El Colectivo Saharaui y la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, en Lanzarote, cerraron los actos reivindicativos por el 43º Aniversario del “ ilegal “ Acuerdo Tripartito de Madrid ( 14 de noviembre de 1975 ), con la celebración el pasado Viernes 16 de Noviembre, a las 20 horas, en la Escuela de Pesca de Arrecife, de una Charla-coloquio con las intervenciones del abogado y profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla, Pablo Gutiérrez Vega, y el Vicepresidente de la Asociación de defensa de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental ( CODAPSO ), Hmad Hammad.
El jurista, Pablo Gutiérrez, defensor a ultranza de los Derechos Humanos y colaborador de Asociaciones de Memoria Histórica, afirmó que el gobierno español no podía, de forma unilateral, a través del Acuerdo Tripartito de Madrid, finalizar sus responsabilidades como potencia administradora, ni transferir la soberanía y la administración del territorio a otros estados ( artículo 73. Carta de la ONU ) que no poseían ningún vínculo jurídico, ni soberanía anterior sobre estos territorios. El Tratado de Viena, artículo 53, sobre derecho de los tratados, indica que cualquiera de éstos queda anulado en el momento que viole cualquier norma de derecho internacional ( Resoluciones de la ONU ). La legalidad internacional dictamina que el gobierno español continúa siendo la potencia administradora única del Sáhara Occidental. Y este lugar está inscrito en la agenda de la ONU como un territorio no autónomo, no concluyendo esta situación hasta que ejerza el derecho a elegir libremente su futuro. Por tanto, concluyó que el Acuerdo Tripartito de Madrid es nulo.
Asimismo, ratificó que la venta del territorio, no sólo constituye una violación de la legalidad internacional porque de forma unilateral negocia la entrega del territorio por una serie de contrapartidas económicas en beneficio propio, sino también un crimen de lesa humanidad cometido por las autoridades españolas al colaborar activamente en la entrega de ciudadanos que hasta ese momento eran españoles y les amparaban unos derechos reconocidos. Por último, denunció el expolio de los recursos naturales ( fosfato, pesca, agricultura,… ) que el gobierno marroquí está realizando de productos extraídos y cultivados en el Sáhara Occidental, comercializándolos y lucrándose con ellos como si fueran productos marroquíes. Aunque los Tribunales Europeos han dictaminado que la soberanía permanente sobre esos recursos naturales es de su legítimo dueño, el pueblo saharaui.
Por su parte, el activista de Derechos Humanos, Hmad Hammad, rogó que el gobierno español no siga siendo cómplice del Estado marroquí. Primeramente, no sólo al no cumplir con sus obligaciones de potencia administradora y vender el Sáhara Occidental al país vecino, en Febrero de 1976, sino continuar con la venta de cantidades importantes de armamento al gobierno marroquí, que vulnera las normativas internacionales que impedían vender armas a países que tenían conflictos bélicos. Y, en segundo lugar, actualmente, no denunciando la violación de los Derechos Humanos que, sistemáticamente, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, perpetra impunemente el Estado aluíta, según informes de ONG internacionales y locales, como CODAPSO.