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"A NADIE SE LE PERMITE HACER EN LANZAROTE LO QUE A JUAN FRANCISCO ROSA", ASEGURA TRANSPARENCIA URBANíSTICA

Transparencia Urbanística añade más delitos y encausados al Caso STRATUS, y pide 21 años de cárcel para Juan Francisco Rosa

laverdaddelanzarote.opennemas.com  |  14 de mayo de 2015 (13:07 h.)

La Acusación Popular en el Caso Stratus, representada por TRANSPARENCIA URBANÍSTICA, pide 21 años de cárcel para el empresario Juan Francisco Rosa (6 más de los que pedía la Fiscalía), ya que añade 3 nuevos delitos continuados de Tráfico de Influencias a la causa: en 2 ocasiones en concurso con delitos de prevaricación, y el otro en concurso con delitos de falsedad documental. También añade en la acusación a Juan César Muñoz Sosa, que era Director General de Urbanismo del Gobierno canario cuando se concedió el primer permiso a la Bodega. 

El Procedimiento Abreviado nº 1089/09, dimanante de las Diligencias Previas 1089/2009, al amparo del art. 790.5º Lecrim., interesa la apertura de juicio oral ante la ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS, contra las siguientes personas;
Miguel Ángel ARMAS MATALLANA, arquitecto en el momento de su participación en los hechos; Faustino GARCÍA MÁRQUEZ, Jefe del Servicio de Ordenación Urbanística de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en el momento de su participación en los hechos; Armando VILLAVICENCIO DELGADO, Técnico Jurídico de Planeamiento de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en el momento de su participación en los hechos; Juan César MUÑOZ SOSA, Director General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en el momento de participación en los hechos; Pablo Ramón CARRASCO CABRERA, Arquitecto Técnico de la Oficina Técnica del Excmo. Ayuntamiento de Yaiza en el momento de su participación en los hechos; José Francisco REYES RODRÍGUEZ,  Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Yaiza en el momento de su participación en los hechos; Vicente Jesús BARTOLOMÉ FUENTES, Secretario ;Andrés MORALES GONZÁLEZ,  Jefe del Departamento de Actividades Clasificadas del Excmo. Ayuntamiento de Yaiza en el momento de su participación en los hechos; Manuel Jesús SPÍNOLA PERDOMO,  Ingeniero Industrial, Jefe del Departamento de Actividades Clasificadas del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote en el momento de su participación en los hechos; José Juan HERNÁNDEZ DUCHEMÍN, Gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote en el momento de su participación en los hechos; Evaristo GARCÍA PÉREZ, Teniente de Alcalde, Concejal de Turismo entre otras áreas, y miembro de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Yaiza en el momento de su participación en los hechos; Juan Lorenzo TAVÍO SANTANA, Teniente de Alcalde, Concejal de Aguas entre otras áreas, y miembro de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Yaiza en el momento de su participación en los hechos; Leonardo RODRÍGUEZ GARCÍA, Primer Teniente de Alcalde, Concejal de Urbanismo entre otras áreas, y miembro de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Yaiza en el momento de su participación en los hechos; José Antonio RODRÍGUEZ MARTÍN, Alcalde Accidental y Concejal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Yaiza en el momento de su participación en los hechos; Gladys ACUÑA MACHÍN, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Yaiza y miembro de la Junta de Gobierno Local en el momento de su participación en los hechos; Blas NODA GONZÁLEZ, administrativo, funcionario del catastro del Excmo. Ayuntamiento de Yaiza en el momento de su participación en los hechos; Juan Francisco ROSA MARRERO, promotor inmobiliario y empresario dedicado a la hostelería y el turismo en el momento de su participación en los hechos; y “BTL LANZAROTE SOCIEDAD LIMITADA”,  entre cuyo objeto social se encuentran la promoción inmobiliaria.

- Juan Francisco Rosa decide a su antojo lo que quiere hacer

.Tal y como denuncia TRANSPARENCIA URBANÍSRICA en sus conclusiones, "a nadie se le permite hacer en Lanzarote lo que a Juan Francisco Rosa: la inmensa mayoría de los empresarios, y de los ciudadanos, de la isla ajustan sus pretensiones de negocio a lo que las normas autorizan o permiten; solo el señor Rosa cree posible definir a su antojo el lugar, las dimensiones y las características de sus negocios, y solo él cree posible que las normas se ajusten, como “un guante a la mano”, a sus pretensiones. Y no solo es que lo crea posible: el relato de hechos muestra con toda nitidez que, guiado por tal creencia, despliega todos sus mecanismos de poder e influencia para materializar sus pretensiones, a las que graciosamente se pliegan quienes están legalmente obligados a encauzar dichas pretensiones dentro del marco legal y reglamentario de aplicación".
Añadiendo que "la concatenación de actos administrativos tan groseros en su ilegalidad, como en su impunidad, no resiste el más mínimo contraste jurídico, resultando ofensiva para la inteligencia humana la entrega de los administradores públicos al poder de influencia del cacique, el sumo hacedor. El poder político claudicó desde el primer momento, y los llamados a garantizar la igualdad de todos ante la ley entregaron sus armas y aceptaron cambiar el principio de legalidad por la ley del más fuerte. Los hechos objeto de instrucción parecen transcurrir en plena Edad Media".

- "Los políticos y funcionarios se someten a Rosa"

Insiste la Acusación en que "Don Juan Francisco Rosa no oculta su posición política y social, todo lo contrario, hace pública exhibición y ostentación de ello. En la causa constan dos manifestaciones en las que incluye entre sus obligaciones como empresario el interceder ante los funcionarios y autoridades para agilizar sus expedientes. El señor Rosa llama al teléfono personal de funcionarios y autoridades para exigirles que le concedan las licencias solicitadas con sumisión y prontitud. Y éstos cumplen con las exigencias del señor del dinero con la diligencia debida, saltándose para ello los procedimientos reglados de concesión de licencias y el ordenamiento jurídico de forma consciente, tosca y grosera. La manifestación de entrega y pleitesía no sólo se evidencia desde 1998 hasta la apertura de la instrucción penal, el sometimiento de políticos y funcionarios se hace patente a lo largo de la instrucción, pudiendo afirmarse que existe un pulso constante a las decisiones judiciales por parte del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Yaiza hasta el punto que la normativa aprobada, y que se ha pretendido aprobar, por dichas instituciones, se ha elaborado expresamente con el único fin de legalizar el complejo turístico Stratvs, y conferirle a través del planeamiento una posición jurídica singular y privilegiada, equiparándolo indebidamente con las bodegas históricas de La Geria".