Escrito presentado a las 09,55 horas de hoy:

 

"A/A FISCALÍA DE ARRECIFE-LANZAROTE:

VECINOS UNIDOS CANARIOS, con CIF G35749829, Inscrito por la Dirección General de  Interior en el Registro de Partidos Políticos, en el Tomo V folio 59 del Libro de Inscripciones; y la Confederación Social y Autónoma Canaria COVEINCA; ante las numerosas irregularidades detectadas durante el Proceso de Privatización de la empresa “pública” INALSA, presentamos los siguientes HECHOS:

• Antecedentes Históricos:

En el año 1974 se creó el Consorcio del Agua, como único modo de abastecer del líquido elemento a todos y cada uno de los rincones de la isla de Lanzarote. El 60% del control de dicho organismo lo ostentaba el Cabildo de Lanzarote, y el 40% restante los Ayuntamientos.

Muy pronto el Consorcio se mostró AUTOSUFICIENTE: producía agua y energía eléctrica con una turbina de 5 megawatios y otra de 2,5; vendía agua y se rentabilizaba; le vendía energía eléctrica a la propia UNELCO; tanto era así, que en 1988 registró un superávit de 1.000 millones de pesetas… Ese mismo año fue cuando un grupo de gestores políticos decidió la creación de INALSA.

Hasta que en 1991, el entonces Gerente del Consorcio del Agua (según fuentes de la CGT) detuvo el funcionamiento “de la rentable y beneficiosa Planta Dual”: según alegó en ese momento, la máquina se había averiado, y la reparación costaría “unos 40 millones de pesetas”… A una empresa con 1.000 millones de superávit. A partir de ese momento, comenzó “una dependencia absoluta” a la compañía UNELCO-ENDESA, a la que había que pagar por la energía eléctrica para desalar el agua. No sólo eso, sino que 2 años después, los mismos políticos responsables de tan desastrosa decisión, permitieron que la citada compañía energética obtuviera “el 40% del entonces recién creado Parque Eólico”. ¿Con qué motivos?

• La deuda de INALSA:

1. Fomento de Construcciones y Contratas; a esta empresa se le adeudan 12 millones de euros, por la “construcción” de la Planta Desaladora EDAM Janubio. Pero lo curioso es que esta “planta” no existe: tan sólo se construyó una nave, con un coste de 700.000 euros de obra civil (tal y como denunció la Confederación General de Trabajadores). Sin embargo, ningún gestor del Cabildo se atrevió a denunciar este hecho en el Juzgado, dando tiempo a que prescribiera el plazo de demanda, y dando pie a que FCC reclame “esa deuda”… ¿Quiénes eran los gestores, que viendo que habían sido estafados, no acudieron al Juzgado a denunciarlo?
2. Aguas Filtradas (Seafa); a esta empresa se le adeudan 8 millones de euros en concepto de “saneamiento”. Lo curioso de esta deuda, según el informe de la CGT en INALSA, es que en todas las facturas que recibimos los usuarios del servicio, aparece ese concepto y por lo tanto nos lo cobran. Entonces, ¿por qué ese dinero no acaba en las arcas de Aguas Filtradas? ¿Qué gestor o gestores han estado “desviando” ese dinero ya cobrado?
3. Unelco-Endesa; se le adeudan unos 12 millones de euros (por los gastos de una energía que antes producía y vendía INALSA). Peor aún, la CGT asegura que se deben otros 6 millones de euros porque ¡no se presentaron a tiempo! Los avales correspondientes para contratación de energía eléctrica (tras la liberación del sector energético desde 2006). ¿Qué gestor decidió que era mejor pagar por una energía que hasta entonces se vendía, y con qué fines?
4. Unión Fenosa; a esta compañía se le deben 12 millones de euros, pero no INALSA sino el Consorcio del Agua. Es una deuda del actual grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, que nada tiene que ver con la nefasta (y denunciada, como luego veremos) gestión de los anteriores administradores de INALSA (antes de que los jueces concursales se hicieran cargo de la compañía).
5. Cuentas públicas inexistentes en 19 años; según certificó la Mesa Social del Agua, “INALSA no presentó sus Cuentas Públicas  en el Registro desde 1988 hasta 2007”; y tampoco ha informado públicamente sobre las Auditorías que los “gestores denunciados” realizaron sobre sus “ingresos e inversiones”. Y que había 3 subcontratas que cobraban 5 millones de euros anuales por mantenimiento, pese a que INALSA no facturaba el 54% de lo que producía (16% de pérdidas en depósitos y redes, 16% de fraudes y 8% en contadores en mal estado).

