El pasado día 04, el Sindicato Unificado de Policía, ampliamente mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, solicitó en las diferentes Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno de las capitales de provincia españolas,  la convocatoria de sendas concentraciones para los días 10 y 17 de diciembre, como forma de manifestar el descontento de los policías y la desaprobación dela nefasta gestión en materia de seguridad de su director general y del ministro de Interior elegidos por el Gobierno actual, que ha relegado a un total oscurantismo la verdadera situación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, con verdadera escasez de medios materiales, donde más del 50% de los policías no tienen chaleco y el armamento es insuficiente, escasez de personal, donde las FF y CC de Seguridad llevan años perdiendo número de efectivos por jubilación sin que se repongan en la misma medida, a lo que se une la continua falta de consideración en todo lo que a derechos de los policías se refiere, como es el caso de la jornada laboral, regulada por una circular sin modificar desde los años ochenta, adaptada para el siglo pasado pero no para nuestros días.

El Artículo 20 de la Constitución Española reconoce y protege el derecho de todos los españoles a la libertad de expresión, permitiendo “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción…”, pero al parecer esto no es más que teoría para nuestros gobernantes.

Desde gran parte de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, cuyos máximos responsables son todos políticos del PP, han decidido boicotear una reclamación justa que afecta a la seguridad de todos los ciudadanos.

Primero, retrasando hasta el último momento las pocas contestaciones oficiales emitidas, con el claro objetivo de mermar y limitar el poder de convocatoria.

Segundo no respondiendo a la solicitud, opción mayoritariamente elegida por ser esta uno de los pocos casos en los que la ausencia de contestación se considera silencio administrativo negativo.

Y tercero, y muestra clara de lo que han sido cuatro años de legislatura del PP, impartiendo órdenes con instrucciones claras y directas para que se identifique a todos los asistentes a las concentraciones y se les proponga, de haber cabida, para sanción por la Ley de Seguridad Ciudadana (entre 600 y 30.000 €).

Será paradójico ver cómo, siendo el SUP uno de los agentes sociales que más ha criticado la llamada Ley Mordaza, por suponer un verdadero recorte de derechos de los ciudadanos y condenarlo, por la imprecisión de su texto, a la previsible última decisión de los delegados y subdelegados del Gobierno, pretenden ahora utilizarla en plena campaña electoral contra los propios policías, para amedrentarlos y evitar que los ciudadanos conozcan la precaria situación en la que estos se encuentran, las consecuencias de esto sobre la seguridad ciudadana, y en particular, en la lucha contra el terrorismo que tanto nos quieren vender en esta campaña electoral.