La Sección 6ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto (1003-14) derivado de uno de los procedimientos interpuestos por el Cabildo de Lanzarote contra los sondeos de REPSOL en Canarias, actualmente vigentes. En el escrito judicial, el TSJM confirma que el Cabildo de Lanzarote es una Administración legitimada para interponer el Recurso Contencioso-Administrativo contra la Resolución del Ministerio de Industria de 11 de agosto de 2014, por la que el Gobierno de España autorizaba a REPSOL a perforar tres pozos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

En el marco del procedimiento jurídico que sigue el TSJM contra los permisos de perforación denunciados por el Cabildo de Lanzarote, están personadas la multinacional REPSOL y el Gobierno de España a través de la Abogacía del Estado, que han formulado alegaciones a la demanda del Cabildo. En el caso del pliego presentado por el Ministerio de Justicia, el Abogado del Estado traslada al Tribunal una alegación única en la que expresa que “a la vista de la documentación aportada por el Cabildo en relación a la adopción del acuerdo previo para la interposición del presente recurso, nada tiene que alegar”. Esta alegación representa un punto de inflexión significativo con respecto a las reiteradas intervenciones del Estado Español en este conflicto, puesto que en todas las ocasiones anteriores se había opuesto a las reclamas de las administraciones canarias en general y del Cabildo lanzaroteño en particular.

Sin embargo, las alegaciones presentadas por REPSOL han sido claramente rechazadas por el Tribunal al no aceptar ni la reclama de la petrolera de inadmitir el Recurso del Cabildo, ni la imposición de costas a la Corporación lanzaroteña, expresamente demandada por la petrolera en sus alegaciones. El TSJM no solo desestima las pretensiones de REPSOL en su intento de invalidar la figura del Cabildo como parte legítima en esta denuncia contra los sondeos, sino que impone además a la petrolera el pago de las costas sin posibilidad de recurrir el auto de desestimación.

El Cabildo de Lanzarote es la única administración canaria que permanece activa en los procesos jurídicos y administrativos contra los sondeos de Repsol, al mantener el Gobierno de España aún vigentes los permisos de exploración. La negativa del Ministerio de Industria de suspender los permisos, a pesar del anunciado abandono de la zona por la propia petrolera y a pesar de los fehacientes incumplimientos cometidos por la multinacional en sus obligaciones y condicionados de la Resolución del propio Ministerio, no puede sino interpretarse como un erróneo empecinamiento de los dirigentes políticos de Industria para imponer los frustrados sondeos a la sociedad canaria y, en este asunto, la acción del Cabildo de Lanzarote ha sido, es y será permanente y firme hasta que las autorizaciones de perforación hayan sido totalmente suspendidas y la amenaza desaparezca.

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, expresa su satisfacción por el Auto del TSJM afirmando que “Lanzarote ha mantenido una lucha ininterrumpida contra las prospecciones desde hace 16 años, desde que se aprobaran los primeros sondeos que fueron paralizados por el Tribunal Supremo en 2004 tras la acción jurídica del Cabildo. El auto del TSJM de esta semana, legitimando a la Corporación para proseguir con su reclama de suspender los permisos aún vigentes, es sin duda una buena noticia. Seguiremos trabajando en todos los frentes hasta que, como ha sucedido en Baleares y Andalucía, los permisos de perforación se anulen para siempre”.

Paralelamente, en el marco de otro procedimiento administrativo promovido por el Cabildo en noviembre de 2014 en la Comisión Europea, las autoridades comunitarias han trasladado a la Corporación lanzaroteña su constancia, “por información de las autoridades españolas”, de que “el proyecto ha sido abandonado por el promotor” (Repsol), hecho que implica -de forma automática- la nulidad de los permisos por el Gobierno de España según establece la vigente Ley de Hidrocarburos. Sin embargo, transcurrido un año del abandono precipitado de la zona por REPSOL, el Ministerio de Industria se niega a aceptar este precepto legal reclamado masivamente por la sociedad y las instituciones canarias.