Los palankines han vuelto a Playa Blanca. Ya no tengo ninguna duda. Y ahora se han perfeccionado más. Ahora han comprado nuevas voluntades. Ahora quieren camuflar unas contundentes sentencias judiciales bajo el manto del tan cacareado (y para "algunos" deseado) Plan General de Yaiza.
¿Qué importan "unas" sentencias judiciales adversas? ¿Qué importa que los "líderes" de los palankines estén en prisión? ¿Qué importa que los hoteles están en el punto de mira? ¿Qué importa que la propia Comunidad Europea haya reclamado los dineros que les entregaron para otros fines?... El tiempo (por muy corto que sea) todo lo borra. Y si hay un "padrino" en el Gobierno Canario, que a la vez haga de carabina, mejor que mejor para que todo aquello que anuló la Justicia sea ahora "aprobado" bajo el disfraz de un Plan General.
Y no hablo por hablar:
1) En el año 1989 se tramitó el Plan Parcial Playa Blanca, con el fin de "urbanizar y edificar una superficie superior al millón de metros cuadrados de su suelo" para su destino a usos turísticos (95% del total). Ese mismo año, el ayuntamiento de Yaiza aprobó provisionalmente la propuesta de los promotores, elevándola a la entonces CUMAC. Sin embargo, la citada Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente suspendió su aprobación, alegando que "iba en contra del Plan Insular".
A partir de ese momento se inició un largo rosario de recursos y contra-recursos, hasta que el ex-alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, entre 2004 y 2007 concedió 948 licencias para construir viviendas en la zona (de las 1850 que tenía previsto desarrollar).
El asunto culminó (dicen) en abril de 2009, cuando la Seccción 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, declaró "nulos de pleno derecho todos los actos municipales recurridos (urbanización, publicación de ordenanzas, constitución de junta de compensación y licencias de obras)" por lo que el Plan Parcial Playa Blanca quedaba "sin cobertura jurídica alguna". Más aún, a lo largo de los 21 folios de esta sentencia, quedaba bien claro que el citado Plan Parcial estaba "extinguido por previsión del legislador y por ello los acuerdos de ejecución de sus determinaciones eran nulos por carecer de cobertura legal alguna". El 27 de julio de 2010, el Tribunal Superior de Justicia confirmó que todas las licencias del Plan Parcial Playa Blanca eran nulas, abriendo la puerta a la demolición de las 450 viviendas "realmente construidas".
Y ahora, de repente, el llamado Plan General Supletorio de Yaiza (dicen que lo elaboró el Gobierno Autónomo), vuelve a incorporar el ILEGAL Plan Parcial de Playa Blanca: pide que se clasifique "como urbanizable" sus 1,1 millones de metros cuadrados; que se construya un hotel de 25.000 metros cuadrados en una parcela de casi 41.000 metros; y que se incorporen las 450 viviendas ILEGALES construidas (y otras 354 cuya obra no se acabó), reclamando además que "se estimen un total de 1474 viviendas para la zona". Entonces, ¿de qué han servido todas las sentencias judiciales?
2) Un escándalo sonado fue la imputación en el Caso "Unión" del arquitecto Carlos Morales, conocido internacionalmente por su matrimonio con Alexia de Grecia. Se le acusa de un delito Contra la Ordenación del Territorio, por haber levantado en primera linea justo encima del paseo marítimo, una vivienda de 4.300 m2 de superficie, donde pretendía fijar su residencia. Hablamos del Plan Parcial Puerto Calero, y la licencia se la dio el ex-alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, señalando al respecto la UCO de la Guardia Civil que es "manifiestamente ilegal y por lo tanto nula de pleno derecho", ya que la construcción no debió ser autorizada "según el planeamiento urbanístico en vigor".
De repente ahora en el nuevo Plan General (no aprobado, recordemos), se quieren recalificar los 86.276 m2 existentes entre el Plan Parcial Puerto Calero y Cortijo. Pretenden que esa parcela pase de ser "suelo rústico de protección territorial (impide la construcción)" para convertirse en "suelo urbanizable residencial", con el nombre de Puerto Calero 2. Y ¡casualmente!, Carlos Morales y esposa, el pasado 12 de julio presentaron en el Ayuntamiento de Yaiza una propuesta de convenio urbanístico para desarrollar esa franja de suelo que se pretende recalificar. Tengan en cuenta que el matrimonio tiene 10.000 m2 en la zona...
Para ser más claros, los promotores (los de siempre, aunque cambien su disfraz) quieren construir viviendas unifamiliares y agrupadas sobre 57.511 m2, y el resto para el ayuntamiento... Repito, ¿de qué valen las sentencias judiciales? ¿Y las resoluciones urbanísticas?
