El precio final de adjudicación asciende a 5,5 millones de euros, medio millón menos respecto al presupuesto inicial de licitación, cantidad que el Consorcio destinará a la realización de cursos de formación sobre parques eólicos.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 2 años y 3 meses de cárcel al multiimputado empresario Juan Francisco Rosa, por presunta falsedad continuada de documento público, al "fingir" un contrato laboral al fundador del PIL, Dimas Martín. Con esta petición se abre la pieza 12 del Caso "Unión".

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote (ACULANZA) y la Mesa Negociadora por la vivienda de Garavilla, Rocar y Ojeda, han presentado un Escrito en el Consorcio del Agua, solicitando acceder al "contrato firmado, principal y anexos entre este Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote y la empresa Canal Gestión Lanzarote".

Según denuncia Alternativa Ciudadana 25 de mayo, el Ayuntamiento de Arrecife pretende prolongar el contrato con la empresa LUDE, contraviniendo todos los informes del Gobierno Canario.

Alternativa Ciudadana ha decidido recurrir, y por tabto ANULAR la adjudicación de la gestión de la empresa pùblica INALSA,  a la también empresa pública (de momento) Canal de Isabel II. El motivo de tal decisión son los numerosos incumplimientos y vulneraciones que se han detectado, en relación con el pliego de condiciones inicial.

Alternativa Ciudadana 25m. planteara en el próximo pleno que tenga lugar en el consistorio de Arrecife, que se acuerde rescindir el contrato que la empresa LUDESPORT, gestora de las instalaciones públicas municipales, Palacio Municipal de Deportes de Arrecife (pabellón de Argana) y Parque Deportivo Municipal Puerto de Arrecife (piscina municipal): no se legaliza las instalaciones y no se paga el canon.

El Juzgado nº 5 de Arrecife ha confirmado que el ex-Viceconsejero de Justicia del Gobierno Canario, Rodríguez Batllori, llegó a cobrar 16.941,18 euros del Ayuntamiento capitalino, y otros 26.089,40 euros de la llamada empresa pública INALSA, sin que mediara "contrato alguno que justificara dichos pagos", ni se diese información de "cuáles eran las mecesidades que venía a cubrir o por qué la corporación (Arrecife) precisaba de un Letrado". Por todo ello, la Juez doña María Jesús Hernández Elvira ha dado "10 días de plazo" al Ministerio Fiscal, para que solicite "la apertura de un juicio oral", por MALVERSACIÓN, FRAUDE y PREVARICACIÓN.