El llamado (por algunos) "caso Sosa" amenaza con hacer estallar la frágil estabilidad del todavía grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote. Por un lado, la actual presidenta de la institución, Loli Corujo, ha asegurado públicamente "la legalidad de los cobros" percibidos por el consejero Juan Manuel Sosa, exhibiendo un documento de Función Pública en tal sentido. Por otro lado, Coalición Canaria muestra un Certificado del Secretario General del Pleno, en el que confirma que Sosa es "consejero no adscrito", con "la pérdida de beneficios económicos".

De esta forma, los nacionalistas y populares pretenden recuperar la mayoría del Cabildo Insular con una propuesta que los insularistas someterán a sus órganos este mismo jueves.