3) Hay una gran bolsa de suelo de más de 540.000 m2 en el Plan Parcial Costa Papagayo, que es considerado como "suelo rústico de protección territorial". De repente, viendo el gran negocio que se avecina, el promotor (y varias veces imputado) Juan Francisco Rosa, quiere cambiar la calificación urbanística por "suelo rústico de infraestructuras urbanísticas". ¿Por qué? Quiere construir un campo de golf, solicitando que el mismo sea incluido en el Plan Insular y en el Plan Territorial Turístico. Añadiendo "una casa club" de 4.000 m2 de superficie... ¿De qué vales las calificaciones urbanísticas?
4) El Plan Parcial Costa Roja, de 440.295 m2, que dio inicio al Caso "Unión", empezó con una licencia del ex-alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (otra vez) para construir 1012 viviendas, 220 locales comerciales y 2559 plazas de aparcamiento. Pero el Plan fue paralizado por la Justicia en septiembre de 2007, abriéndose 2 causas penales: a resultas de las mismas fueron detenidos: su promotor, Luis Lleó (por cohecho urbanístico), el empresario Fernando Becerra (por lo mismo), el ex-alcalde, el secretario del ayuntamiento y el jefe de la oficina técnica de Yaiza, todos ellos por prevaricación.
Y ahora aparece el "nuevo" Plan General reclamando que en la zona se construya un Parque Urbano de 17956 m2 y otro de equipamiento deportivo de 40644 m2. Es decir, que las decisiones de la Justicia no valen de nada...
5) Pero hay un hecho mucho más vergonzoso: en la actualidad hay una veintena de establecimientos hoteleros en Playa Blanca, declarados ILEGALES por la Justicia. Sin embargo, el nuevo Plan General propone que esos complejos "adquieran mayor edificabilidad en sus parcelas" (hasta un 50%), ya que la mayor parte de ellos fueron penados por sobrepasar la edificabilidad permitida en el anterior planeamiento; y a cambio, deberán pagarle al Ayuntamienton"el 15% del aprovechamiento urbanístico derivado del incremento de edificabilidad aplicable a la parcela". Es decir, que al Ayuntamiento de Yaiza le importan un bledo las sentencias judiciales. Sólo importa el dinero...
Ahora todo se reduce a echar balones fuera: PIL y PNL (los socios gobernantes en Yaiza), señalan que ellos no hicieron el Plan General, sino que el autor fue el Gobierno Canario, y más concretamente la Consejería de Política Territorial, cuyo responsable es Domingo Berriel. El propio secretario general del PNL, Pedro de Armas, dijo en rueda de prensa que "ha sido el Gobierno de Canarias, a través de su sistema supletorio, el que ha sacado adelante el Plan General de Yaiza para darle solución a muchos problemas...". Y no salgo de mi estupor.
Primero, porque gobiernan Yaiza (y defienden este Plan) las mismas fuerzas políticas que están siendo investigadas por el macro "Casdo Unión" y por la "Trama de las licencias ilegales: el ex-alcalde de Yaiza, José Francsco Reyes, estuvo dos meses y medio en prisión (pagó una fianza de 120.000 euros), sigue imputado, y era fundador y vicepresidente del PNL; Dimas Martín, fundador del PIL, sigue en prisión, y entre sus muchas causas pendientes están varios terrenos en el municipio de Yaiza, y su "relación" con el promotor (también imputado varias veces) Juan Francisco Rosa... ¡Sí! El que quiere construir el campo de golf en un terreno donde no se puede construir...
Segundo, porque el secretario general del PNL, Pedro de Armas (el concejal viajero), sigue investigado por el Juzgado nº 5 de Arrecife (y por la Fiscalía de Medio Ambiente) por un presunto delito contra la ordenación del territorio, "al construir en suelo no urbanizable". Nos referimos a 10 chalets en Playa Blanca, con licencia del ex-alcalde de Yaiza (otra vez) José Francisco Reyes. Habrá que ver si el nuevo Plan "legaliza" esas construciones.
Y tercero, porque el actual Consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, ha sido uno de los grandes defensores públicos de la "legalización" de los Hoteles cuyas licencias fueron anuladas por la Justicia. El mismo político al que el grupo Alternativa Sí, acusó de haber recibido "una subvención de 51.000 euros del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, para una finca particular".
Vuelvo a la misma pregunta, ¿de qué sirven las sentencias judiciales? Corrijo, ¿de qué sirven las sentencias judiciales para los pudientes con padrinos? Si el delito lo hubiera cometido cualquier pobre hijo de vecino, ya hace tiempo que la construcción estaría derribada, y los bienes embargados para pagar la reposición del terreno... Por eso, como decía mi abuela, "los palankines siempre seguirán gobernando".
AURELIANO MONTERO GONZÁLEZ