 

• Intervenciones judiciales:

1. La Confederación General del Trabajo ya denunció en 2001 un primer intento de privatizar la planta de Janubio (en el sur de la isla). Los partidos que gestionaban INALSA (PSOE y PIL) permitirían que una empresa privada construyese una planta de 10.000 m2 (planta que pagaba el Estado), y la explotase por 15 años. Siempre según dicho sindicato, “INALSA pagaría la planta con la compra de la totalidad de la producción, así como la energía eléctrica y el personal”. La presión ciudadana abortó el intento.
2. El Caso “Unión” destapó el segundo intento: según el Sumario, el Plan de Viabilidad presentado por el PIL y el PSOE en abril de 2008, “era el comienzo de la privatización de INALSA”. Se hablaba entonces de una inversión de 48 millones de euros… En las grabaciones efectuadas por la UCO de la Guardia Civil, en febrero de 2009, se recoge que “Dimas Martín quería privatizar el 30% de INALSA”, y que “le va a dar a Endesa la gestión de INALSA, y le va a vincular los beneficios del Parque Eólico”. En dicha conversación “pinchada”, le confirma a un tal Rafael, una reunión en el Hotel Fénix de Madrid, para suscribir un crédito y reflotar la empresa; matizando que “a lo mejor antes de suscribir el crédito ya se ha llegado a un acuerdo de privatización”.
3. En junio de 2009 (justo después del estallido de la Operación “Unión”), se celebró el Concurso de Acreedores. Y debido al estado de las cuentas de INALSA, los Jueces Concursales decidieron acudir al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas. ¿Resultado? El 8 de julio de 2011, el Magistrado Jesús Alemany Equidazu, en el Auto 149/2011, ordenó el EMBARGO PREVENTIVO DE BIENES POR VALOR DE 1.914.730 EUROS, a 16 de los ex-Consejeros de INALSA: Inés Rojas, Mario Pérez, Rafael Martín, Aquilino Romero, Francisco Manuel Fajardo, José Juan Cruz y José Torres Stinga (el primer consejo de la empresa pública); a los que se suman Juan Félix Eugenio Rodríguez, Carlos Espino, Enrique Pérez Parrilla, Manuela Armas, Plácida Guerra, Jesús Iván Rodríguez, José Dimas Martín, Feliciano Ramón Díaz y Liberato Antonio Barambio (el segundo consejo).

Según el citado Magistrado, “el concurso (quiebra) presenta indicios como para ser calificado de culpable en la fase final del proceso”. La cuantía económica a embargar se suma a “la agravación de la insolvencia durante el ejercicio de 2008, calculada como la diferencia entre el desbalance al cierre del ejercicio 2008 y el desbalance al cierre del ejercicio de 2007 menos las pérdidas correspondientes a la provisión por la condena del laudo arbitral de junio de 2006”.

4. VECINOS UNIDOS y COVEINCA, aquí firmantes, el 11 de enero de 2013 ya advirtieron al Presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (Escrito 000682/2013), que “los casi 2 millones de euros en propiedades de esos gestores son un Aval más que suficiente (Derecho de Crédito) para contentar a las empresas acreedoras, mientras se liquida INALSA y el Consorcio renegocia el pago de la deuda”. Incluso le advertimos al citado político que “las instituciones son inembargables” ante la excusa esgrimida de que “se embargarían los bienes del Cabildo y de los Ayuntamientos”.

 

• La Mesa del Agua:

El BOP publicó en noviembre de 2012, la convocatoria de “procedimiento abierto de la concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización en la isla de Lanzarote”: o sea, la Privatización de INALSA (el tercer intento). Fue entonces cuando la Mesa Social del Agua (de la que formamos parte VECINOS UNIDOS y COVEINCA) comenzó a denunciar en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas las VULNERACIONES de dicho Procedimiento:

1. Vulnera el artículo 43 del Plan Hidrológico Insular de Lanzarote vigente que dice: “Se tenderá a una gestión a nivel insular de la desalación de agua para abastecimiento urbano, industrial, por lo que, salvo excepcionalmente, no se autorizará la instalación de nuevas plantas desaladoras por la iniciativa privada, cuyo destino sea alguno de los usos antes citados”.
2. Vulnera el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) en: su artículo 3.4.3.1 (Unificación de la Gestión Integral del Agua), “la gestión integral del recurso agua, excepto en sus fases puramente municipales, se unificará progresivamente en manos del Consorcio del Agua de Lanzarote”; y su Artículo 3.4.3.1, apartado 2 letra A, “el Consorcio del Agua, por delegación del Cabildo, asumirá de forma progresiva y programada las competencias de planificación y gestión de todas las instalaciones de abastecimiento de agua”.
3. Vulnera la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 12/1990, de 26 de julio, de Aguas que establece en su artículo 5 que “dicha Comunidad declara como servicio público, entre otras actividades, la producción industrial de agua mediante técnicas de desalación”.
4. Vulnera la Resolución del Parlamento de Canarias del 13 de julio de 2000 (Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 115/2 del 7 de agosto).

