Desde esta madrugada, Lanzarote y La Graciosa se encuentran en el nivel máximo de alerta sanitaria, el nivel 4, debido al aumento de casos positivos por coronavirus y al alto número de pacientes hospitalizados.
Ante esta delicada situación, la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, ha anunciado que “cerca de cuarenta efectivos de la UME, militares del Ejército de Tierra y agentes de la Policía Autonómica ya se encuentran trabajando en Lanzarote para reforzar así el dispositivo de seguridad y vigilancia establecido. Estos profesionales trabajarán de forma coordinada con el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote hasta mediados del próximo mes de febrero”, avanza Corujo.
La presidenta insular insiste en que “seguiremos luchando, con todos los medios a nuestro alcance, para hacer frente a esta pandemia y, entre todos, y con responsabilidad, lograremos doblegar la curva de contagios”.
De este modo, y durante todos los fines de semana, el refuerzo del operativo de inspección, vigilancia y desinfección de los espacios públicos consistirá en la incorporación de 15 efectivos más de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que trabajarán en la desinfección de hospitales, el centro penitenciario y la zona del auto Covid; 14 militares del Ejército de Tierra, cuyas labores serán la desinfección de todos los centros de salud con nebulización interior y 6 efectivos de la Policía Autonómica, que llevan a cabo las labores de inspección en las zonas más concurridas como son Arrecife, Playa Honda y Tías.
Sanciones en las primeras horas del dispositivo
Durante la noche de ayer viernes y la madrugada de este sábado, el operativo policial integrado por diversas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha efectuado cerca de 200 sanciones en Lanzarote por incumplimiento de las medidas establecidas para la prevención de la COVID-19.
La gran mayoría de estas sanciones se han realizado en diversos barrios de Arrecife, como San Francisco Javier, Argana Alta, la zona del Charco y La Marina, haciendo incidencia en zonas susceptibles de reuniones por botellones y bares.
Las infracciones denunciadas son, fundamentalmente, actas contra la salud pública de personas y establecimientos que incumplen la normativa sanitaria.
