“La gran estafa social, política y económica del PP, se consolida con la contra-reforma fiscal: desposesión de las rentas y derechos de la mayoría social, a golpe de BOE y, entrega de los mismos a los ricos y poderosos”
La situación de emergencia social que vive el estado español: 13 millones de personas en riesgo de pobreza, 6 millones de personas desempleadas donde 4 millones no perciben ninguna prestación social, y la impunidad total de las grandes corporaciones empresariales y los poderosos, ante un sistema fiscal y político corrompidos desde su esencia, con la nueva contra-reforma fiscal del Partido Popular (PP) tiene serias perspectivas de agravarse sustancialmente.
El PP, desde que llegó al poder (noviembre 2011) prometiendo la bajada de impuestos, ha seguido “fielmente” las políticas del Banco Mundial, el FMI, el BCE y la Comisión Europea: privatización y recorte de servicios públicos y prestaciones sociales; desregulación indiscriminada de los mercados laborales; rebajar los impuestos y las cotizaciones empresariales, y reducción de la progresividad de los impuestos sobre la renta, incrementado paralelamente los impuestos indirectos como el IVA.
En esta contra-reforma fiscal anunciada para el 2015/2016, la progresividad es la "gran perjudicada" al simplificar de siete a cinco los tramos actuales del IRPF. Pero ¿quiénes son los beneficiarios y ganadores de la misma? Según el sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA), no más de 73.000 contribuyentes. Por el contrario, los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas que ganan menos de 11.200 euros anuales no se verán afectados por la rebaja fiscal propuesta por Moncloa, ya que actualmente no tributan.
La bajada de la tributación de rentas del capital, es un reparto de los beneficios y de la riqueza social, a la inversa: los ricos, cada vez más ricos. “Afecta negativamente a la progresividad porque quien obtenga más de un millón de euros en dividendos pagará proporcionalmente igual que un trabajador o autónomo que gane 50.000 euros”.
En cuanto a la rebaja del Impuesto de Sociedades, sólo beneficiará a las grandes empresas y a las grandes corporaciones, sobre todo las del Ibex 35, que en la actualidad su tributación real se sitúa en una media del 3,5%, ocasionando una pérdida recaudatoria de 26.000 millones.
Las políticas de “robo y expoliación” de rentas salariales, de rentas de pensiones, de desmantelamiento de todo lo público y especialmente de los derechos esenciales: educación, sanidad, cuidados, dependencia, cultura, energía, comunicaciones, transporte, etc., están condenando a la mayoría de la sociedad a una vida precaria, al reino de la ilegalidad (trabajar en la economía sumergida) y a un modelo social para la mayoría de la población sin protección social, sin pensiones, sin prestaciones por enfermedad, sin prestaciones por desempleo.
Una sociedad sin servicios públicos o de muy mala calidad, escasos y sin protección universal de los mismos, donde la educación infantil, la atención a la dependencia y los cuidados, sean inexistentes y, “quien los quiera que los compre”. Se entrega a la población al “mercado” y de ahí a la pobreza social, material y afectiva.
CGT seguirá insistiendo: las soluciones solo pueden venir de la movilización social. Hay que pararles las patas cada día, en cada despido, en cada persona que es desahuciada de su vivienda, en cada robo que nos hacen con cada euro que pagan de la “deuda ilegitima de los banqueros y grandes corporaciones empresariales”, en cada cama de hospital que cierran, en cada línea aeroportuaria que “regalan a sus amigos ricos”, en cada profesor/a que impiden enseñar en la pública, en cada persona que muere abandonada y en soledad porque “los dineros públicos de los cuidados” se los entregan a los
banqueros…
CGT llama a preparar una Gran HUELGA GENERAL Laboral, Social y de consumo entre todos y todas, que sea determinante para cambiar esta situación en favor de la mayoría social.