La Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote que dirige Maite Corujo (PP) comunica a vecinos residentes en la zona de Argana la imposibilidad de tramitar las correspondientes ayudas económicas de Emergencia Social debido a la falta de informes previos por parte del Ayuntamiento de Arrecife.
En el artículo 26. 1. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en su redacción actual, establece que:”...Los municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes:(...)información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social...”
Del mismo modo, en los Artículos 5 y 13 de la Ley 9/87, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, se recoge que corresponde a los Ayuntamientos la competencia exclusiva para “gestionar los servicios sociales comunitarios” y “el estudio y detección de las necesidades de su ámbito territorial”.
Teniendo en cuenta las competencias municipales exclusivas es evidente que la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote no puede entrar a emitir los informes pertinentes de cara a la tramitación de las ayudas de emergencia social a disposición de la ciudadanía.
Tal y como ha recalcado en varias ocasiones la consejera, “no debemos olvidar que estamos hablando de dinero público que debe ser convenientemente gestionado de acuerdo a la normativa vigente” y, por tanto, “para que el Cabildo pueda tramitar dichas ayudas sociales requiere expresamente que los ciudadanos aporten el informe de valoración elaborado por los técnicos municipales”.
La responsable del Área, Maite Corujo, señala que "desde el pasado mes de noviembre los técnicos del Cabildo han estado escuchando y atendiendo a los usuarios si bien es imposible que se les pueda ofrecer ayudas económicas de emergencia social porque con anterioridad deben ser valorados por el trabajador o trabajadora social del Ayuntamiento”. “Sin ese decreto municipal, aceptando o denegando la ayuda, -aclara la consejera- desde el Cabildo tenemos las manos atadas aunque dispongamos de los recursos necesarios”.
Y es que son los Servicios Sociales de Base de cada Ayuntamiento quienes primero han de valorar y tramitar, si procede, esta ayuda pues así están reguladas tanto en las Bases del Cabildo como en las Ordenanzas de ayudas municipales para la atención de necesidades sociales. En el caso concreto de Arrecife, según la Ordenanza de 10 de diciembre de 2008.
“Lo que ocurre en estos momentos es muy lamentable y muy grave porque los vecinos y vecinas de Argana están viendo vulnerados sus derechos a ser valorados lo que les impide acceder a cualquier tipo de prestación por parte de la institución insular”, añade la consejera.
“Es incomprensible que el Ayuntamiento no esté contestando las reclamaciones que interponen los usuarios y que aquellas que se responden se hagan con una carta en la que se les indica que por problemas sobrevenidos se dirijan a Bienestar Social para que el Cabildo les tramite las ayudas cuando saben de sobra que eso es imposible precisamente porque ellos no están haciendo el trabajo que les corresponde”.
“Por parte del ayuntamiento se está engañando a los vecinos al crearles falsas expectativas”, asegura la consejera quien reconoce que esta circunstancia ya fue comunicada oficialmente a la alcaldesa de Arrecife sin que hasta el momento se haya recibido ninguna respuesta. “La única respuesta que hemos obtenido es la llegada de más usuarios con el mismo escrito firmado por la concejal de Servicios Sociales”, explica Corujo, quien reitera al Ayuntamiento de Arrecife la necesidad de solucionar el problema cuanto antes y para poder normalizar el funcionamiento del servicio a todas las personas afectadas.