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VARAPALO JUDICIAL A LA PRESIDENTA INSULAR DEL PP (Y PARLAMENTARIA), ASTRID PéREZ

Parte de los chalés de Astrid Pérez y el ex-Fiscal vuelven a estar a nombre de su legítimo propietario

laverdaddelanzarote.com  |  07 de junio de 2013 (10:29 h.)
La Bufona

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado una nueva vuelta de tuerca en el Caso "La Bufona", al dictaminar que la alteración llevada a cabo por la Dirección General del Catastro en enero de 2008, "está incursa en la nulidad más absoluta, por vulnerar el procedimiento administrativo, y permitir la inscripción y otorgar una nueva referencia catastral a 18 viviendas, en una calle distinta a la que consta en las escrituras presentadas por los particulares", Es decir, que una buena parte de los chalets de la Presidenta Insular del PP, Astrid Pérez; y del ex-Fiscal de Lanzarote, Miguel Pallarés; se asentarían sobre los terrenos de la Familia Murillo, que lleva 13 años reclamando los mismos en la Justicia.

Según la sentencia, "no es que se haya adecuado el registro catastral a la realidad; por el contrario se ha creado artificiosamente una realidad nueva, al margen del procedimiento legalmente establecido". Y es que, aparte de cambiar la titularidad, para darle más "legitimidad", cambiaron el nombre de la calle en que se asientan los 18 chalets, "de Chabusquillo a Chubasquillo" y así poder influir en el Ministerio de Economía y Hacienda.

El conocido como "Caso La Bufona" se inició en el año 2.000, cuando la Familia Murillo, propietaria de una bolsa de suelo en la zona, denunció que la Promotora "Brisa Inversiones" se había apoderado de unos 12.000 m2 de terreno "rústico de protección de jable y urbano", para construir una urbanización. Desde entonces, ha habido un constante enfrentamiento (judicial) entre los promotores, los propietarios de las viviendas afectadas y los propietarios de "parte de los terrenos". Tanto fue así que el entonces Fiscal de Lanzarote (familia del entonces Secretario del Ayuntamiento de Arrecife), Miguel Pallarés, llegó a protagonizar sonados rifirafes mediáticos y judiciales con Gonzalo Murillo (portavoz de la familia) y con algunos medios de comunicación.

- La ilegalidad de los chalets de Astrid y Pallarés

Esta sentencia se suma a la del Tribunal Supremo, que anuló todo el Plan Parcial La Bufona, dejándolo "fuera de ordenación". Asimismo, fue denunciado el ex-Secretario del consistorio capitalino (y pariente del ex-Fiscal), acusándolo de firmar "multitud de licencias de obras a nombre de Brisa Inversiones para construir viviendas no permitidas en el planeamiento". A lo que hay que sumar la Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), que ordena la demolición de parted del chalet de la Presidenta Insular del PP (y Parlamentaria regional):

"- Construcción de una piscina de 36,90 m2

- Edificación adosada a lindero de un nivel de altura de 42 m2 de superficie construida

- Ampliación de vivienda de 11,50 m de superficie construida y un nivel de altura

- Pavimentación de patio trasero de 63 m2

- Área ajardinada de 14 m

- Cerramiento perimetral del terreno de 39 m".

En cuanto a la vivienda del ex-Fiscal de Lanzarote (ahora en Gran Canaria), la Apmun ordena el derribo de:

"- Piscina de 22 metros

- Muros

- Edificación adosada de 40 m

- Ampliación de vivienda de 17 m

- Pavimentación de 140 m2 del patio trasero, que invade Suelo Rústico de Protección y Valor Natural Ecológico".