Ejemplos hay muchos: ayer leíamos como la ex-Alcaldesa de Arrecife (PIL-CC), María Isabel Déniz, durante su gestión llegó a gastarse hasta 400.000 euros en efectivo (de desconocida procedencia) en adquirir 2 viviendas, 1 finca, 2 barcos, 8 viviendas, aparte de los numerosos viajes y "caprichitos" (Rolex, Loewe, etc) que le "regalaron" determinados empresarios que "casualmente" tenían relaciones económicas y laborales con el consistorio; el ex-Alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (CC-PNL), tampoco puede demostrar de dónde sacó los más de 700.000 euros en efectivo que empleó para comprarse un yate, una vivienda en Barcelona, otra en Tenerife, otra en Lanzarote, montar diversas empresas familiares, y un sinfin de "caprichos" lujosos; de la misma forma, el ex-Alcalde de San Bartolomé (PIL-CC), Miguel Martín continúa imputado (una vez más) por presuntos Delitos de Malversación de Caudales en el marco de la Operación Montecarlo, conjuntamente con el Tesorero y el ex-Interventor de la citada corporación; y poco hay que añadir sobre el ex-Alcalde de Haría, Juan Ramírez (PSOE-CC-ACON), que acaba de salir de prisión, y le llueven las imputaciones...
Ese es el "pan duro" de cada día. Y desgraciadamente ya estamos acostumbrados a las "hazañas" de unos personajes que parecen salidos de una obra de John Grisham... Lo grave es que los Alcaldes actuales se hayan tomado como "algo habitual y sin consecuencias" lo de saltarse a la torera lo que dictan las Leyes. Las mismas Leyes que juraron defender y acatar.
El último ejemplo lo encontramos en el intento de Privatización por parte del Cabildo, de la mal llamada "empresa pública" INALSA. Todos sabemos que el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas, dictó el "EMBARGO PREVENTIVO DE LOS BIENES Y DERECHOS" de 18 de los anteriores gestores de la compañía. Se da la circunstancia de que la mayoría de esos 18 personajes son políticos todavía en activo: Inés Rojas (PIL-CC), Mario Pérez (CC), Rafael Martín, Aquilino Romero (PIL-CC), Francisco Manuel Fajardo (PSOE), José Juan Cruz (PSOE), José Torres Stinga (PSOE-CC), Juan Félix Eugenio (PSOE), Carlos Espino (PSOE), Enrique Pérez Parrilla (PSOE), Manuea Armas (PNC-CC-PSOE), Plácida Guerra (PIL), Jesús Iván Rodríguez (PIL), José Dimas Martín (PIL), Feliciano Ramón Díaz y Liberato Antonio Barambio (PIL-CCN). A todos ellos en conjunto, se les pide un montante de 3 MILLONES DE EUROS (en bienes) por una "gestión" que le ha costado a INALSA una deuda cercana a los 42 millones de euros (los otros 12 millones que se adeudan a Unión Fenosa, son responsabilidad del Consorcio del Agua, y de su Presidente Pedro San Ginés).
Unas vez que han visto las orejas al lobo, los diferentes Alcaldes de la isla han juntado sus fuerzas para defender los bienes de sus compañeros de partido, y acudieron a la Asamblea del Consorcio del Agua para "apoyar" al Presidente del Cabildo en su intención de PRIVATIZAR INALSA: por Yaiza, Gladys Acuña (PIL); por San Bartolomé, (PSOE); por Teguise, Osvaldo Betancort (CC); por Tinajo Suso Machín (CC); y por Arrecife Manolo Fajardo (CC). En el caso de Tías, José Francisco Hernández (PP) tuvo que aceptar la Disciplina de Partido, y se abstuvo parcialmente (aunque al principio alegó estar en contra de la privatización). Mientras que en Haría, su primer edil era el más interesado en evitar el embargo de sus bienes.
Como dije al principio, las Leyes están para saltárselas, y los Alcaldes no iban a ser menos:
a) En primer lugar, los Alcaldes de cada municipio, sabiendo que se iba a tratar sobre un tema tan sangrante como va a ser la PRIVATIZACIÓN de un bien público como es el AGUA, tenían la obligación de INFORMAR EN PLENO a los Ayuntamientos que representan. Que la decisión fuera de las corporaciones, y no de ellos a nivel particular, como así ha sido.
b) Uno de los Alcaldes en concreto, el de Haría (José Torres), era el menos indicado en dar su “opinión”, ya que es uno de los “gestores” de INALSA a los que el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas ha decretado “el embargo preventivo de sus bienes”. Su voto en la Asamblea del Consorcio del Agua debía ser NULO; máxime cuando (como apuntamos en el apartado anterior) ni siquiera contó con el apoyo del Pleno de Haría.
c) Como quiera que la mayor parte de los Alcaldes son del mismo color político que los gestores del Cabildo "embargados"(CC, PSOE y PIL), y con sus votos (no respaldados por sus respectivas corporaciones) podrían perjudicar los intereses de sus ayuntamientos “en beneficio de sus compañeros de partido político”; debían haber salvado ese “conflicto de intereses” mediante la celebración de un Pleno que les facultase con CARÁCTER ESPECIAL.
d) Le correspondía al Secretario del Consorcio, Pancho Perdomo, en el momento de celebrarse la Asamblea Ordinaria, “verificar y dar Fe si los comparecientes a dicha Junta (Alcaldes y Presidente del Cabildo) ESTÁN LEGITIMADOS PARA CONCURRIR A DICHA JUNTA y a la toma de decisiones.
En definitiva, que ser Alcalde sigue siendo un lujo para todos los ciudadanos que debemos seguir cumpliendo las Leyes...
AURELIANO MONTERO GONZÁLEZ