Pasados unos días, toca analizar desde la distancia y la serenidad toda la parafernalia desplegada entorno a la Festividad del Pilar, a la postre Patrona del Cuerpo de Seguridad de la Guardia Civil. Un análisis que no deja lugar al optimismo, muchas alabanzas al trabajo de los hombres y mujeres de este cuerpo, mucha historia militar, pero ni una sola frase para sus pésimas condiciones laborales: vehículos en mal estado, falta de personal, número de bajas por enfermedades psicológicas que hay en las unidades, cuántas de estas lo son por supuestos motivos de acoso laboral, al número de Guardias que se han suicidado en el último año, o de cuantos expedientes disciplinarios se han incoado a los agentes de la Guardia Civil. Estos asuntos no son interesantes para la Cúpula Militarista de la Guardia Civil. NO están interesados en que la ciudadanía conozca la verdad del Cuerpo de Seguridad de la Guardia Civil, porque podría influir negativamente en el concepto que tienen sobre la Institución más valorada del país.

AUGC tampoco ha encontrado una sola referencia en estos discursos al dispendio económico, muy al contrario, todos se han jactado de su austeridad. Pero un acto de verdad austero, en estos tiempos de recortes, es el que no se hace. Ese es el único que no le cuesta nada al erario público y además no deja los municipios sin seguridad ciudadana. Como, por ejemplo, el desfile militar realizado en la Villa de Teguise, en el que participaron más de 40 efectivos y 10 vehículos, y que fue calificado por algún político como “una página más de la historia Insular”, cuando lo histórico es que la población conejera lleva meses con una sola pareja velando por la seguridad ciudadana de los municipios de Haría, San Bartolomé, Teguise y Tinajo.

Falta de patrullas que se hace notar en Lanzarote, donde hay Unidades de la Guardia Civil que sólo tienen un 66% de sus efectivos para prestar servicio por causa de las vacantes, cursos o de las famosas comisiones de servicio a unidades fantasmas. Llegando a darse el caso de alguna Unidad en la que de los 38 Guardias encargados de prestar servicio de patrullas, el 44,7% NO ESTÁ, porque 17 de sus efectivos se encuentran comisionados en oficinas, en mantenimiento o en Unidades Fantasmas. Un mal que no solo afecta a Lanzarote, en Fuerteventura y Gran Canaria no se quedan atrás, pero en esta última, donde los Puestos Principales del Sureste no tienen ni una sola patrulla de seguridad ciudadana en ciertos horarios por los mismos motivos, vacantes, cursos, bajas por enfermedad y las dichosas comisiones de servicio.

Ocultar estos problemas a la población es un engaño, y un fraude de ley tener a agentes comisionados por tiempo superior al que la legislación permite, en muchos casos más de 4 años y con unos pluses que en la unidad de comisión no se cobran.

Para AUGC, las razones de este engaño están claras: RECAUDAR. Lo que la Guardia Civil denomina Áreas Funcionales no figuran en ningún catálogo de puestos de trabajo, ni se pude pedir destino a ellas, solo se accede a dedo, unidades como son el Grupo de Intervención Rápida o el Grupo Especial de Seguridad. Unidades Fantasma que en la provincia de Las Palmas han puesto, desde 2010  a diciembre de 2012, 26.920 denuncias, de las que 25.371 son infracciones por tenencia o consumo de droga en vía pública, cada infracción al artículo 25.1 de la Ley 1/92 tiene una sanción de un mínimo de 300 euros, lo que supondría en caso de recaudar todo lo denunciado 7.5 millones de euros.

Con esto, se está persiguiendo y sancionando al desgraciado consumidor, en lugar de investigar y detener al traficante.

Algunas autoridades políticas en Canarias acaban de poner el grito en el cielo por la utilización indiscriminada de los vehículos radar de la Guardia Civil de Tráfico, en el norte de Gran Canaria, los ciudadanos vienen sufriendo este afán recaudatorio desde hace mucho tiempo, la consigna es clara, o los Guardias de la Agrupación de Tráfico denuncian, o se les retira el complemento salarial de la DGT, que puede ser 1/6 del salario mensual. La culpa del RAI, sistema que valora la producción de los agentes en función de las multas que ponen.