FOTOS: CLEOFÉ BARRETO

Pese a la presión social, y a la "aparición" de un Acta Notarial firmada entre la empresa Juan Antonio Rivera SL (compradora de las casas) y la Diócesis de Canarias (vendedora, con los inquilinos dentro), la Comisión Judicial ha procedido al desalojo del vecino Luis Manuel Torres Guillén. Los efectivos de la Policía Nacional "se han empleado con dureza", según denunciaba el ex-Presidente de la Asociación de Vecinos de Argana Alta, Andrés Medina.

El ciudadano arrecifeño Cristín Pedro Pérez Martín, de 62 años, ha sido desalojado "a golpes y empujones" por "hasta 11 policías nacionales", de la vivienda que construyó y en la que ha habitado en los últimos 17 años, en la zona conocida como Poblado de la Trasera de la DISA. El desahuciado, que se encuentra "desamparado" por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife, lleva 3 noches durmiendo entre 3 bidones, "con una manta como techo".

 

Los miembros de la Guardia Civil han abandonado el que había sido su Puesto en los últimos 6 años, en la zona turística de Playa Blanca, después de que el verdadero propietario del local, el empresario Juan Francisco Rosa, les hubiese solicitado la devolución del mismo. Al respecto, fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han mostrado su "sorpresa" ya que todos creían que el inmueble había sido "cedido por el Ayuntamiento de Yaiza". En el aire quedan todavía "el acuerdo entre la Benemérita y Rosa (imputado en el caso 'Unión')", y el destino de la "desalojada" dotación del instituto armado.