de la producción, abastecimiento y el saneamiento de la isla”.

En este punto cabe destacar que uno de los requisitos ineludibles es que 12 millones de euros sean ejecutados durante los dos primeros años de concesión del servicio, es decir, “prácticamente la totalidad de las obras definidas a excepción de la renovación de las redes, para lo que se da un plazo de cuatro años, y la renovación de los contadores de los abonados, que deberán ser sustituidos antes del quinto año”.

Por otro lado, la concesión del servicio que será por 25 años supondrá para el Consorcio del Agua un importante ingreso anual proveniente de tres tipo de canones que, como mínimo, significarían más de un 1.500.000 de euros cada año. Los canones variables son: como mínimo el 4 por ciento de los ingresos obtenidos por el Concesionario en concepto de tarifas durante el ejercicio; como mínimo el 15 por ciento de los ingresos tarifarios excendetarios anuales que se produzcan por encima de los que contempla el modelo económico financiero; el 50 por ciento de los ingresos obtenidos en concepto de subvenciones, bonficaciones, etcétera; y un canon extraordinario con una cuantía equivalente al cálculo del ahorro anual que supusieran las inversiones públicas que se pudieran realizar.

El Consorcio del Agua de Lanzarote mantendrá además un “exhaustivo control del servicio contratado”. Para ello se prevé la creación de una Comisión de Seguimiento que bajo un propio reglamento se encargará de fiscalizar e inspeccionar la gestión del Concesionario. Igualmente, el Ente Local se reserva el derecho de designar un director de contrato o supervisor.