20:41 h. miércoles, 18 de mayo de 2022

Mario Pérez y el chanchullo de las televisiones locales

| 10 de febrero de 2013

El Tribunal Supremo acaba de sentenciar y corroborar algo que los pocos defensores de la Prensa Libre y no Corrompida, ya sabíamos: el Concurso de Adjudicación de las Licencias de la TDT para las televisiones locales fue "ILEGAL" por parte del mal llamado Gobierno canario. Lo que significa que se cometió una tremenda injusticia para con las 2 emisoras televisivas a las que se obligó a cerrar sus puertas (y a despedir a su numeroso personal empleado).

El Tribunal Supremo acaba de sentenciar y corroborar algo que los pocos defensores de la Prensa Libre y no Corrompida, ya sabíamos: el Concurso de Adjudicación de las Licencias de la TDT para las televisiones locales fue "ILEGAL" por parte del mal llamado Gobierno canario. Lo que significa que se cometió una tremenda injusticia para con las 2 emisoras televisivas a las que se obligó a cerrar sus puertas (y a despedir a su numeroso personal empleado). 

Fue allá por el año 2007,  dos antes del "apagón analógico", cuando el Ejecutivo autonómico formó una Mesa de Contratación destinada a adjudicar 5 Licencias de televisión digital terrestre (TDT) a otras tantas emisoras televisivas locales. Y no debía ser tan complicado, puesto que en ese entonces había cinco televisiones insulares emitiendo... Pero de repente aparecieron otras 2 nuevas "pretendientas", con un fuerte poder económico, que complicaron aún más la adjudicación.

Fue entonces cuando en una decisión sin precedentes, Paulino Rivero optó por contratar a una empresa externa, Doxa Consulting, para que elaborara un Informe sobre los proyectos presentados hasta ese momento. Lo peor fue que los responsables (o irresponsables) del Gobierno canario, no se molestaron en leer dicho Informe, sino que lo convirtieron en Propuesta y lo aprobaron sin más. Tal y como dictó el TSJC primero, y el Tribunal Supremo después, todo ello se hizo "sin justificación alguna de la necesidad de acudir a asesoramientos externos".

 En octubre de 2007, la presunta Mesa de Contratación adjudicó las 5 licencias de forma cuanto menos sospechosa (a tenor de lo que han dictado los Tribunales), dejando fuera del concurso a las 2 emisoras más capacitadas: Archipiélago Televisión, con 24 empleados, una importante cartera de publicidad y lo más importante, un 80% de producción propia; y Televolcán (la decana, con 15 años de antigüedad), controlada por el Grupo Spínola y con numerosos empleados. Pese a las reclamaciones, el Viceconsejero de Relaciones con el Parlamento y Participación Ciudadana, Mario Pérez, aseguró a bombo y platillo en "sus" medios que "SE HA SEGUIDO EL PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO".

En cuanto a las adjudicatarias, no se ha cumplido casi nada de lo estipulado por la presunta mesa de contratación: Editorial Prensa Canaria (editora de La Provincia), tras 7 años, no ha montado su televisión ni ha utilizado su licencia (INCUMPLIENDO EL CONCURSO); Canal L tampoco tiene local ni ha hecho uso de la licencia (INCUMPLIENDO EL CONCURSO); y Lanzarote Televisión (de los Acosta) no tiene local de producción propia ni programación, sino que la frecuencia la explota la extranjera Enjoy (INCUMPLIENDO LAS BASES DEL CONCURSO). Tan sólo Nueve TV y Lancelot TV han empleado sus licencias... Pese a ello, Mario Pérez seguía diciendo que "SE HA SEGUIDO EL PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO".

- Amenaza de sanción por 1 millón de euros

Tan sólo Pablo Tours, que gestionaba Archipiélago Televisión, acudió a los Tribunales denunciando "tamaña injusticia". Y de hecho, mantuvo abierta su emisora hasta que en junio de 2009, un Requerimiento del Gobierno canario (firmado por el mismo Mario Pérez) les advertía que "si volvían a emitir al día siguiente, podrían sancionarles con 1 millón de euros...". A éste Director le tocó el "honor" de presentar el último programa en directo de tan valiente (y libre) emisora televisiva... Y así fue hasta que en 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictaminó que "el concurso fue ILEGAL". Pero poco le importó a Paulino Rivero, que recurrió dicha sentencia. Y Mario Pérez declaró que, aún respetando la setencia, "SE HA SEGUIDO EL PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO".

¡Han pasado 7 años! Hasta que el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del TSJC, destacando que el Gobierno canario "CARECE DE LA PRESUNCIÓN DE OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD". ¿Qué significa todo ésto? Que el ejecutivo de Paulino Rivero DEBERÁ INDEMNIZAR A ARCHIPIÉLAGO TELEVISIÓN por todo el tiempo perdido, y por el personal despedido y los beneficios dejados de obtener. Aparte de que el Supremo ordena que se repita el Concurso, lo que abre las puertas a que las 2 emisoras que están emitiendo en la actualidad, RECLAMEN OTRA INDEMNIZACIÓN "por el anteriormente VICIADO concurso".

Hay un último dato que no debemos perder de vista: el Concurso de Adjudicación de las Licencias para las Radios, se hizo de la misma forma y con el mismo procedimiento. Por lo cual, ya debemos presuponer que también es Nulo de Pleno Derecho. De hecho, el Grupo Socialista en el Parlamento Canario obligó a Paulino Rivero a paralizar su ejecución... Y eso que su artífice, Martín Marrero, emulando a su compañero de partido Mario Pérez, tampoco se ha cansado de repetir: "SE HA CUMPLIDO EL PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO...". Ja, ja, ja...

 

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