¿Es plausible que el poder ejecutivo pueda desmantelar el Estado, mediante la venta y/o la entrega de la gestión a manos privadas de los bienes y/o servicios públicos?
Comienza a ser muy alarmante, que un grupo de gobierno, del color que sea, se permita el error de desmantelar al Estado, mediante privatizaciones y/o encomiendas de gestión de empresas y servicios públicos en general, y en particular los denominados de interés social.
Va siendo hora de poner coto a tanto desatino, pues como dice el sabio refranero “el que vende come una vez”, o aquel otro adagio de “pan de hoy, hambre del mañana”. Exactamente, esto es lo que está sucediendo con la implementación de las nefastas y erradas políticas económicas neoliberalitas, que comenzaron con la tristemente celebre dama de hierro, y un presidente actor de segunda; gente, sin capacidad ni conciencia impusieron sus pretensiones no importarles el daño y el empobrecimiento que causaron con tales políticas; no obstante, hay que decir que son muchos más los seguidores miopes con espejuelos o sin ellos, a los que agrada tales desmanes, hasta el punto de ensalzar o loar tamaños desafueros.
No se puede continuar permitiendo, que los gobiernos de turno, tengan el poder de decidir la venta o gestión de bienes o servicios públicos que son propiedad del conjunto de los ciudadanos del Estado.
Ahora convendría extractar y destacar los siguientes artículos de la Carta Magna española:
Artículo 1.
1.España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2.La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Artículo 9.
1.Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2.Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Artículo 10
1.La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2.Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
Artículo 31.1 Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
Artículo 35.
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…
Artículo 39. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo.
Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo…”
Artículo 43.
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.
Artículo 44. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho
Artículo 45.
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Artículo 48. Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Artículo 53.2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª. del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Artículo 128.
1.Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
2.Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
Artículo 132 “La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.”
A continuación; podemos, en el caso de España, hacer un repaso de los bienes públicos que se han ido malvendiendo y/o entregándose a empresas privadas para que los gestionen, cosa que han hecho con escasa fortuna, pues lo que se ha conseguido es el inmediato encarecimiento de los servicios, y una mal o pésimo sostenimiento de los mismos; a fin de cuentas, lo que le interesa al empresariado es maximizar sus beneficios sin más consideraciones, es indiferente que se cree o se destruya empleo. Al final, de la concesión, no sabe si va a continuar o se lo entregan a otra empresa.
En el caso español, el absurdo y seguidista modelo de privatizaciones comenzaría bajo la presidencia del socialista don Felipe González Márquez, continuando bajo la presidencia del popular don José María Aznar.
Algunos casos de privatización son muy notables, mereciendo especial mención:
- Argentaria, una corporación bancaria que daba excelentes beneficios al Estado
- Telefónica, una empresa modelo en el sector de las comunicaciones
- Iberia, una empresa ejemplar, que daba trabajo a miles de ciudadanos, con sustanciosos beneficios.
- El servicio de abastecimiento de agua
- El suministro de luz (desde que se privatizo, el recibo se ha encarecido de manera importante. De hecho, siendo público el servicio se pagaba el recibo cada dos meses, ahora cada mes y con igual, cuando no mayor cuantía en el recibo)
- El transporte marítimo (Transmediterránea)
- Lotería del Estado. Hoy en manos de la banca Rothschild (1)
- Sanidad pública
- Etc.
En cuanto a entes locales, podemos destacar el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, recientemente hemos podido leer que el coste del recibo mensual de la luz del campo de golf La Minilla, le va a costar a las arcas municipales la friolera de seis mil euros al mes, al haber quebrado la empresa concesionaria (2).
Fácilmente podemos observar, como se privatizan las ganancias, pero en cuanto existen pérdidas, éstas se socializan.
Debemos destacar, que no sólo no terminan de aprender de los errores cometidos, sino que continúan con absurdas y contraproducentes privatizaciones de servicios y empresas públicas altamente rentables para las arcas públicas; actualmente, se está pensando en privatizar parte de la gestión de AENA, sin importar la opinión pública.
En fin, de conformidad a lo expresado podemos afirmar con rotundidad, que al Estado español, de manera errónea y fatal ha venido siendo paulatinamente desmantelado; de tal manera, que quedará reducido a un ente meramente testimonial vacuo, sin función o poder significativo alguno. No debe de extrañarnos que se termine por privatizar la defensa.
Hay que decir, reitero, que los gobiernos no deberían de poder vender ningún servicio o empresa de carácter público, máxime rentando beneficios al erario público, pues los gobiernos, son meros gestores, temporales, de los bienes del Estado por mandato del pueblo soberano al cual se deben en su totalidad. De no ser así, el Estado dejará de existir como tal.
(2) http://www.laprovincia.es/las-palmas/2013/06/12/luz-campo-golf-minilla-le/537506.html
Para una visión más amplia del tema, recomendamos el visionado del documental titulado CATASTROIKA, realizado en el año 2012 (3)