 

• Incompatibilidades en el Procedimiento:

El 11 de enero de 2013, tras quedar desierto el concurso público para adjudicar la gestión del Ciclo Integral del Agua en Lanzarote y La Graciosa, se reunió en Sesión Ordinaria la Asamblea del Consorcio del Agua. Allí estuvieron presentes los 7 Alcaldes de la isla y el Presidente del Cabildo, que decidieron “negociar la futura adjudicación mediante un procedimiento con publicidad”.

Nosotros, VECINOS UNIDOS y COVEINCA, en vista de las numerosas irregularidades observadas, instamos al Secretario Acumulado del Consorcio, Francisco Perdomo de Quintana, que declarase la citada Asamblea, NULA DE PLENO DERECHO “por cuanto ninguno de los asistentes estaba legitimado para tomar tal decisión”. Motivos:

1. En primer lugar, los Alcaldes de cada municipio, sabiendo que se iba a tratar sobre un tema tan sangrante como iba a ser la PRIVATIZACIÓN  de un bien público como es el AGUA, tenían la obligación de INFORMAR EN PLENO a los Ayuntamientos que representan. Que la decisión fuera de las corporaciones, y no de ellos a nivel particular, como así ha sido.
2.  Uno de los Alcaldes en concreto, el de Haría (José Torres), era el menos indicado en dar su “opinión”, ya que es uno de los “gestores” de INALSA a los que el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas ha decretado “el embargo preventivo de sus bienes”. Su voto en la Asamblea del Consorcio del Agua debía ser nulo; máxime cuando (como apuntamos en el apartado anterior) ni siquiera contó con el apoyo del Pleno de Haría.
3. Como quiera que la mayor parte de los Alcaldes son del mismo color político que los gestores del Cabildo (CC y PSOE), y con sus votos (no respaldados por sus respectivas corporaciones) podrían perjudicar los intereses de sus ayuntamientos “en beneficio de sus compañeros de partido político”; debían haber salvado ese “conflicto de intereses” mediante la celebración de un Pleno que les facultase con CARÁCTER ESPECIAL.
4. Le correspondía al Secretario del Consorcio, en el momento de celebrarse la Asamblea Ordinaria, “verificar y dar Fe si los comparecientes a dicha Junta (Alcaldes y Presidente del Cabildo) ESTÁN LEGITIMADOS PARA CONCURRIR A DICHA JUNTA y a la toma de decisiones”. Y no lo hizo.

 

Pese a ello, se continuó con el proceso de Privatización de INALSA, como único modo de salvar los bienes embargados de los 16 ex-consejeros de la citada empresa “pública”.

• Informes contradictorios de los Interventores:

Tras adjudicarse la concesión de INALSA a la empresa Canal de Isabel II, y determinarse que el Consorcio pagaría “35,5 millones de euros a los acreedores”, a cuenta de las cantidades que la adjudicataria debe pagar “en los próximos 4 años”; la entonces Interventora del Consorcio del Agua, Rosalinda Bonilla, realizó un Informe demoledor:  “No cabe la fórmula del préstamo (art 49 y siguientes del TRLRHL); no cabe la cesión/transmisión de derechos futuros sin compensación; no siendo el momento procesal oportuno para realizar una aportación para financiar pérdidas acumuladas, ya que en su momento no se tomaron las medidas oportunas. Se informa a Disconformidad, para ello formulando Reparo de Legalidad fundado en el artículo 2142 a) y c) del TRLRHL”. Este Informe “inesperado” obligaría a DIMITIR a la citada funcionaria, en días posteriores.

Por su parte, el Interventor del Ayuntamiento de Tías, el 11 de julio de 2013 respalda a su “compañera”, recordando que “CC, PSOE y PIL tienen a muchos de sus dirigentes con un embargo preventivo”, y desmintiendo que “ayuntamientos y Consorcio tengan que pagar la deuda”. Dejando bien claro que “no se puede inyectar dinero a una empresa que está en disolución” sobre todo porque INALSA ya “le debe 17 millones de euros al Consorcio”.

Por  su parte, el Cabildo ha presentado un Informe del experto en Administraciones Públicas, Pedro Lasso Purriña, “desmintiendo los anteriores informes”. Todo ello con la intención, creemos, de salvar del embargo de sus bienes (impuesto por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas), a los 16 ex-consejeros (o gestores) de INALSA en la época de su ruina (PIL-CC-PSOE).

 

Por todo lo anteriormente reseñado, SOLICITAMOS  a esta Fiscalía que lleve a cabo las investigaciones oportunas. Teniéndose en cuenta que hablamos de un bien tan esencial para una isla como Lanzarote, como es EL AGUA".