El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Las Palmas, ha impuesto una sanción de 75.000 euros al Servicio Canario de Salud, por la muerte de un bebé ocurrida en el Hospital de Lanzarote. Según reza en la sentencia, "el anestesiólogo de guardia no estaba presente físicamente en el quirófano y tampoco en situación de disponibilidad inmediata, ya que tardó 15 minutos en preparar la asistencia desde el inicio de la bradicardia fetal".

El ex-Alcalde de San Bartolomé, Miguel Martín (CC), se ha declarado "insolvente" poco después de haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a pagarles todo lo que debía a sus empleados en Bodegas Mozaga. La noticia, adelantada en primicia por Lanzarote Confidencial, se suma a la sentencia contra el todavía Presidente del Consejo Regulador del Vino, Javier Betancort.

En sentencia firma, el Tribunal Supremo ha condenado a Zakarias M.D., agente de la Guardia Civil destinado en el puesto de Yaiza, a 4 años y medio de prisión por el Delito de Falsedad Documental. Asimismo ha sido inhabilitado por un periodo de 2 años para empleo o cargo público, y multado con 4.320 euros. Según el Alto Tribunal, queda demostrado que el condenado llegó a cometer "falsedad" en dos multas de tráfico, al falsificar la firma de su compañero de cuerpo; y sobre todo porque la persona a la que multó "no se encontraba en la isla".

El ex-Alcalde de Haría, Juan Ramírez Montero, ha sido condenado a 2 años y 6 meses de cárcel por un Delito de Estafa Inmobiliaria ocurrido en 2005. También se le imponen 2 años y medio de Inhabilitación Especial para derecho de sufragio pasivo. Se da la circunstancia de que Ramírez salió recientemente y de forma provisional del Centro Penitenciario de Tahiche, donde cumplía condena de 3 años y 6 meses de cárcel por un Delito de Falsedad en Documento Público. También tiene pendiente otra condena de 2 años también por Estafa.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al ex-alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández (CC), a una pena de 25 meses y 15 días "de inhabilitación especial para el cargo de Alcalde o Concejal", por un Delito Continuado contra la Ordenación del Territorio, en su modalidad de Prevaricación Urbanística. El político también deberá pagar una multa de 1.500 euros, aunque aún conserva su acta de Parlamentario Autonómico.